La china CK Hutchison califica de "ilegal" la toma de control de los dos puertos del canal por parte de Panamá

CK Hutchison denunció que Panamá actuó sin previo aviso ni coordinación, advirtiendo riesgos operativos y legales, mientras el Gobierno local otorgó la gestión de las terminales a firmas europeas y autoridades chinas exigieron respeto contractual y protección para inversiones extranjeras

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El consejo de administración de CK Hutchison y su filial Panama Ports Company exploran vías legales, tanto dentro del país como mediante recursos internacionales, tras la intervención de las autoridades panameñas en los puertos de Balboa y Cristóbal, movimiento que consideran como confiscatorio y no coordinado. Según informó el medio al que pertenece el texto fuente, la compañía de Hong Kong afirmó a través de un comunicado que el Estado de Panamá debe responder por los perjuicios originados debido a sus decisiones relacionadas con la revocación de la concesión y el traspaso del control portuario.

El operador portuario CK Hutchison calificó de "ilegal" el procedimiento utilizado por las autoridades panameñas para tomar el control de los dos puertos principales del Canal, decisión que aconteció tras una sentencia de la Corte Suprema panameña que suspendió la concesión otorgada anteriormente. De acuerdo con lo publicado por el medio del texto fuente, la empresa señaló que el Estado no consultó ni coordinó ninguna de sus acciones con su filial, Panama Ports Company, situación que según la empresa pone en riesgo la seguridad de las operaciones y afecta la protección de los empleados en las terminales afectadas.

Tras la revocatoria de la concesión, el gobierno liderado por José Raúl Mulino, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, asumió de manera efectiva el control de los puertos. Acto seguido, detalló el medio citado, resolvió adjudicar de forma transitoria los derechos de gestión a compañías europeas del sector: APM Terminals, perteneciente a Maersk de Dinamarca, y TIL Panamá, la división portuaria de MSC, durante un periodo de 18 meses. Esta reestructuración contractual en la administración de ambas instalaciones se dio sin participación de los anteriores concesionarios, señaló el comunicado de CK Hutchison.

En lo referente a la reacción internacional, el secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Edwuard Yau, comunicó al cónsul general panameño en la ciudad su rechazo a la medida tomada por el gobierno centroamericano. "El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong enfatizó su firme apoyo y protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas de Hong Kong en el extranjero", reza el comunicado citado por el medio de origen, manifestando la insatisfacción y oposición a lo que consideraron un incumplimiento contractual. Yau solicitó a Panamá apegarse a los términos de los acuerdos firmados y recordó los volúmenes de inversión realizados y los empleos generados por empresas de Hong Kong en el país, elementos que, según las autoridades hongkonesas, requieren de un trato "justo y razonable".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también se pronunció sobre el caso. Mao Ning, portavoz de la cartera, declaró que la posición de su país resulta inequívoca en cuanto a la protección de los intereses de las empresas chinas. "La empresa en cuestión ha emitido un comunicado en el que afirma que se reserva todos los derechos, incluido el de emprender acciones legales. China salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos de sus empresas", aseveró Mao Ning ante la prensa, según recogió el medio del texto fuente.

CK Hutchison y su subsidiaria argumentan que el procedimiento seguido por Panamá para establecer el fin de la concesión careció de asesoría y coordinación previas con la empresa, situación que, a su juicio, agrava el impacto legal y operativo de la medida. La firma subrayó que recurrirá a todas las instancias legales disponibles para enfrentar la resolución de la Corte Suprema de Panamá y la toma de control forzosa. Según reportó el medio citado, ambos actores evalúan presentar demandas ante tribunales nacionales e internacionales contra la República de Panamá y cualquier tercero implicado en el proceso.

La transición en la gestión de las terminales de Balboa y Cristóbal forma parte de una serie de acontecimientos pendientes de resolución en el ámbito contractual y diplomático. La posición de las autoridades chinas recalca la importancia de la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras y la continuidad de las relaciones comerciales. Por su parte, las autoridades de Hong Kong subrayan la generación de empleo y las inversiones realizadas en Panamá por parte de sus empresas, reiterando su exigencia de trato equitativo.

Mientras continúa la consulta entre los representantes legales de CK Hutchison y su filial en relación a las medidas adoptadas por el Estado panameño, la compañía sostiene que el país debe asumir la responsabilidad por los daños ocasionados, abriendo la puerta a potenciales reclamaciones legales ante instancias nacionales e internacionales. El desarrollo de este conflicto involucra, además de actores económicos, posturas gubernamentales y organismos diplomáticos, que observan la situación y sus implicaciones para las inversiones y la estabilidad en la administración de infraestructuras críticas a nivel regional e internacional.

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