
El coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, expresó la demanda de que la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se detenga hasta que el Tribunal correspondiente emita un pronunciamiento, solicitando a los eurodiputados que reconsideren su postura sobre el tratado. Según consignó el sindicato agrario mediante una nota de prensa difundida este viernes, la organización remarcó que el pacto “repercute de pleno en la línea de flotación de miles de explotaciones españolas y asturianas”, las cuales forman parte esencial del suministro alimentario nacional.
De acuerdo con la información publicada por el sindicato y consignada por varios medios, los representantes de URA señalaron que el acuerdo alcanzado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, con los países del bloque Mercosur, supone una “traición” y un “dar la espalda” al sector primario en Europa. La entidad considera que este pacto puede tener efectos negativos en la economía agrícola y ganadera de la región, especialmente para aquellas explotaciones que consideran fundamentales para la seguridad alimentaria del país.
Según publicó URA, la preocupación principal reside en los efectos directos que el acuerdo tendría sobre las operaciones agrícolas familiares y pequeñas empresas dedicadas a la producción en España y, en particular, en Asturias. El sindicato estima que la competencia de productos importados provenientes de países del Mercosur podría afectar la viabilidad económica de miles de explotaciones, dada la diferencia en las normativas de producción y los costes laborales, sanitarios y medioambientales entre ambas regiones.
El comunicado de URA detalla además la petición dirigida a todos los eurodiputados, con especial énfasis en los representantes asturianos. Fernández instó a que estos reconsideren “la orientación de su postura respecto al acuerdo” y actúen “dentro y fuera de los partidos” para impedir la entrada en vigor del tratado mientras no exista una resolución judicial. El sindicato sostiene que los europarlamentarios tienen la capacidad de influir en el análisis y posible paralización del acuerdo, subrayando la importancia de fijar una posición común que proteja los intereses del sector primario español.
URA advirtió que avanzar con el pacto con Mercosur, sin que hayan sido valoradas todas sus implicaciones por parte de las instancias judiciales y políticas, podría poner en entredicho el modelo productivo europeo y español. Según reportó la organización, la protección de la soberanía alimentaria nacional se vería debilitada si las explotaciones locales se ven presionadas por importaciones con otras exigencias regulatorias. El sindicato argumenta que las explotaciones agrarias españolas han sostenido hasta ahora el abastecimiento de alimentos, por lo que cualquier alteración en las condiciones de competencia pondría en peligro esa estabilidad.
El sindicato agrario reiteró que su exigencia principal consiste en retrasar la aplicación del acuerdo comercial hasta que el Tribunal emita una decisión al respecto. Además de este requerimiento, URA destacó el papel de las explotaciones familiares en la consolidación de la economía rural y la sostenibilidad de los territorios. Sostienen que la continuidad de estas explotaciones afecta tanto la economía como el empleo en numerosas localidades españolas y, en el caso de Asturias, en áreas donde la agricultura y la ganadería representan fuentes laborales esenciales.
La nota de prensa puntualizó que, para la organización, la Comisión Europea y su presidenta han optado por favorecer intereses ajenos al modelo rural europeo. A juicio de URA, la “traición” denunciada consiste en introducir riesgos para la producción propia al abrir puertas sin suficiente control a la entrada de productos foráneos, cuya producción se ajusta a estándares diferentes en materia de trazabilidad y requisitos fitosanitarios.
En el mensaje dirigido a los eurodiputados, URA los anima a utilizar todos los recursos disponibles para tratar de revertir la situación. Solicitan que los representantes del Parlamento Europeo defiendan, no solo en foros oficiales, sino también en el ámbito interno de sus respectivos partidos, la necesidad de salvaguardar a los productores españoles frente a los efectos del acuerdo. El sindicato apela a la responsabilidad institucional y política, recordando el papel que el sector primario ha cumplido durante crisis anteriores, manteniendo el suministro alimentario pese a condiciones adversas.
Tal como reportó URA, consideran imprescindible que se escuchen tanto las demandas del sector afectado como los análisis independientes sobre el impacto de importaciones con menores requisitos en costes y controles. El sindicato argumentó que la liberalización comercial podría incrementar las dificultades para los productores españoles, quienes ya enfrentan retos derivados de los precios internacionales y la presión de grandes distribuidores.
La Unión Rural Asturiana mantiene la vigilancia sobre las próximas decisiones del Tribunal y la evolución de las negociaciones en el Parlamento Europeo. Según manifestaron en su comunicado, seguirán trasladando sus demandas a diferentes foros políticos y sociales, procurando frenar la entrada en vigor del acuerdo hasta contar con garantías jurídicas y políticas de protección para las explotaciones españolas y su contribución a la seguridad alimentaria del país.
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