Decenas de ONG internacionales recurren ante el Supremo de Israel la revocación de sus licencias

El riesgo de que miles de personas pierdan el acceso directo a la ayuda humanitaria y a servicios básicos en áreas palestinas ha sido subrayado por las organizaciones internacionales que han impugnado ante el Tribunal Supremo de Israel la orden que les exige cesar sus actividades. Según informó Europa Press, el recurso fue presentado por decenas de ONG, entre las que se encuentran Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA), con el fin de solicitar la suspensión cautelar de las medidas que ordenan el cierre de sus operaciones en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

La acción legal se dirige contra la decisión tomada por las autoridades israelíes en diciembre de 2025, la cual, según explicó el grupo de organizaciones en una conferencia de prensa, instruye el cierre inmediato de actividades si no facilitan los datos personales de contacto de miles de empleados locales. Estas ONG argumentan que el cumplimiento de esa exigencia resultaría inviable desde el punto de vista legal y ético, en particular para aquellas entidades sujetas a la legislación europea, que consideran que transferir esa información a las autoridades israelíes constituiría una infracción penal y administrativa. Tal como publicó Europa Press, las organizaciones han invocado el precedente Schrems II del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que limita la transferencia de datos personales a jurisdicciones sin un sistema de supervisión judicial independiente de sus agencias de seguridad.

Las ONG insisten en que entregar la totalidad de los números de teléfono y datos de contacto del personal vulnera el principio de minimización de datos y pone en peligro la seguridad individual de los trabajadores. Además, denuncian que ser obligadas a recopilar información personal para una de las partes del conflicto contradice el principio de neutralidad que rige la labor humanitaria.

Europa Press detalló que la relevancia de las organizaciones internacionales en la ayuda humanitaria a las poblaciones palestinas es significativa. Explicarion que más de la mitad de la asistencia alimentaria en Gaza depende de estas ONG internacionales, mientras que el 60% de la operatividad de los hospitales de campaña y casi el 75% de las acciones relacionadas con albergue y distribución de bienes no alimentarios se financian por su intermedio. Por otra parte, la totalidad de los tratamientos hospitalarios para menores con desnutrición aguda grave y el 30% de los servicios de educación de urgencia están también bajo su responsabilidad. Las ONG subrayaron que financian la eliminación de más de la mitad de dispositivos explosivos en el área.

Las organizaciones han alertado que, en caso de avanzar la orden sin que se determine aún una resolución judicial definitiva, las consecuencias serían inmediatas y afectarían tanto a la población local como al sistema humanitario en su conjunto. Expusieron que el impacto se vería a partir del 28 de febrero, fecha señalada para el posible inicio de los cierres forzados, lo que podría derivar, según sus palabras recogidas por Europa Press, en un “colapso humanitario” de proporciones graves.

Las condiciones humanitarias, según las ONG, siguen deteriorándose en Gaza debido a limitaciones constantes al acceso de ayuda y nuevos ataques sobre áreas densamente habitadas. De modo paralelo, en Cisjordania y Jerusalén Este, la intensificación de operaciones militares, demoliciones, desplazamientos forzados y la expansión de asentamientos han generado un aumento en las necesidades de la población civil, en un entorno considerado cada vez más restrictivo para la labor de asistencia internacional.

En referencia a la orden administrativa, Europa Press reportó que 37 organizaciones de ayuda humanitaria recibieron notificación el 30 de diciembre de 2025 indicando que sus registros en Israel expirarían al día siguiente. El documento otorgaba sesenta días para cesar operaciones en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, salvo que completaran completamente el proceso de registro bajo las condiciones impuestas por Israel. Las ONG afectadas han reiterado que ese procedimiento, tal como está planteado, no es viable.

De acuerdo con los argumentos que sostienen en su recurso, el proceder administrativo israelí está marcado por retrasos y carencia de buena fe, lo que a juicio de los recurrentes invalida la decisión de cerrar actividades en bloque. Califican esta medida de extralimitación sin fundamento legal, al considerar que la competencia de registro y supervisión de ONG en estos territorios fue transferida a la Autoridad Palestina bajo el Anexo Civil de los Acuerdos de Oslo. Por tanto, cuestionan la autoridad del Estado israelí para ordenar el cese de entidades que operan bajo jurisdicción palestina.

El recurso sostiene además que el artículo 63 del IV Convenio de Ginebra obliga a la potencia ocupante a permitir la continuidad de las organizaciones de socorro en favor de la población civil. Según la documentación presentada junto al recurso y citada por Europa Press, el mandato legal internacional exige a Israel facilitar la provisión de alimentos y servicios médicos en las áreas bajo su control como potencia ocupante.

La comunicación de las ONG añade que una interrupción abrupta de sus trabajos incrementaría los riesgos para una población ya expuesta a limitaciones severas de acceso a necesidades básicas. Europa Press recogió sus advertencias sobre el impacto concreto: la ayuda canalizada por ellas es, en muchos casos, la única fuente de asistencia para miles de familias bajo bloqueo o restricciones de movilidad, y también sostiene actividades esenciales como la educación y la atención a la infancia afectada por la guerra y la inseguridad alimentaria.

Finalmente, las organizaciones solicitaron detener la inminente expiración de sus registros y retrasar cualquier medida de deportación de personal internacional. Su objetivo, concursado ante el máximo tribunal del país según detalló Europa Press, es mantener las operaciones humanitarias, evitar daños irreparables y garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población palestina hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.