Las defensas en el 'caso ataúdes' piden la nulidad porque la policía "hurtó" la investigación al propio juzgado

El uso de registros bancarios y la investigación prospectiva sobre las cuentas de los acusados por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) forman parte de los puntos que las defensas señalaron como irregulares durante la primera sesión del conocido como ‘caso ataúdes’. Según informó Europa Press, los abogados alegan que estas actuaciones, desplegadas entre 2001 y 2018, implicaron inspecciones sin delimitación temporal ni justificación clara, lo que afectaría el derecho a la intimidad y daría pie a un proceso que califican de inválido desde el inicio.

El proceso, que arrancó este lunes en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, involucra a veintitrés acusados entre responsables y empleados del grupo funerario El Salvador, así como a dos sociedades mercantiles (Funeraria Castellana SA y Parque El Salvador SL), estas últimas en calidad de posibles responsables civiles. De acuerdo con Europa Press, la decena de abogados que representa a los procesados centró su intervención en solicitar la nulidad del procedimiento y el sobreseimiento de la causa, argumentando una presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de la Policía Nacional durante la investigación previa.

Durante la fase de cuestiones previas, las defensas insistieron en que la policía “hurtó” la investigación al propio juzgado instructor y a la Fiscalía. Entre 1995 y 2015, según la acusación, los procesados habrían participado en una trama para cambiar los ataúdes de los fallecidos antes de la cremación, sustituyendo los adquiridos por sus familias por otros de menor calidad o incluso por palés. Según consignó Europa Press, los letrados defendieron que la causa nace viciada, debido a que la policía ocultó documentación clave al Juzgado de Instrucción número 6, que originariamente solo investigaba un caso de extorsión y no los hechos ahora enjuiciados.

El origen de la investigación principal remonta a 2017 cuando el gerente de Parque El Salvador, Ignacio Morchón Vaquero, denunció por extorsión a un ex trabajador, Justo Martín Garrido, quien fue condenado posteriormente por conformidad. Los abogados alegan que durante esta investigación, la policía accedió al domicilio de Martín Garrido, recogió material como memorias USB, cuadernos y fotografías, y no lo puso a disposición del juzgado ni de la parte acusadora particular, tal como relató Europa Press. El abogado de Morchón Vaquero sostuvo ante el tribunal que la policía sabía de antemano qué pruebas podía hallar en el registro y criticó que se mantuviera oculta la documentación obtenida, hecho que considera incompatible con los derechos procesales del propio denunciante, quien no fue consciente de que se le investigaba dentro de otra causa paralela.

Europa Press recogió declaraciones del representante legal de Morchón Vaquero, quien subrayó la vulneración del derecho a no autoincriminarse y al secreto de la causa, a lo que añadió presuntas nulidades respecto al secreto bancario por parte de la policía. Al enumerar los motivos de impugnación, también citó la denominada teoría del fruto del árbol envenenado y reclamó al tribunal el sobreseimiento y archivo del caso, lo que conduciría a la absolución de los acusados.

Según lo publicado por Europa Press, la defensa también solicitó la nulidad de las intervenciones telefónicas autorizadas en el procedimiento, argumentando que se ordenaron bajo supuestos no justificados y alcanzaron a un espectro de investigados demasiado amplio. Así mismo, planteó la prescripción de algunos delitos asociados a uno de los imputados y cuestionó que el testimonio clave de Justo Martín Garrido, ya fallecido y señalado como uno de los principales conocedores de los hechos, pueda mantenerse en la causa sin posibilidad de contradicción, por lo que solicitó la exclusión tanto de su declaración como de la documentación incautada en su domicilio.

Por otro lado, Europa Press detalló que las acusaciones, tanto la pública como las particulares, intentaron que alrededor de seis mil presuntas víctimas o perjudicados comparecieran como testigos para rebatir la versión ofrecida por los acusados, especialmente en lo referente a la forma en que se invitaba a los familiares a abandonar la sala antes de la cremación. El presidente del tribunal calificó como “inviable” dicho requerimiento, aduciendo que causarían el “colapso” del proceso judicial y del propio funcionamiento de la Audiencia de Valladolid, y consideró suficiente la citación de tres testigos por cada uno de los años investigados.

En lugar de admitir la comparecencia masiva, la Audiencia aceptó que seis personas que ya declararon durante la instrucción puedan participar como testigos para certificar la imposibilidad de que los familiares presenciasen el momento de la cremación de los finados, informó Europa Press. El tribunal también aceptó, a pedido de las defensas, dispensar a la mayoría de los acusados de acudir de forma continua a todas las sesiones, atendiendo a razones de salud y por la dificultad de garantizar el servicio funerario que prestan, aunque deberán presentarse en fechas clave, como el inicio de las testificales previsto para el 9 de marzo y para sus posibles declaraciones finales.

Europa Press indicó que esta dispensa generó la protesta del fiscal y de las acusaciones particulares, quienes criticaron que, de aceptarse por condiciones laborales, casi ningún juicio contaría con acusados en sala, aunque el tribunal mantuvo la medida exceptuando los días señalados como esenciales.

Además, la vista permitió a las acusaciones particulares incorporar a familiares de tres testigos ya fallecidos, quienes representarán a los mismos en virtud del principio de sucesión procesal. Según reportó Europa Press, el juicio tiene previsto extenderse hasta junio y, de confirmarse los delitos imputados, los acusados se enfrentan a posibles condenas globales que suman hasta doscientos años de prisión, distribuidos entre 20 años para los principales inculpados y sentencias menores para otros dos procesados, así como multas que podrían alcanzar los 12 millones de euros.

Las defensas solicitaron que se declare nulo el proceso en su conjunto, alegando ilegalidades en la instrucción, apropiación indebida de pruebas, vulneración del derecho de contradicción y de intimidad, además de acusar actuaciones extrajudiciales por parte de la policía, mientras el juicio se asienta sobre presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, apropiación indebida continuada, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil, informó Europa Press. Todas estas impugnaciones buscan que el tribunal archive la causa y exima a los acusados de responsabilidad penal.