FADSP considera que la ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad no garantiza un blindaje suficiente

El uso de los informes estatales sobre experiencias de gestión sanitaria desde 1997 constituye, para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), una herramienta clave para planificar una reversión de los modelos privatizadores y recuperar la gestión pública directa en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sobre esta base, la FADSP ha presentado nuevas alegaciones al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS por considerar que no establece garantías suficientes para proteger el modelo sanitario público frente al avance de la gestión privada ni ofrece mecanismos precisos para deshacer las fórmulas privatizadoras ya existentes.

Según publicó la FADSP, el anteproyecto incorpora avances al derogar la Ley 15/1997, priorizar la gestión directa, asignar un carácter excepcional a la gestión indirecta y reforzar los indicadores de transparencia y evaluación. No obstante, la federación estima que el blindaje frente a la privatización continúa siendo insuficiente y requiere mayores precisiones para que la colaboración público-privada quede acotada de modo efectivo. Por este motivo la organización ha solicitado que se delimiten estrictamente los casos en que pueda recurrirse a la gestión indirecta, a través de la fijación de límites cuantitativos como un porcentaje máximo para la actividad externalizada y techos de gasto en los conciertos con proveedores privados.

El medio detalló que la FADSP insta además a eliminar cualquier excepción que permita que contratos de menor cuantía queden excluidos de la evaluación previa obligatoria, ya que esto permitiría una posible proliferación encubierta de acuerdos con actores privados. A su vez, propone exigir a las comunidades autónomas la elaboración de planes detallados para reforzar los recursos propios del sistema público, así como reducir de forma progresiva la concertación y externalización de servicios. Estos planes deberían incluir objetivos cuantificados y estar sujetos a seguimiento dentro del Consejo Interterritorial del SNS.

Entre las alegaciones registradas, la FADSP plantea también reforzar la homogeneidad y el carácter público de las condiciones laborales en consorcios y entidades públicas de gestión, estableciendo la subrogación y equiparación de derechos en los procesos de reversión hacia la gestión directa y evitando la creación de nuevos escenarios de precariedad laboral. Según indicó la federación, esta medida ayudaría a garantizar que las reformas tengan efectos duraderos sobre la calidad del empleo en el sistema sanitario.

Con respecto a las mutualidades de funcionarios, la federación solicita una mención explícita en el anteproyecto, impulsando el compromiso de integrar progresivamente fondos y atenciones de MUFACE, MUGEJU e ISFAS en la sanidad pública. Según la FADSP, esta integración haría posible eliminar circuitos asistenciales paralelos financiados con fondos públicos y consolidar un único sistema público, universal y solidario.

En relación a los procesos de análisis y evaluación, la FADSP solicita que se garantice la presencia tanto de organizaciones defensoras de la sanidad pública como de representantes ciudadanos en los grupos que estudiarán las experiencias de gestión, en los comités que evalúen la gestión indirecta y en las mesas donde se definan los indicadores de evaluación del sistema. Según reportó la propia organización, esta participación supondría un avance hacia una mayor transparencia y una mejor adaptación de las políticas a las demandas sociales.

La federación ha subrayado, según consignó en su comunicado, que el anteproyecto representa una apertura hacia la mejora de la sanidad pública tras un largo periodo de políticas orientadas a la privatización, pero aclara que las medidas adoptadas hasta el momento no bastan para blindar el SNS frente a la externalización. La FADSP se ofrece además para colaborar activamente con el Ministerio de Sanidad y las fuerzas políticas en la mejora del texto normativo, con el objetivo declarado de que el sistema sanitario público sea plenamente público, universal y de gestión directa, enfocado al interés general y a la equidad en la atención sanitaria.