
La asociación Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) indicó que desde 2020 casi 300 personas han enfrentado imputaciones por delitos de lesa majestad en Tailandia. Según publicó el 'Bangkok Post', la Justicia tailandesa sentenció el martes a Pruttikorn Sarakul, conocido como Ton Pai, a 30 años adicionales de prisión por mensajes contra la monarquía publicados en redes sociales, sumando así una condena total de 50 años de cárcel. Esta resolución se destaca por su severidad en el uso de la ley de lesa majestad, la cual contempla penas de hasta 15 años por cada cargo relacionado con insultos a la Casa Real.
Las publicaciones que motivaron la condena de Pruttikorn ocurrieron entre 2021 y 2022, detalló el medio tailandés. Previamente, en diciembre del año anterior, se dictó contra él una sentencia de 20 años de prisión por contenidos similares publicados en Facebook. El fallo más reciente se sumó a esa condena previa, aumentando considerablemente el tiempo que deberá pasar en prisión.
La legislación tailandesa referente a la lesa majestad ha recibido amplio escrutinio por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos. Según reportó el 'Bangkok Post', entidades como TLHR han advertido consistentemente sobre el uso de esta normativa para coartar las libertades de expresión. Los grupos defensores consideran que las autoridades emplean estos cargos para reprimir a quienes expresan opiniones contrarias a la monarquía o disienten del discurso oficial.
La figura de la Casa Real mantiene un estatus consolidado dentro de la sociedad tailandesa. La aplicación estricta y frecuente de la ley de lesa majestad ha generado preocupación internacional por los alcances de las restricciones sobre la libertad de opinión. Hasta el presente, los tribunales tailandeses pueden imponer una pena de hasta 15 años de prisión por cada acto imputado de insulto al rey, lo que lleva a sentencias acumulativas de gran duración, tal como evidencian los 50 años impuestos en el caso de Pruttikorn Sarakul.
De acuerdo con 'Bangkok Post', ésta constituye una de las sentencias más voluminosas dictadas bajo la referida legislación en la historia contemporánea de Tailandia. El caso alimenta el debate sobre el margen de acción permitido a la disidencia política y a la oposición pública en el país. Por su parte, los defensores de derechos humanos insisten en que los tribunales tailandeses aplican estas medidas para desalentar cualquier forma de crítica o cuestionamiento hacia la monarquía.
A partir del análisis realizado por TLHR y publicado en 'Bangkok Post', entre 2020 y la fecha del fallo se registraron cerca de 300 imputaciones por lesa majestad a lo largo del país, evidenciando el uso sistemático de la ley para el control del discurso público en torno a la realeza.
La severidad de la pena impuesta a Pruttikorn Sarakul se inscribe en una tendencia de endurecimiento en el tratamiento judicial de los delitos relacionados con la majestad. Mientras tanto, las protestas y demandas por reformas legales en torno al papel de la monarquía persisten como elementos presentes dentro de la agenda política y social tailandesa, en un contexto de continuos reclamos por mayor libertad de expresión y participación democrática, según consta en las informaciones recabadas por el diario tailandés.
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