Amnistía denuncia la "impunidad sistemática" en Libia 15 años después de la captura y ejecución de Gadafi

La muerte de varias figuras señaladas como responsables de crímenes graves, incluida la de Saif al Islam —hijo de Muamar Gadafi—, ha puesto de manifiesto la falta de capacidad de las autoridades libias para que los responsables enfrenten la justicia. A raíz de estos asesinatos, víctimas y familiares han visto restringido su acceso a la verdad y a procesos judiciales efectivos, mientras se mantiene la violencia política en Libia. Según reportó Amnistía Internacional, a quince años de la caída de Gadafi, las autoridades locales continúan sin tomar medidas sustanciales contra los acusados de violaciones a los derechos humanos, lo que genera un entorno donde persiste la impunidad y se perpetúan los delitos.

Según detalló Amnistía Internacional, desde el derrocamiento y muerte de Gadafi tras una guerra civil prolongada, las estructuras de poder en Libia no han disuelto las redes responsables de abusos y, por el contrario, han financiado y reconocido el accionar de diversas milicias. Integrantes de estos grupos han sido incorporados a instituciones estatales sin investigaciones rigurosas. Mahmud Shalaby, especialista de Amnistía Internacional para Egipto y Libia, declaró que el hecho de que los sospechosos de crímenes internacionales continúen sin rendir cuentas representa una traición hacia quienes sobrevivieron y perpetúa un ciclo de violencia que no encuentra freno.

El medio amplió que, pese al anuncio del Gobierno de unidad en Trípoli en mayo de 2025 de aceptar la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre presuntos abusos registrados entre 2011 y 2027, la medida ha resultado insuficiente. Amnistía Internacional calificó este paso como "insustancial" mientras no venga acompañado de acciones concretas para entregar a los acusados. La organización apuntó que las autoridades reconocidas internacionalmente y aquellas instaladas en el este del país han evitado detener y poner a disposición del TPI a individuos con órdenes de captura por crímenes de guerra o de lesa humanidad en territorio libio.

"El asesinato este mes de Saif al Islam —hijo de Gadafi— subraya la incapacidad y falta de voluntad del sistema de justicia libia para garantizar una rendición de cuentas y roba de forma irreversible a los supervivientes y familias de las víctimas de su derecho a la verdad y a la justicia", manifestó Shalaby según consignó Amnistía Internacional. El caso de Saif al Islam, imputado por el TPI por crímenes contra la humanidad vinculados al conflicto de 2011, se suma a una serie de asesinatos de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos, estableciendo un patrón que impide el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia para las víctimas.

Amnistía Internacional también citó el asesinato de Mahmud al Uerfali, antiguo comandante de una brigada relacionada con las fuerzas asentadas en el este libio. Al Uerfali, sobre quien pesaba una orden de detención emitida en 2017, fue abatido a tiros en 2021 en Benghazi, ciudad gobernada por una administración paralela con sede en Tobruk y respaldada militarmente por el general Jalifa Haftar. Otro ejemplo destacado incluye la muerte de Abdelghani al Kikli, conocido como 'Gheniua', exlíder miliciano muerto en mayo de 2025 en Trípoli. Este incidente provocó enfrentamientos armados entre distintos grupos rivales, agravando la tensión política en la capital.

El informe de Amnistía Internacional señala que la repetición de este tipo de homicidios afecta directamente la posibilidad de que las víctimas reciban justicia, ya que los responsables mueren antes de ser juzgados y sentenciados. La organización instó a las autoridades libias a intensificar la cooperación efectiva con el TPI y entregar a los acusados de delitos internacionales, además de asegurar que todas las personas presuntamente responsables sean procesadas conforme a garantías procesales.

En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas emitió un mensaje de reconocimiento al pueblo libio por el aniversario de la denominada Revolución del 17 de febrero, fecha en la que inició el levantamiento contra Gadafi en 2011. Según la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), "la determinación de los libios de vivir con dignidad bajo instituciones unificadas y responsables que representen la voluntad del pueblo sigue siendo evidente". No obstante, la misión advirtió sobre la persistencia de la fragmentación política, el estancamiento institucional y las dificultades económicas, problemas que —junto con los recientes hechos violentos— enfatizan la necesidad de establecer una visión nacional compartida.

La UNSMIL advirtió sobre los riesgos del mantenimiento del statu quo para la cohesión y la estabilidad del país y exhortó a los líderes políticos libios a enfrentar las causas estructurales de la crisis y priorizar el interés nacional en cualquier negociación. "Es hora de que todos los líderes libios aborden los desafíos políticos subyacentes que generan estas dificultades y se comprometan con una vía política que priorice los intereses nacionales por encima de todo", declaró UNSMIL en un mensaje difundido en redes sociales, según publicó Amnistía Internacional.

La misión de la ONU reiteró la urgencia de un diálogo auténtico y de trabajar de manera conjunta para garantizar un futuro seguro y estable para la población, subrayando que el asesinato de Saif al Islam, ocurrido dentro de su domicilio, elevó la tensión y el temor a una resurgencia del conflicto. En medio de estas dinámicas, persiste la demanda de que las autoridades cooperen con el TPI y cumplan con las órdenes de detención internacionales, objetivos considerados fundamentales para avanzar hacia una situación de justicia y reconciliación en Libia.

Amnistía Internacional insistió en que tanto el gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, como las entidades políticas instaladas en el este del país han fracasado en tomar medidas efectivas ante la impunidad. Nadie ha rendido cuentas por una serie de crímenes cometidos desde el inicio de la guerra civil, entre ellos violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de los llamados de organismos internacionales y de las víctimas mismas.

La persistente integración de miembros de milicias en las estructuras gubernamentales sin una depuración ni juicios adecuados remarca el problema reportado por Amnistía Internacional. La organización calificó como urgente que los responsables de crímenes bajo derecho internacional comparezcan ante tribunales competentes, señalando que la falta de procesos judiciales efectivos solo profundiza la sensación de injusticia y alienta la repetición de los abusos.

Según Amnistía Internacional, la ausencia de avances judiciales fomenta un ambiente donde las víctimas y sus familias permanecen sin reparación ni verdad, al mismo tiempo que los grupos armados refuerzan su influencia en la vida política y social de Libia. Esta situación, según el informe, dificulta la construcción de un Estado de derecho y alimenta la inestabilidad, en un contexto donde el acceso a la justicia sigue siendo inalcanzable para gran parte de la ciudadanía.