
Durante el pleno en el Congreso de los Diputados, la diputada Carmen Fúnez señaló a la ministra de Sanidad, Mónica García, como “la responsable de la conflictividad sanitaria más alta de España desde hace décadas”, relacionando esta situación con una presunta “falta de diálogo”, “sectarismo” e “incoherencia” de la titular sanitaria. Según detalló el medio, Fúnez argumentó que las recientes decisiones ministeriales acentuaron ese escenario, especialmente con la presentación de un anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado el martes en Consejo de Ministros, y mencionó la publicación, en la misma jornada, de un contrato de privatización del servicio de psiquiatría en Ceuta firmado por la ministra. Estas observaciones surgieron en el contexto de la pregunta de la diputada del Partido Popular sobre si la ministra iba a asumir responsabilidad o dar explicaciones respecto a las huelgas convocadas por sindicatos médicos.
De acuerdo con la información publicada, Mónica García respondió que asume “con todo el orgullo” su “responsabilidad” por la defensa de la sanidad pública, reivindicando su actuación al frente del ministerio desde que asumió la cartera. García subrayó que su trabajo ha estado orientado a limitar la colaboración público-privada, actualizar el Estatuto Marco y ampliar el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada. Añadió: “Entono un ‘mea culpa’ por defender nuestra sanidad pública de sus falsas preocupaciones y de sus intentos de cargársela”, declaración recogida en la sesión parlamentaria y citada por la agencia.
La ministra remarcó durante su intervención que uno de los hitos legislativos de su gestión ha sido el impulso del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, presentado en Consejo de Ministros, cuyo objetivo es, según sus palabras, proteger el sistema sanitario frente a intentos de privatización. “Una integridad por la que por supuesto que me puse en huelga y por la que por supuesto que convoqué manifestaciones. ¿Para qué? Para librar a los españoles y a los madrileños de sus ansias privatizadoras y de sus ansias especuladoras”, afirmó García, en críticas directas a las políticas del Partido Popular, según recogió el medio.
Tal como publicó la fuente, la ministra recalcó también su compromiso con revertir los recortes impulsados por anteriores gobiernos del Partido Popular, haciendo especial énfasis en el aumento de las plazas ofertadas para la Formación Sanitaria Especializada. Detalló que bajo su gestión se ha alcanzado la cifra de 12.366 profesionales en esta etapa formativa. García reclamó al grupo popular haber asumido “el mayor recorte en nuestros profesionales” en épocas precedentes.
Adicionalmente, la titular de Sanidad destacó la recuperación del Estatuto Marco después de 23 años de permanecer sin actualizar, señalando que, durante ese periodo, no constató debates desde el Partido Popular acerca de cuestiones como las guardias, las condiciones laborales o la defensa del propio sistema sanitario. Acusó al grupo popular de acordarse de los profesionales solo cuando puede emplear ese interés como “arma arrojadiza contra el Gobierno de España”, citó la agencia.
La intervención de Fúnez también aludió a que el Estatuto Marco presentado carece, en su opinión, de los informes necesarios del Ministerio de Función Pública y del Ministerio de Hacienda, además de señalar la ausencia de participación de los médicos en su elaboración. Sumó críticas al referirse a supuestos problemas de organización en los exámenes de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, calificando la situación actual en el sector como un “clima de caos y confrontación”.
En ese sentido, la representante popular llevó el debate al terreno de la responsabilidad política, cuestionando que García continúe en el cargo pese a la situación descrita y afirmó: “Si hubiese sido un gobierno del Partido Popular, ¿qué habría pasado? Pues yo se lo digo, que la ministra hubiese estado en la calle desde hace semanas y desde hace meses”.
A lo largo de su intervención, Mónica García defendió la legitimidad de sus políticas y la orientación reformista de su mandato, asegurando que la defensa activa de la sanidad pública y el impulso de nuevas normativas buscan consolidar la integridad y el carácter público del sistema de salud. Según reportó el medio, la ministra se mostró firme en su rechazo a las acusaciones de falta de diálogo y defendió la apertura de procesos participativos en las reformas legales en curso.
El debate parlamentario reflejó la persistencia de divergencias entre el Gobierno y la oposición sobre el rumbo de la sanidad pública y la gestión de los recursos humanos y materiales del sistema nacional. Según consignó el medio, las posturas enfrentadas giraron en torno a la valoración de las recientes medidas normativas, las políticas de privatización, la gestión del personal sanitario y la respuesta ante las convocatorias de huelga por parte de los sindicatos médicos.
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