El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) advirtió que, aunque se aprobó recientemente una ley de amnistía en Venezuela, más de 500 personas privadas de libertad quedarían fuera de los beneficios previstos, ya que la medida excluye a quienes enfrentan acusaciones por corrupción, violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas. En este contexto, familiares de los reclusos en El Rodeo I exigen la aplicación efectiva de las liberaciones contempladas y denuncian deficiencias sanitarias dentro del penal.
De acuerdo con lo publicado por CLIPPVE, más de 200 presos políticos venezolanos, entre nacionales y extranjeros, alojados en la cárcel El Rodeo I, a las afueras de Caracas, iniciaron una huelga de hambre este domingo. La medida busca llamar la atención sobre la falta de atención médica adecuada y reclamar la ejecución de las excarcelaciones establecidas en la nueva Ley de Amnistía. CLIPPVE informó a través de sus redes sociales que, para las 14:00 horas del 22 de febrero, familiares reportaron que eran 213 las personas recluidas en esta situación de protesta.
Según consignó el medio, los familiares de los internos han realizado un llamamiento dirigido a la sociedad civil para que los acompañen en sus reclamos y aseguren que no enfrenten esta situación de forma aislada. Para reforzar la visibilidad de la protesta, se prevé una concentración de familiares, organizaciones y simpatizantes este lunes en el auditorio de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con el objetivo de dar mayor repercusión a las demandas relacionadas con el acceso a la salud y la libertad de los prisioneros políticos.
El medio añadió que esta huelga coincide con el anuncio de la Cruz Roja Venezolana sobre su incorporación al proceso de liberaciones previsto por la Ley de Amnistía. Por invitación del Gobierno, la organización ofrecerá atención médica y evaluará la salud de las personas beneficiadas por las excarcelaciones en distintos lugares del país, según puso de manifiesto la Cruz Roja en su comunicado oficial.
La Ley de Amnistía, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional venezolana y promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, establece la posibilidad de liberar a determinados reclusos, a excepción de quienes hayan sido sentenciados por delitos específicos como los anteriormente mencionados. Según detalló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hasta el momento las autoridades han recibido más de 1.500 solicitudes de excarcelación, dentro de las cuales ya se han concretado cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que cumplen con los requisitos legales establecidos por esta normativa.
Sin embargo, según denunció la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD), hasta el cierre de esta edición, solo 19 personas habían sido liberadas de las cárceles del país tras 48 horas desde la entrada en vigor de la ley. Según destacó CLIPPVE, el proceso actual deja a un número considerable de presos políticos sin acceso a este beneficio, lo que ha llevado a organizaciones y familiares a cuestionar tanto el alcance real de la ley como la lentitud en la ejecución de las medidas contempladas.
Los reclamos también se centran en la falta de atención médica dentro de los centros penitenciarios. Los allegados a los internos reportan que muchas de las personas privadas de libertad presentan cuadros de salud complejos y no reciben la asistencia requerida, lo que agrava su situación y constituye una de las principales motivaciones para la actual huelga.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos sostiene que la exclusión de varios grupos no solo limita las esperanzas de las familias, sino que genera incertidumbre sobre el futuro de quienes permanecen recluidos bajo acusaciones graves. La convocatoria a la movilización en la UCV pretende sumar respaldo social a estas demandas y subrayar la importancia del acceso a la atención sanitaria y del respeto a los derechos humanos de la población carcelaria.
Mientras tanto, la implementación de la ley continúa bajo observación de diversas organizaciones civiles y políticas, que reiteran sus cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento efectivo de las excarcelaciones prometidas. La revisión de solicitudes y la ejecución de liberaciones avanzan en medio de tensiones, denuncias de familiares y la participación de organismos como la Cruz Roja, que aportan acompañamiento médico a quienes regresan a la vida en libertad luego de su paso por los centros penitenciarios del país.
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