El Gobierno incluye la prestación universal por crianza en una estrategia con 100 metas a cumplir hasta 2030

Las previsiones oficiales indican que, con solo 100 euros mensuales por hijo, sería posible sacar de la pobreza a 270.000 menores en España. Europa Press señaló que este cálculo se fundamenta en un estudio de UNICEF divulgado en noviembre de 2025, el cual detalla que la creación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales tendría un impacto aún más extenso y permitiría mejorar la situación económica de alrededor de 530.000 niños y niñas, contribuyendo de este modo a una reducción estimada de 7,1 puntos porcentuales en la tasa de pobreza infantil.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, según detalló Europa Press, una estrategia nacional compuesta por 100 metas hasta 2030, dentro de la cual la implementación de la prestación universal por crianza ocupa un lugar destacado. La propuesta surgió del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, quien sostiene que se trata de "una de las medidas más novedosas" de la hoja de ruta gubernamental y destaca su inclusión como "derecho" en una planificación estatal por primera vez. Europa Press informó que el objetivo es ofrecer la prestación a la totalidad de familias con hijos menores bajo su cargo, con la esperanza de erradicar los casos más graves de pobreza infantil antes del cierre de la década.

El estudio de UNICEF, titulado "El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil", concluye que el despliegue de esta ayuda económica puede ser determinante en la lucha contra el empobrecimiento de la infancia en el país. La ONG subraya la necesidad de priorizar una ayuda de 100 euros por hijo en aras de garantizar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, dadas las implicaciones logísticas y fiscales, mientras que considera que una prestación de 200 euros aumentaría la eficacia en la reducción de la pobreza, aunque su aplicación sería más gradual.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha posicionado reiteradamente a favor de una política de ayuda universal por cada hijo y apuntó, durante la presentación del informe de UNICEF, que existen recursos para desplegar de forma progresiva la medida propuesta. De acuerdo con datos recogidos por Europa Press, Rego expresó que "la pobreza infantil tiene un coste de casi 65.000 millones de euros y erradicarla supondría entre 11.000 y 15.000 millones". El alcance del problema y el volumen de la inversión necesaria sitúan esta estrategia como una de las apuestas más importantes del actual ciclo político en España.

Entre los principales propósitos de la hoja de ruta del Ministerio figuran metas orientadas a la reducción significativa de la desigualdad social y la pobreza. Europa Press consignó que uno de los diez hitos esenciales es minimizar la tasa Arope —el índice de riesgo de pobreza y exclusión social— en un 10%, para situarla por debajo del nivel medio de la Unión Europea. Para este plan, cobran prioridad las políticas dirigidas a familias monomarentales, identificadas como las más afectadas por la precariedad económica.

La estrategia igualmente asigna relevancia a la reducción de la brecha salarial de género, fijando como meta disminuir este diferencial al 10%. Incluye una baja del porcentaje de contratos a tiempo parcial entre mujeres, con la finalidad de lograr que estos representen solo el 55% en comparación con los hombres, así como un aumento del 5% en la tasa de actividad femenina. Además, contempla un incremento del 50% en el acceso y finalización de estudios superiores o de formación técnica avanzada por parte de personas con discapacidad, poniendo especial atención en la situación de mujeres con discapacidad.

Se ha puesto en marcha, según reiteró Europa Press, una serie de medidas para incrementar la visibilidad de los delitos de odio y los discursos discriminatorios. Otro frente de acción es la digitalización total de los trámites de extranjería, que busca simplificar y unificar los procedimientos, así como reducir los tiempos de resolución, asegurando un acceso presencial para las personas que lo soliciten. La reducción del abandono escolar temprano al 9% constituye otra de las directrices prioritarias, con particular atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad.

La planificación gubernamental establece un refuerzo para el acceso y la inversión en vivienda. El plan es destinar 7.000 millones de euros durante los próximos cuatro años con la meta de que el 5% del stock de vivienda sea de alquiler social, lo que implica triplicar la inversión pública actual. Europa Press explicó que se contempla también incorporar al mercado de alquiler hasta un 10% de las viviendas que actualmente se utilizan como alojamientos turísticos. El acceso a la vivienda para la juventud aparece destacado como objetivo, con la intención de reducir la edad de emancipación de este grupo demográfico.

En sus líneas de acción para el área medioambiental y económica, la estrategia del Ejecutivo estipula avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética, aumentar la penetración de energías renovables y reducir los gases de efecto invernadero. El documento oficial consigna una asignación de recursos específica para hacer frente a emergencias derivadas de fenómenos climáticos extremos. Según Europa Press, el Estado también promoverá el denominado "turismo verde y de interior", así como una economía social con una estructuración social y territorial más equilibrada en todo el país.

El Ministerio de Derechos Sociales precisó a Europa Press que la elaboración de esta estrategia implicó la colaboración de todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil, organismos académicos y representantes del sector privado. Fuentes ministeriales detallaron que el propósito general es orientar la distribución de recursos y las políticas públicas a nivel nacional, autonómico y local.

Europa Press informó que, al tratarse de una estrategia de largo plazo y no de una ley aprobada en el Parlamento, las medidas incluidas aún no cuentan con una dotación presupuestaria asignada; la financiación deberá definirse al momento en que se concreten cada una de ellas a través de los mecanismos pertinentes. El contenido de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible sustituye a la anterior guía nacional, vigente de 2020 a 2025, integrando los nuevos desafíos y prioridades hasta el año 2030.