Vox cree "tiranía" de la UE aplicar de forma provisional el acuerdo con Mercosur: "Caerá desde ya sobre productores"

Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía, subrayó que tanto Argentina como Uruguay ya han completado el proceso de ratificación del acuerdo Mercosur en sus respectivos parlamentos, mientras que ese trámite permanece pendiente en España y en el Parlamento Europeo. A partir de esta situación, Gavira cuestionó la decisión de Bruselas de activar provisionalmente el acuerdo sin la ratificación previa del órgano legislativo comunitario, medida que, según su perspectiva, tendrá un impacto inmediato en la agricultura española. Según informó el partido en una nota recogida por diversos medios, Gavira señaló que la Comisión Europea optó por avanzar unilateralmente con la aplicación provisional del tratado, a la espera de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la conformidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

De acuerdo con lo publicado por los principales medios, Vox considera que la implementación anticipada del pacto con Mercosur –integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay–, sin el respaldo definitivo del Parlamento Europeo, supone un grave precedente político y pone en cuestión tanto la legitimidad democrática del proceso como la defensa de los intereses agrarios españoles. Gavira sostuvo que “ni salvaguardas, ni garantías, ni nada. El acuerdo caerá desde ya de forma implacable sobre nuestros productores y miles de familias españolas sufrirán las consecuencias de una clase política traidora”, atribuyendo la autoría de estas palabras al portavoz andaluz de la formación.

Tal como consignó la nota de Vox distribuida en medios, Gavira acusó también al Partido Popular Europeo, encabezado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de ignorar tanto las protestas del sector agrícola como los procedimientos democráticos y judiciales europeos. En el comunicado, Gavira señaló que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista comparten responsabilidad directa en la decisión de la Comisión Europea, a la que calificó como una “grave irresponsabilidad política”.

El portavoz trasladó su inquietud sobre las posibles consecuencias directas de este acuerdo provisional en múltiples sectores económicos. Según detalló Vox, la entrada en vigor afectaría a la agricultura, la pesca y la ganadería, influyendo en la situación de miles de familias rurales españolas. El partido argumenta que el debate en torno al pacto de Mercosur no se limita exclusivamente al sector agrícola, sino que también abarca cuestiones vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria, además de poner en riesgo, a su juicio, la supervivencia de las comunidades rurales del país.

En contraste con la postura de Vox, el Partido Popular Europeo considera que la formalización del acuerdo representa un acontecimiento destacado dentro del proceso de integración y cooperación internacional. Sin embargo, Gavira contrapuso esa visión manifestando que “el PP andaluz ha asegurado que lucharían por eliminar los acuerdos que dieran en contra de nuestro campo vinieran de donde vinieran”. Vox enfatizó que rechaza que la Comisión Europea haya desoído las observaciones tanto del Parlamento Europeo como del TJUE en este proceso.

Según informó la nota, Gavira anticipó que, en caso de que Vox acceda al gobierno en España, someterán la ratificación del acuerdo a consulta de la ciudadanía española, conforme a lo establecido en la normativa nacional. El partido plantea que la decisión final sobre el pacto con Mercosur debería recaer directamente en el electorado, con el objetivo de garantizar que cualquier paso en la política comercial internacional respete la voluntad popular y la legislación vigente en el país.

Diversos sectores del campo español han manifestado públicamente sus reservas frente al acuerdo, cuestionando el potencial perjuicio sobre la competitividad de los productos nacionales respecto a los importados desde los países sudamericanos que formarían parte de Mercosur. Vox reiteró que la aplicación transitoria del tratado carece de aval democrático suficiente y sostiene que el procedimiento escogido por la Comisión Europea evidencia una falta de consideración hacia las instituciones europeas y hacia los intereses de los trabajadores agrícolas de España. Esta posición ha generado un intenso debate político sobre el futuro de la política comercial y agraria europea, especialmente en regiones del país con fuerte peso del sector primario.