El Gobierno de Colombia mantendrá la subida del 23,7% del salario mínimo para 2026 en el decreto transitorio

El monto del salario mínimo en Colombia alcanzará los dos millones de pesos colombianos (aproximadamente 460 euros) para el año 2026 si se consideran los subsidios de transporte otorgados, superando así los 1,7 millones de pesos actuales (unos 391 euros). Esta decisión fue sostenida en las conclusiones recientes de la Comisión de Concertación, donde representantes empresariales, sindicales y del Gobierno debatieron las alternativas tras la suspensión temporal del decreto inicial que establecía el alza. Según informó el medio original, esta medida fue confirmada pese a las advertencias del Consejo de Estado, que exigió un nuevo decreto transitorio para formalizar legalmente el aumento.

El Consejo de Estado comunicó la suspensión provisional el viernes anterior, argumentando que el decreto para fijar el aumento debía estar respaldado por criterios técnicos, como la meta de inflación establecida por el Banco de la República, la inflación real del año anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El gobierno quedó obligado a emitir en un plazo de ocho días un nuevo acto normativo que ratificara el porcentaje de incremento utilizando estos parámetros. El medio detalló que el Gobierno defendió la continuidad de la subida del 23,7% del salario vital para 2026 en el decreto transitorio que se publicará, decisión que ha contado con el respaldo mayoritario de los sectores empresariales, según expresó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Antonio Sanguino explicó que, en términos generales, los empresarios en la comisión consideran inconveniente reducir el ajuste del 23,7%. Añadió que, pese al visto bueno de todos los sectores convocados, el avance alcanzado en la Comisión de Concertación representa, en sus términos, un "triunfo parcial", ya que la medida cautelar del Consejo de Estado mantiene la incertidumbre sobre la consolidación definitiva del incremento. De acuerdo con el medio de referencia, Sanguino subrayó la vigencia de la movilización convocada para el jueves, ratificada desde la postura oficialista como una forma de respaldar la decisión del Gobierno, mientras se resuelve la suspensión establecida por el alto tribunal administrativo.

El presidente Gustavo Petro, según reportó el medio, instó recientemente a sus seguidores a participar en las manifestaciones del jueves en todo el país para apoyar el aumento del salario mínimo, destacando su importancia en el actual contexto económico y social. En un discurso dirigido a la nación el domingo pasado, Petro enfatizó la necesidad de este respaldo ciudadano mientras el Ejecutivo tramita el decreto requerido por el Consejo de Estado.

La justificación para mantener la subida del salario mínimo encuentra base en varios indicadores económicos favorables obtenidos en el último ciclo. Sanguino afirmó que la reducción del desempleo —que pasó del 10,3% en 2022 al 8,9% proyectado para 2025—, la creación de 791.000 nuevos empleos formales, el crecimiento en el número de empresas registradas y la disminución de la inflación —del 13% en 2022 al 5,1% estimado para 2025—, fundamentan la posición del Gobierno de mantener la política de aumento salarial, según detalló la fuente original.

El medio destacó que la exigencia del Consejo de Estado precisó la necesidad de que cualquier ajuste salarial para 2026 se fundamente en variables técnicas y consensuadas, en un proceso donde participan empresarios, sindicatos y el Estado. La Comisión de Concertación, marco habitual de aprobación de estos incrementos, reúne a los principales actores económicos y sociales con el fin de evitar decisiones unilaterales en materia de política salarial. La participación y respaldo de los distintos sectores afianzan, a juicio del propio ministro Sanguino, la legitimidad del acuerdo alcanzado, aunque persistan incertidumbres jurídicas por la intervención del tribunal administrativo.

La decisión de mantener el alza salarial para 2026 se sustenta, de acuerdo con el medio, en un escenario donde los indicadores económicos muestran recuperación y mejora en el mercado laboral. En contraste, la posición del Consejo de Estado busca garantizar la observancia de procedimientos legales y de criterios técnicos, en aras de la seguridad jurídica y la sostenibilidad económica de la medida.

El aumento salarial anunciado incide de manera directa en el poder de compra de la población trabajadora y en las obligaciones de los empleadores colombianos. El Gobierno argumenta que el ajuste facilitará una mejor distribución de los ingresos y contribuirá al dinamismo económico, objetivos que —según la fuente consultada— alinean la política salarial con las metas macroeconómicas y sociales de la administración de Gustavo Petro.

El seguimiento para la publicación del nuevo decreto transitorio, así como las reacciones de los diversos actores sociales y económicos ante la ratificación del ajuste, marcarán el desarrollo de la agenda nacional en los próximos días. El resultado del proceso estará determinado por el balance entre la voluntad política del Gobierno, las exigencias legales del Consejo de Estado y el respaldo social evidenciado en las convocatorias a la movilización ciudadana.