Bruselas descarta que la baliza V16 vulnere el derecho de la UE y defiende la competencia nacional en seguridad vial

Un funcionario europeo afirmó que los países pueden decidir sobre dispositivos para reducir riesgos en carretera, confirmando que España está dentro de sus facultades legales al adoptar nuevas medidas tecnológicas para proteger conductores y mejorar su seguridad al volante

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El registro de mortalidad vial en España ha experimentado una reducción significativa en las últimas décadas, pasando de cerca de 10.000 víctimas anuales en los años noventa a aproximadamente 800 en 2024. Esta disminución representa una mejora sustancial en la seguridad en las carreteras españolas y sitúa al país por debajo del promedio europeo de fallecidos por millón de habitantes, según datos expuestos por un alto representante de la Comisión Europea en un debate celebrado en la Eurocámara. En este contexto, el funcionario resaltó que en 2024 España contabilizó 35 víctimas mortales por millón, frente a una media de 44 en la Unión Europea.

Según informó la Comisión Europea, la introducción de la baliza V16 conectada como equipamiento obligatorio en sustitución del triángulo de emergencia en España se encuentra dentro del marco legal nacional y no infringe normativa comunitaria. El Ejecutivo europeo respondió así a tres iniciativas presentadas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde se cuestionaba la compatibilidad de la normativa española sobre las balizas V16 con la legislación de la Unión Europea. El organismo señaló que no existe legislación europea específica sobre estos dispositivos de señalización, lo que otorga a cada país miembro la facultad de fijar sus propias normas en materia de seguridad vial.

En respuesta a estas inquietudes, la Comisión Europea subrayó que el Gobierno español basa la adopción de la baliza V16 en la prerrogativa reconocida por el Convenio de Viena sobre el tráfico vial. Esta prerrogativa habilita a los Estados parte para definir e implementar nuevos dispositivos destinados a la protección en carretera. “No hay ley europea que cubra estos dispositivos. No se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prerrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo”, afirmó la Comisión según consignó el medio.

El debate también abordó la distribución de competencias en seguridad vial entre la Unión Europea y sus Estados miembros. Según detalló la Comisión Europea, mientras los países tienen la responsabilidad de determinar y aplicar medidas específicas para la seguridad en sus carreteras, las autoridades comunitarias se encargan de la coordinación en ámbitos transfronterizos, la gestión de licencias y matrículas y la promoción de la educación vial. De este modo, las decisiones relacionadas con la obligatoriedad y regulación de dispositivos como la baliza V16 se consideran asunto nacional en ausencia de normativas comunitarias que regulen estos sistemas.

El Ejecutivo comunitario respaldó la justificación técnica y de seguridad que presentó el Gobierno español para sustituir el triángulo de emergencia por la baliza V16. Según publicó la Comisión Europea, la decisión obedece al riesgo que implica para los conductores alejarse del vehículo hasta 50 metros para colocar el triángulo en una situación de emergencia, lo que puede derivar en accidentes adicionales. Conforme a la Comisión, la mejora en la visibilidad y la capacidad de alerta de la baliza V16 —ahora con posibilidades de transmisión de alerta a otros vehículos mediante geolocalización— representa un enfoque “más sofisticado” en la protección del conductor y los demás usuarios de la vía.

Respecto a los vehículos extranjeros y la aplicación de la norma en contextos internacionales, la Comisión Europea aclaró que las balizas V16 no suponen un obstáculo para los automóviles que viajan entre países. De acuerdo con lo señalado por el funcionario durante el debate, los vehículos matriculados en España pueden circular en el extranjero empleando solo la luz de aviso, sin obligación de portar triángulo, mientras que los coches extranjeros que ingresen a territorio español pueden seguir utilizando el triángulo tradicional y no están obligados a equipar la baliza V16. Esta disposición, según detalló el organismo, tampoco contraviene la normativa europea.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pese a las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo comunitario, decidió mantener abiertas las tres iniciativas presentadas sobre el asunto. Además, solicitó a la Comisión Europea la elaboración de un análisis escrito respecto a la compatibilidad de la normativa española con el marco comunitario vigente.

El medio añadió que, durante el debate en la Eurocámara, el funcionario de la Comisión Europea calificó la evolución de la seguridad vial en España como un ejemplo a seguir a nivel continental, mencionando la considerable reducción de víctimas mortales y el papel del país en la innovación de las políticas destinadas a la protección de conductores. La continuidad de las iniciativas en el Parlamento Europeo garantiza que el tema quede sujeto a futuras revisiones y a la entrega del informe escrito solicitado por los legisladores.

El mismo funcionario destacó, según publicó la Comisión Europea, que la introducción de sistemas tecnológicos avanzados como la baliza V16 evidencia la búsqueda de alternativas más eficaces para la prevención de accidentes y la mejora del tránsito. Por su parte, la función de la Comisión en la materia se limita a la coordinación de actividades paneuropeas como la armonización de permisos, matrículas y campañas educativas, persistiendo el ámbito nacional como espacio principal de regulación de dispositivos y normas viales.

Según reportó la Comisión Europea, la baliza V16 conectada permite que la alerta se transmita simultáneamente al resto de usuarios de la vía gracias a la geolocalización, lo cual incrementa el nivel de protección en situaciones de emergencia y puede reducir la probabilidad de siniestros adicionales tras una detención en carretera. El debate sobre la adaptación a tecnologías emergentes y sobre la compatibilidad con el derecho comunitario continuará abierto mientras se elabora el análisis documental solicitado por el Parlamento Europeo.