La Fiscalía del TPI afirma que la guerra contra las drogas de Duterte tenía como objetivo personas pobres

Durante el proceso contra Rodrigo Duterte en La Haya, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) expuso que el operativo conocido como “guerra contra las drogas” en Filipinas incluyó menores de edad entre las víctimas y siguió órdenes directas de Duterte, según informó The Philippine Star. En la audiencia previa al juicio, se presentaron evidencias que, de acuerdo con el fiscal Edward Jeremy, señalan que miles de fallecidos durante el mandato del expresidente provenían de comunidades con bajos ingresos, y que Duterte priorizó eliminar sospechosos sin recursos, además de perseguir objetivos políticos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por The Philippine Star, el fiscal Jeremy explicó ante el tribunal que las operaciones policiales durante el periodo de Duterte respondieron a instrucciones explícitas del mandatario. El fiscal detalló casos concretos como el del exalcalde de Albuera, Rolando Espinosa, quien figuraba en una lista oficial de narcotraficantes y terminó muerto a pesar de estar bajo custodia policial. Jeremy enfatizó que este caso representaba uno de los ejemplos más visibles de la conexión entre las órdenes del expresidente y las muertes de sospechosos.

El fiscal subrayó ante el TPI la existencia de un patrón sistemático en el accionar de las fuerzas de seguridad. Según publicó The Philippine Star, los informes de la policía solían indicar que, tras aparecer el nombre de un sospechoso en sus listas, la persona era hallada muerta con un arma cerca, en aparente justificación de que habría abierto fuego contra los agentes. Jeremy afirmó que existían pruebas de que muchos de estos reportes reproducían fragmentos similares y no ofrecían detalles diferenciados, lo que explicaría el perfil repetitivo de los implicados, quienes en su mayoría vivían en condiciones de precariedad económica.

El fiscal también mostró vídeos en los que se escucha a Duterte pronunciarse abiertamente a favor de la eliminación física de niños si formaban parte de actividades relacionadas con drogas. Jeremy citó las palabras del expresidente durante un acto público: “Es importante pararse aquí y entender lo que estamos escuchando. Este es el presidente de Filipinas, se está dirigiendo directamente a una multitud y les está pidiendo que maten a un niño simplemente por tener una adicción.” The Philippine Star reportó que estas declaraciones han sido fundamentales para establecer que la violencia desplegada se basaba en una política de Estado con respaldo al más alto nivel.

Las audiencias del TPI derivan de una investigación que se abrió tras una denuncia formalizada en 2018 por organismos no gubernamentales y familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas. Entre las acusaciones presentadas figura la práctica reiterada de ejecuciones extrajudiciales, la simulación de enfrentamientos y la fabricación de pruebas en perjuicio de la población pobre.

La defensa del exmandatario filipino rechazó categóricamente la existencia de órdenes directas o una política orientada a atacar a personas de bajos recursos. Los abogados sostuvieron ante el tribunal que las fuerzas policiales actuaron bajo marcos legales establecidos y que Duterte, pese a su discurso contundente, no fue responsable directo de los homicidios. Sin embargo, según consignó The Philippine Star, la acusación expuso que el número de menores involucrados y el patrón repetitivo en los casos revelan que existió una línea de actuación avalada desde la presidencia.

Durante el segundo día de lectura de cargos, Duterte no acudió a la cita judicial en La Haya. Según detalló The Philippine Star, su ausencia se produce en medio del proceso penal más relevante contra un exjefe de Estado en el marco de acciones antidrogas en Asia. El año 2019, el propio Duterte ordenó que Filipinas se retire de la jurisdicción del TPI, justificando esta medida por la presión y las críticas internacionales relacionadas con la campaña antinarcóticos.

La imputación por crímenes contra la humanidad incluye la acusación de atacar intencionalmente a una parte específica de la población. La Fiscalía sostiene que el operativo en Filipinas implicó una persecución sistemática y planificada contra aquellos sospechosos sin recursos, agravándose por la inclusión de menores de edad entre los fallecidos, según publicó The Philippine Star. Los cargos se centran tanto en la magnitud del impacto como en la estructura repetitiva de los hechos denunciados, enmarcando la campaña de Duterte en una política de Estado dirigida contra sectores marginados.