Delgado (Podemos) cree el acuerdo UE-Mercosur "estocada" a sector con reproche a "bipartidismo, misma cara de la moneda"

Según declaraciones recientes, la reducción de más del 20% en la Política Agraria Común (PAC), junto con la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, ha desencadenado una preocupación considerable entre los agricultores y ganaderos de Andalucía, quienes también deben afrontar el impacto de las inundaciones provocadas por temporales. Esta triple adversidad económica y productiva figura entre las principales inquietudes expresadas por Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, quien considera el acuerdo UE-Mercosur una amenaza que puede comprometer seriamente la continuidad del sector primario en la región, según informó el medio Europa Press.

Durante su presencia en una movilización de tractores organizada en Sevilla por organizaciones agrarias en rechazo a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, Delgado enfatizó que este pacto supone, en sus palabras, “una puñalada que podría suponer la estocada definitiva de muchos agricultores y ganaderos”. Además, Europa Press consignó que el vocero adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía incluyó este tratado comercial dentro de una secuencia de factores negativos para el campo andaluz, recordando además la drástica reducción de ayudas comunitarias y los daños directos causados por recientes inclemencias meteorológicas.

Delgado responsabilizó a las formaciones PSOE y PP, a quienes definió como “la misma cara de la moneda”, de un abandono institucional sistemático hacia quienes producen alimentos en la comunidad autónoma. Según detalló Europa Press, el dirigente político cuestionó decisiones adoptadas tanto en Bruselas como desde el Gobierno de España, resaltando la falta de respaldo concreto y la ausencia de políticas que amortigüen las consecuencias de estos múltiples frentes desfavorables.

El candidato de Podemos Andalucía propuso la activación de un plan de choque con carácter urgente. Esta estrategia, según sus declaraciones reproducidas por Europa Press, tendría como objetivo enfrentar unas pérdidas económicas superiores a 2.500 millones de euros derivadas de los temporales recientes que han perjudicado a los cultivos y la ganadería. Delgado insistió en la necesidad de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, utilice todas las herramientas legales recogidas en el Estatuto de Autonomía para tomar medidas inmediatas que contribuyan a atenuar la crisis vigente en el sector agrícola y ganadero de Andalucía.

En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Delgado subrayó que la economía agraria en Andalucía representa alrededor del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y constituye la base del desarrollo para unas 300.000 familias. Remarcó que, a pesar de la relevancia económica y social de esta actividad, el sector siente que ha sido dejado de lado por las principales fuerzas políticas, lo que ha incrementado su vulnerabilidad frente a los desafíos actuales.

El diputado autonómico dirigió críticas puntuales tanto a la acogida positiva del acuerdo por parte del Ejecutivo central, cuya sede es el Palacio de la Moncloa, como a miembros concretos del Gobierno, según reportó Europa Press. Delgado manifestó incomprensión ante el “triunfalismo” que, a su juicio, ha imperado en la recepción de este acuerdo comercial y cuestionó públicamente qué motivos existen para celebrar un hecho que, según él, conlleva riesgos significativos para “nuestro sector primario”.

Delgado también llamó la atención sobre la labor del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En su intervención, consignada por Europa Press, expresó dudas respecto a cómo un ministro de origen andaluz puede adoptar posturas que considera perjudiciales para agricultores y ganaderos de su comunidad. Igualmente, se refirió a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resaltando la necesidad de un posicionamiento claro y visible por parte de quienes ostentan responsabilidades de primer nivel en el Gobierno central, especialmente en periodos de crisis como el actual.

A lo largo de su comparecencia ante los medios, Delgado reiteró que la solución a corto plazo requiere acciones directas y urgentes orientadas a paliar los efectos inmediatos de la crisis agraria y ganadera, además de una revisión de acuerdos internacionales que, en su opinión, no tienen en cuenta la situación específica de los productores locales. Europa Press recogió sus demandas de políticas activas, coordinación institucional y reformas que respondan a los retos derivados de la globalización y los acuerdos comerciales multilaterales.

La protesta de Sevilla, en el contexto de la cual Delgado expuso estas posiciones, buscó visibilizar el descontento y la inquietud del sector agrario ante la apertura comercial entre Europa y el bloque sudamericano integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los convocantes argumentaron, según destacó Europa Press, que el acuerdo amenaza con incrementar la competencia desleal, devaluando productos locales y dificultando la viabilidad de explotaciones familiares que dependen de condiciones de mercado más favorables y regulaciones homogéneas.

Las demandas expresadas en este contexto incluyen la renegociación o la suspensión del acuerdo UE-Mercosur, la revisión de las ayudas de la PAC y la adopción de medidas inmediatas para contrarrestar el impacto de las inundaciones. Según el seguimiento de Europa Press, los portavoces del sector primario proponen que las instituciones autonómicas, estatales y comunitarias prioricen la recuperación del sector y garanticen la sostenibilidad de los productores ante el nuevo escenario económico y comercial.

Europa Press recogió además que el debate sobre el acuerdo UE-Mercosur forma parte de una agenda política más amplia, en la que los partidos con representación en Andalucía deben definir su postura respecto a las políticas de comercio internacional, la protección del tejido rural y el mantenimiento del empleo en el campo. La presión social y las movilizaciones del sector confirman la magnitud del reto que enfrenta la comunidad en esta coyuntura decisiva.