Sumar pide que las universidades no puedan adoptar denominaciones que hagan referencia al Rey ni a sus descendientes

El Grupo Parlamentario Republicano se sumó también a la discusión legislativa al registrar recientemente una propuesta destinada a eliminar la obligatoriedad de la firma del Rey en los títulos universitarios. La diputada Etna Estrems declaró, citada por Europa Press, que “la universidad debe regirse por criterios académicos e institucionales propios, sin incorporar formalismos simbólicos sin base constitucional expresa”. Esta declaración se enmarca en el contexto de una serie de enmiendas debatidas en el Congreso en torno a la modificación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), centradas en reforzar la autonomía institucional, el pluralismo y la independencia simbólica en el ámbito universitario.

Según informó Europa Press, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar registró en la Cámara Baja una enmienda orientada a impedir que las universidades y centros universitarios utilicen en su denominación cualquier referencia directa al Rey, sus descendientes, o la línea familiar sucesoria, mientras España se mantenga como monarquía parlamentaria. De acuerdo con la enmienda presentada, esta limitación abarcaría nombres, títulos, apellidos o cualquier alusión identificable relacionada con la Jefatura del Estado, actual o pasada, incluyendo cualquier descendencia directa.

El medio Europa Press detalló que la propuesta busca modificar el marco legal para que el sistema universitario prescinda de alusiones simbólicas al poder monárquico en su identidad institucional. La enmienda no solo pretende suprimir palabras o expresiones que conecten a las universidades con la Casa Real, sino también consolidar una mayor independencia respecto a elementos ajenos al ámbito académico.

Por su parte, Europa Press indicó que el Grupo Parlamentario Republicano elaboró una enmienda paralela que persigue la eliminación de la mención al Rey en los títulos universitarios oficiales. Los impulsores de esta iniciativa argumentan que “no existe ningún mandato constitucional que obligue a que los títulos se emitan en nombre del Rey”, reivindicando que las universidades dispongan de plena autonomía para regular sus formalidades.

Entre las motivaciones que sostienen estas enmiendas figura el objetivo de garantizar la pluralidad lingüística en el sistema universitario, ampliar los derechos del estudiantado y fortalecer la autonomía investigadora. Según reportó Europa Press, estas posiciones parten de la premisa de que la presencia de formalismos de carácter simbólico, como referencias monárquicas o la firma del Jefe del Estado en títulos oficiales, carece de base constitucional y resulta modificable mediante trámite legislativo.

Por otro lado, se abordó en el Congreso una medida dirigida a regular las prácticas académicas externas. La proposición presentada por el PSOE, a la que tuvo acceso Europa Press, establece que las prácticas curriculares no impliquen una transacción económica entre el centro de origen y la entidad de destino al momento del acuerdo, con el fin de evitar que la capacidad financiera de ciertos centros universitarios limite el acceso de los estudiantes a este tipo de formación.

La propuesta socialista asimila la normativa vigente en Formación Profesional, donde la ley actual prohíbe que los períodos de prácticas en empresas estén vinculados a pagos o donaciones de los centros formativos a las empresas u organismos donde se desarrollen las prácticas. Según consignó Europa Press, el objetivo es garantizar que todos los estudiantes universitarios accedan en igualdad de condiciones a las oportunidades de prácticas externas, evitando que el aspecto económico condicionante influya en esta parte obligatoria del currículo académico.

El texto propuesto por el PSOE contempla que tanto las universidades y centros públicos como los privados podrán establecer acuerdos con empresas e instituciones nacionales o internacionales para asegurar el acceso de los estudiantes a las prácticas académicas externas, sin que exista una contraprestación o donación, ya sea de manera directa o a través de fundaciones vinculadas. Este requisito aplica cuando las prácticas integran actividades académicas del plan de estudios.

Además, Europa Press añadió que la proposición socialista recalca el carácter formativo de estas prácticas y establece la prohibición de que su realización derive en obligaciones salariales o constituya una sustitución laboral regular. El documento subraya que las actividades desempeñadas en el marco de las prácticas no podrán equivaler a las funciones propias de un puesto de trabajo estándar dentro de la empresa o institución.

La serie de propuestas y enmiendas discutidas en la Cámara Baja pone de manifiesto la intención de distintos grupos parlamentarios de avanzar hacia un sistema universitario más autónomo y desvinculado de elementos protocolarios, centrado en criterios estrictamente académicos y equitativos para toda la comunidad estudiantil. Entre los puntos fundamentales se sitúan el refuerzo de la independencia institucional, la eliminación de formalidades simbólicas no exigidas por la Constitución y una regulación que busque impedir que factores económicos determinen el acceso a oportunidades formativas que forman parte esencial de los planes de estudio universitarios.