La UE aprueba definitivamente la relajación de las reglas sobre países seguros para agilizar las deportaciones

La Comisión Europea asumirá la tarea de supervisar la evolución de la situación en los países incluidos en la nueva lista europea de "países de origen seguros" y en aquellos candidatos a integrarla, con la capacidad de introducir cambios en la clasificación si varían las circunstancias, como suspensiones temporales o exclusiones permanentes de la lista. Esta responsabilidad corresponde a la aplicación de la última reforma aprobada por los Veintisiete, orientada a modificar las reglas para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo rechazados dentro del bloque, según consignó la agencia EFE.

La decisión fue adoptada este lunes, cuando los Estados miembros de la Unión Europea dieron su visto bueno definitivo a la reforma destinada a relajar los requisitos sobre los denominados "países terceros seguros" y endurecer las condiciones de retorno. La reforma contempla que ya no será indispensable que exista una conexión entre la persona migrante y el país al que se le devuelve, además de validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida de solicitantes de asilo, como el intento realizado por Italia con Albania. Según publicó EFE, el texto también valida la creación de la primera lista europea de "países de origen seguros" para acelerar los procesos de retorno de quienes probablemente verán rechazada su petición de protección internacional, bajo el argumento de que sus países disponen de condiciones consideradas seguras por el bloque.

La inclusión en la lista abarca naciones como Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, así como, de manera preliminar, la totalidad de los países candidatos a la adhesión a la UE, como Turquía. No obstante, en el caso de estos últimos, la exclusión de la lista resultará automática si existen violencia indiscriminada a raíz de un conflicto armado, si el porcentaje de otorgamiento de asilo supera el 20 por ciento entre sus nacionales en el territorio europeo, o si pesan sanciones económicas por acciones que perjudiquen derechos y libertades fundamentales.

El proceso legislativo de la reforma incluyó la validación previa por parte del pleno de la Eurocámara, y la iniciativa salió adelante pese al rechazo formal de España, que expresó dudas respecto a la compatibilidad del cambio regulatorio con el respeto a los derechos humanos y la eficacia del nuevo sistema. A lo largo de las negociaciones, emergieron advertencias tanto de organizaciones como de algunos gobiernos sobre el potencial riesgo para la protección internacional y las garantías fundamentales de las personas solicitantes de asilo, según detalló EFE.

Bajo la nueva norma, la carga de la prueba recae ahora en la persona migrante, que deberá demostrar que no debe aplicarse en su situación concreta la consideración de “país seguro” por la existencia de un temor justificado a persecución o daño grave en caso de regreso. Al respecto, la legislación establece que la lista mantenida por la UE será dinámica, y la Comisión tendrá facultades para intervenir ante cambios en el contexto social, político o de derechos humanos en los países involucrados.

El responsable de Migración del Gobierno de Chipre, Nicholas Ioannides, autoridad correspondiente al país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, emitió un comunicado oficial en el que defendió que estas reformas permitirán dotar de mayor rapidez y coherencia a los procedimientos de asilo en el espacio común. “Ayudarán a aumentar la rapidez y la coherencia de los procedimientos de asilo”, afirmó Ioannides, según citó EFE. Además, remarcó que la implementación de la reforma busca que los Estados miembros puedan cumplir lo dispuesto en el Pacto sobre Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para junio del presente año.

Cabe mencionar que la nueva reglamentación no limita la potestad de los gobiernos nacionales de la UE para designar a otros países de origen seguros, manteniendo cierto margen para adaptar la política migratoria a cada contexto estatal.

La decisión coloca a la UE ante divisiones internas, ya que países como Hungría y Polonia han manifestado que no aplicarán las nuevas disposiciones. A pesar de estas posiciones, Ioannides reafirmó que la voluntad mayoritaria entre los Estados miembros es proceder conforme a lo acordado. La puesta en marcha de este marco legal marca un cambio relevante en la política migratoria europea respecto al trato de las solicitudes de asilo y la evaluación de la seguridad en los países de origen de los migrantes, según reportó EFE.