La magistrada encargada de investigar la gestión institucional durante la catástrofe de la DANA en Valencia ha decidido iniciar procedimientos internacionales dirigidos tanto a Telegram desde Bruselas como a WhatsApp en Estados Unidos con el objetivo de conseguir los mensajes intercambiados el 29 de octubre de 2024 por José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, según consignó el medio. Esta acción busca esclarecer las comunicaciones clave que Cuenca mantuvo ese día con Mazón, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, su exsubsecretario Emilio Argüeso, el antiguo secretario autonómico de Presidencia Cayetano García, y los ex altos cargos de Justicia Raúl Quílez y Alberto Martín Moratillas. De acuerdo con la información publicada, la jueza ha emitido una orden europea de investigación para Telegram con sede en Bruselas y ha solicitado una comisión rogatoria a Estados Unidos respecto a WhatsApp Inc., intentando así recuperar los mensajes que podrían ser relevantes para la causa en torno al siniestro, que cobró la vida de 230 personas en la provincia de Valencia.
La Guardia Civil trasladó a la jueza que, debido a los procedimientos y políticas de las plataformas de mensajería, deberán aplicarse distintos canales legales en función de cada empresa. Para intentar recuperar los mensajes de Telegram, se requiere una Orden Europea de Investigación dirigida a la empresa en Bruselas, mientras que para WhatsApp, la gestión pertinente consiste en una comisión rogatoria internacional hacia Estados Unidos, explicando que la filial de la empresa en Irlanda no sería la interlocutora adecuada, según reportó el medio. Estas gestiones parten de la necesidad de recuperar las comunicaciones vinculadas a la emergencia, ya que Cuenca devolvió el terminal móvil oficial a la Generalitat completamente reseteado y con los mensajes de WhatsApp borrados.
En la providencia publicada este lunes, la magistrada detalla que el móvil devuelto por Cuenca correspondía a un iPhone 14 Pro Max de 256GB en color negro, el mismo que el funcionario empleó durante la jornada de la catástrofe. Sin embargo, según un informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el dispositivo fue restablecido de fábrica el 7 de enero, antes de ser entregado a la DGTIC, lo que implica la eliminación de cualquier aplicación y datos almacenados en el dispositivo. Como parte de la investigación judicial, el 16 de enero Cuenca autorizó el acceso a su línea telefónica para intentar recuperar los mensajes, pero los técnicos de la DGTIC no lograron extraer ningún mensaje de WhatsApp ni siquiera utilizando la tarjeta SIM original en el terminal anterior.
La Guardia Civil, consultada por la magistrada, contactó al Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, responsable de este tipo de trámites. Según publicó el medio, en relación con el acceso a los mensajes de Telegram, las directrices recopiladas bajo el marco del Proyecto Sirius de Europol no mencionan la posibilidad de pedir el contenido de conversaciones. De todas formas, según respondió el equipo técnico, la única alternativa viable sería tramitar una Orden Europea de Investigación dirigida a la empresa Telegram Messenger INC con dirección en Avenue Huart Hamoir 71, 1031, Bruselas, Bélgica.
En el caso de WhatsApp, la Guardia Civil revisó las directrices del Proyecto Sirius y comprobó que, si la cooperación voluntaria no es posible, cuando las autoridades requieren la revelación de datos de tráfico o de contenido o se necesita asegurar la validez judicial de la información, debe seguirse el procedimiento de asistencia jurídica mutua (MLA, por sus siglas en inglés), orientado directamente a WhatsApp Inc. en Estados Unidos. "WhatsApp no almacena los mensajes una vez que se han entregado ni los registros de transacción de dichos mensajes entregados. Además, los mensajes no entregados se eliminan de los servidores después de 30 días. Para mejorar el rendimiento y entregar los mensajes multimedia de manera más eficiente, como cuando muchas personas comparten una foto o un video popular, WhatsApp puede conservar ese contenido en sus servidores durante un periodo de tiempo más largo", especificó el informe remitido a la jueza.
La propia aplicación señala que cuando se elimina una cuenta, la información que se almacenaba en la empresa también se borra, aunque este proceso puede prolongarse hasta 90 días. Durante ese plazo, algunas copias de seguridad persisten para restaurar información en situaciones de pérdida por desastres, errores de software u otros incidentes, aunque en estos casos los datos se desvinculan de cualquier identificador personal. De acuerdo con el informe policial, el acceso al contenido solamente sería posible a través de una comisión rogatoria hacia Estados Unidos, dirigida a WhatsApp Inc.
Para tramitar cualquiera de estas solicitudes, tanto a Telegram como a WhatsApp, la Guardia Civil subrayó la necesidad de que los identificadores de usuario sean detallados de forma precisa. La petición debe incluir los números de teléfono internacionales (en este caso, con el prefijo +34), correspondientes a las personas cuyas conversaciones se busque recuperar, permitiendo así que las plataformas localicen los registros de mensajería en cuestión.
El medio informó que la causa que motivó la investigación internacional se desencadenó luego del devastador impacto de la DANA en la provincia de Valencia, lo que provocó el fallecimiento de 230 personas y desató numerosas investigaciones sobre la gestión de la emergencia. Entre los intercambios que se intenta esclarecer se encuentran conversaciones clave mantenidas entre altos cargos de la Generalitat durante la jornada crítica.
Por último, la magistrada instó a la Guardia Civil a solicitar los mandamientos específicos para que los responsables de las plataformas colaboren en la localización de los mensajes de Cuenca. El objetivo reside en obtener pruebas documentales que permitan reconstruir el flujo de información entre funcionarios y esclarecer los hechos investigados. La recuperación de estos mensajes forma parte de una serie de diligencias impulsadas para dilucidar cómo se gestionó la emergencia y determinar si existieron irregularidades en la cadena de decisiones, un aspecto que ha motivado una compleja investigación judicial sobre la actuación y las comunicaciones de los implicados durante la catástrofe.
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