Cae una red que cobraba hasta 1.200 euros por empadronamientos falsos a inmigrantes en el Poniente

Un informe policial detalló que varios ciudadanos extranjeros admitieron de forma directa su implicación en el sistema de empadronamientos inexistentes, reconociendo ante las autoridades los pormenores del funcionamiento de la red. Según informó la Policía Nacional, esta estructura delictiva operaba en el Poniente de Almería, concretamente en los municipios de El Ejido y Vícar, donde facilitaba la inscripción ficticia en el padrón municipal a inmigrantes en situación irregular a cambio de pagos que alcanzaban hasta 1.200 euros. La operación, conocida como ‘Furia’, culminó con la detención de siete personas y el envío de las diligencias al Decanato de los Juzgados de El Ejido.

De acuerdo con el comunicado de la Comisaría recogido por la prensa, la investigación dio comienzo en diciembre pasado tras la denuncia presentada por el propietario de una vivienda en Vícar. Este particular advirtió a las autoridades que dos personas figuraban empadronadas en su domicilio sin su consentimiento y que, además, nunca habían residido realmente en dicho inmueble. A raíz de este testimonio, el Grupo de Investigación de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido inició un seguimiento que permitió destapar el entramado organizado.

El medio que reportó la información explicó que la red disponía de una estructura perfectamente repartida, con al menos dos intermediarios responsables de captar a ciudadanos extranjeros sin regularizar su situación administrativa. Estos intermediarios conectaban a los solicitantes con un facilitador central, considerado el principal investigado, quien se ocupaba de la gestión documental y de los trámites necesarios para simular la residencia en distintas propiedades.

Tal como publicó la Policía Nacional, la actuación del facilitador incluía la producción de contratos de arrendamiento, autorizaciones y otra documentación falsificada. Se utilizaban modelos idénticos de contratos en los que solamente modificaban los datos del titular y del inquilino. Este procedimiento repetitivo evidenció ante los agentes la naturaleza organizada y reiterada del delito, así como un modus operandi consolidado en el tiempo. El facilitador también asesoraba a los interesados en el curso de los trámites y en ocasiones los acompañaba personalmente a las oficinas municipales para inscribir el empadronamiento.

La información recabada por los agentes permitió determinar que, por cada empadronamiento fraudulento, la organización recibía cantidades que variaban entre los 800 y los 1.200 euros. Según consignó la Policía Nacional, las gestiones incluían el acompañamiento a las dependencias institucionales y la simulación de contratos completamente ficticios que, posteriormente, facilitaban la obtención o renovación de permisos de residencia de forma ilícita.

Las vigilancias ejecutadas en el transcurso de la investigación incluyeron inspecciones directas, declaraciones de testigos y reconocimientos fotográficos. En estos procedimientos, varios de los ciudadanos extranjeros implicados reconocieron sin reservas los hechos y la dinámica interna del grupo. Como resultado, las autoridades procedieron a la detención de tres integrantes señalados como figuras clave: uno de los intermediarios, el supuesto facilitador documental y un propietario de vivienda implicado.

Además, la operación finalizó con la detención de cuatro personas extranjeras que habrían utilizado los empadronamientos fraudulentos para formalizar la tramitación o renovación de sus permisos de residencia ante la administración. Todos ellos quedaron a disposición del juzgado competente en El Ejido, donde se evalúan las responsabilidades derivadas del uso de documentos falsificados y trámites irregulares en la administración pública.

El desarrollo de la operación ‘Furia’ contó con la colaboración directa de los ayuntamientos de El Ejido y Vícar, la Tesorería General de la Seguridad Social a través de la Unidad de Control y Prevención del Fraude, así como la Oficina de Extranjeros de Almería. Según publicaron las autoridades, la coordinación interinstitucional fue determinante para identificar a los responsables y poner fin a una práctica que afectaba la fiabilidad del padrón y permitía la regularización administrativa de manera indebida.

La investigación sigue abierta para determinar el alcance total de los hechos y analizar si otras viviendas o ciudadanos resultaron afectados por esta red, cuyo desmantelamiento, según la Policía Nacional, responde a la obligación de controlar la legalidad de los procesos de empadronamiento y residencia en el territorio español.