Comienza este lunes en el TPI la audiencia previa a juicio formal a Duterte por crímenes de lesa humanidad

La audiencia previa a juicio contra Rodrigo Duterte ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) contempla restricciones adaptadas a su estado de salud, como sesiones con pausas cada hora y limitaciones en la extensión del proceso, según detalló el propio tribunal en un comunicado. El TPI explicó que la Secretaría velará por la aplicación de los ajustes recomendados tras el examen médico del exmandatario, permitiendo que las diligencias no superen las tres horas diarias y solo se realicen cuatro veces a la semana, con un día de descanso entre audiencias. Este esquema busca facilitar la participación del expresidente filipino en la etapa procesal, aunque Duterte no asistirá personalmente a las audiencias argumentando sentirse “viejo, cansado y frágil”, según informó la agencia de noticias Bloomberg.

Según publicó el TPI, el proceso iniciado este 23 de febrero en La Haya se extiende también por los días 24, 26 y 27 del mismo mes, con el objetivo de determinar la existencia de pruebas suficientes para establecer motivos fundados en relación con los presuntos delitos imputados a Duterte. La Fiscalía, la defensa y los representantes legales de las víctimas cuentan con turnos asignados para exponer ante los jueces sus argumentos. En la apertura de las audiencias, el tribunal resaltó que la finalidad principal del proceso radica en confirmar, o no, la existencia de elementos que justifiquen el inicio de un juicio formal contra el exmandatario filipino.

El expresidente Duterte enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad, en concreto, asesinato e intento de asesinato presuntamente cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 en Filipinas, en el contexto de la denominada "guerra contra las drogas". Según consignó el TPI, los hechos investigados abarcan tanto el periodo presidencial de Duterte como su gestión anterior como alcalde de Davao, en el sur de Filipinas. Dentro de las acusaciones, el tribunal ha recordado públicamente declaraciones del propio Duterte en las que afirmó estar dispuesto a matar “a 100.000 criminales” y a arrojar sus cuerpos a la bahía de Manila.

De acuerdo con el TPI, si la Sala encargada determina que existe una base sustancial para alguna de las imputaciones, el proceso pasará a una Sala de Primera Instancia donde se realizaría el juicio correspondiente. Por el momento, las audiencias actuales buscan que las partes presenten sus pruebas orales y argumenten la solidez de los cargos.

Las posiciones de los actores involucrados han originado reacciones en el ámbito internacional. Tal como reportó el medio, Amnistía Internacional destacó la audiencia como “un paso significativo hacia la justicia para las víctimas y sobrevivientes de la mortífera llamada ‘guerra contra las drogas’ de su administración”. La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, afirmó: “La Sala de Cuestiones Preliminares del TPI debe ahora tomar rápidamente una decisión sobre la confirmación de los cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte para que se pueda hacer justicia”. Callamard instó también a la administración filipina a cooperar plenamente con la investigación del tribunal, solicitando que las autoridades ejecuten cualquier nueva orden de arresto emitida por el TPI.

El debate sobre la responsabilidad penal de Duterte ocurre en un contexto de divisiones en el país. Según reportó el TPI, la entrega del exmandatario a la corte internacional se realizó en marzo de 2025 por autoridades filipinas bajo el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., a raíz de la orden de arresto emitida por la corte. Marcos Jr. proviene de una familia previamente aliada del propio Duterte. La aprehensión ha generado discusiones dentro de Filipinas, donde el expresidente aún mantiene el respaldo de sectores significativos de la población. Paralelamente, la hija de Duterte, Sara Duterte, que ocupa la alcaldía de Davao tras suceder a su padre, ha declarado recientemente su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2028.

El proceso en el TPI ha suscitado observaciones sobre el alcance de la jurisdicción internacional frente a crímenes imputados a mandatarios, así como acerca de la capacidad de la comunidad internacional para hacer cumplir las órdenes emanadas de la corte. El TPI reiteró en su documento que los procedimientos actuales deben ser interpretados únicamente como la etapa de confirmación de cargos y no como un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

Además, la organización judicial deslizó consideraciones sobre la presión y críticas que el TPI ha recibido históricamente por parte de determinados líderes globales, incluyendo incidentes bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, quienes han objetado la intervención de la corte en asuntos de jurisdicción nacional. La secretaria general de Amnistía Internacional, citada por el TPI, señaló que “este proceso judicial también recuerda a la comunidad internacional que nadie está por encima de la ley, sin importar la ferocidad de los ataques, las sanciones y las amenazas dirigidas al TPI por parte de algunos líderes mundiales”.

Durante las sesiones en La Haya, tanto la Fiscalía del TPI como la defensa de Duterte y los representantes legales de víctimas exponen y justifican sus posiciones ante los jueces. El tribunal enfatizó que las audiencias previa a juicio formal incluyen todas las garantías procesales necesarias para la participación de las partes, y que la decisión tomada marcará el rumbo del proceso penal internacional en torno a los hechos atribuidos a la anterior administración filipina.

El caso permanece bajo la observación de organizaciones de defensa de derechos humanos y organismos internacionales, mientras se aguarda la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares respecto a la suficiencia o insuficiencia de las pruebas para abrir un juicio formal contra Duterte por crímenes de lesa humanidad.