
Las autoridades rusas han puesto en marcha una normativa que, además de requerir pasaportes rusos para los menores residentes en territorios ucranianos ocupados, ha estrechado las alternativas para familias que pretendan salir de estos lugares tras la entrada en vigor de la ley en enero pasado. De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, mediante redes sociales y citado por sus servicios de Inteligencia, esta medida refuerza la presión sobre ucranianos que habitan en áreas controladas por Moscú desde la invasión lanzada en febrero de 2022.
Según declaró el Ministerio de Defensa británico, la mencionada legislación obliga a todos los menores de catorce años, tanto en Rusia como en los territorios ucranianos anexionados, a disponer de un pasaporte ruso si desean viajar al extranjero, con la excepción de destinos como Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán o las regiones controladas por Rusia en Georgia. La ley, vigente desde el 20 de enero, restringe en la práctica las opciones de movimiento internacional de las familias ucranianas, quienes ya se enfrentaban a obstáculos derivados del conflicto armado y la ocupación.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló que esta disposición tiene como propósito incrementar las dificultades para los ucranianos que buscan salir de los territorios ocupados con sus hijos menores. Además, según sostuvo el comunicado, se inscribe en el marco de una política más amplia de rusificación, cuyo objetivo es eliminar la cultura, la identidad y la condición estatal ucraniana en los territorios ocupados.
A esta nueva ley se sumó en marzo de 2025 un decreto firmado por el presidente ruso, Vladimir Putin, que exige a los ucranianos residentes en Rusia o en regiones ocupadas ajustar su estatus legal antes de septiembre próximo o, en su defecto, abandonar esos territorios. El medio británico informó que esta medida busca obligar a los ucranianos bajo control ruso a aceptar pasaportes y la ciudadanía de la Federación Rusa, una política que puede tener repercusiones inmediatas en el acceso a documentación, servicios, derechos y libertades individuales.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido también puntualizó que la aplicación de la nueva normativa implica el riesgo de reclutamiento obligatorio en las filas del Ejército ruso para los varones ucranianos de entre 18 y 30 años que cuenten con pasaporte ruso. Esta situación pone en relieve la presión adicional que enfrenta la población ucraniana masculina en edad de servicio militar, en un contexto donde la presencia rusa intensifica el control administrativo y militar sobre la población local.
Las autoridades británicas interpretan estas recientes decisiones como parte de un patrón sistemático de medidas adoptadas por Moscú desde el inicio de la invasión, dirigidas a consolidar el dominio ruso y debilitar la cohesión nacional ucraniana. Según reportó el Ministerio de Defensa, la imposición de documentación y ciudadanía rusa constituye otro paso en la estrategia de Rusia para afianzar la integración forzada de las regiones ocupadas y dificultar la huida de quienes rechazan ese control.
Las restricciones sobre el movimiento y los requisitos documentales tienen como consecuencia directa la reducción de vías legales para que las familias ucranianas puedan buscar refugio o asilo fuera de los territorios ocupados, al mismo tiempo que refuerzan la presencia de elementos jurídicos y administrativos propios de Rusia en zonas internacionalmente reconocidas como parte de Ucrania.
El conjunto de estas medidas, de acuerdo con las evaluaciones británicas citadas por el Ministerio de Defensa, refleja el esfuerzo ruso por transformar profunda y rápidamente la composición social, legal y cultural de los territorios ocupados, mediante presiones sobre las personas y la imposición de nuevas reglas que dificultan el regreso a la situación previa a la guerra.
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