Sin acuerdo entre el Gobierno y la promotora del Algarrobico para la expropiación parcial de los terrenos

La promotora Azata del Sol planteó una valoración de 44,5 millones de euros por los terrenos donde se levanta parte del hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras, así como por los daños y bienes vinculados, y reclamó dicho importe como justiprecio en el procedimiento de expropiación impulsado por el Gobierno central. Esta cifra, según detalló eldiario.es y fue confirmada por Europa Press a través de fuentes oficiales, contrasta con la cantidad ofrecida por el Ejecutivo español para la adquisición parcial de los terrenos sobre los que tiene competencias, lo que ha generado un fuerte desacuerdo entre ambas partes.

De acuerdo con la información divulgada por eldiario.es, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) estableció una oferta cercana a los 16.500 euros por la extensión de suelo afectada, que corresponde a la parte del hotel situada dentro de la zona de servidumbre marítimo-terrestre. La discrepancia en la valoración económica llevó a que, hasta el momento, no se haya alcanzado un pacto sobre el importe de la expropiación forzosa, conforme lo dispuso la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un anuncio realizado desde la propia playa hace un año.

La situación legal de los terrenos divide el hotel en dos partes: por un lado, la zona en la que el Miteco posee competencias—unos 16.432 metros cuadrados afectados por la servidumbre de protección—y, por otro, el área alquilada en suelos protegidos que forman parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, declarados como no urbanizables y gestionados por la Junta de Andalucía. Sobre estos últimos terrenos, no existe hasta la fecha una iniciación formal de expropiación similar.

Según consignó Europa Press, representantes de la promotora Azata del Sol confirmaron los valores económicos aportados en ambas ofertas, aunque no explicitaron cuáles serán los siguientes pasos que adoptarán. En el curso del procedimiento, la mercantil ya interpuso un recurso judicial contra el inicio del expediente de expropiación. Más adelante, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolvió en diciembre denegar las medidas cautelares que la empresa solicitó para tratar de frenar la resolución administrativa que declaraba la necesidad de ocupar los terrenos. El tribunal no se pronunció todavía sobre el fondo del asunto.

El Gobierno procedió a la expropiación parcial de la superficie que ocupa el hotel en virtud de una declaración de utilidad pública. El acuerdo fue adoptado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero de 2025, conforme a lo dispuesto por la Ley de Costas. El objetivo principal de esta iniciativa radica en garantizar la protección de los espacios afectados por la servidumbre de protección, detalló Europa Press en base a fuentes oficiales.

Las comunicaciones formales entre las partes muestran que Costas rechazó el 21 de enero la demanda económica de la promotora y realizó una contraoferta con una cuantía significativamente inferior. La empresa recibió el traslado de esta propuesta el 30 de enero y contaba entonces con un plazo de diez días para decidir si la aceptaba.

En caso de que la compañía rechace el importe ofrecido por el Estado, el procedimiento establece que un jurado provincial de expropiación será el encargado de determinar el valor final de la indemnización. Además, es posible que la disputa se resuelva en los tribunales si persiste la falta de acuerdo, como reportó eldiario.es.

La superficie total del hotel, según datos catastrales recogidos por Europa Press, suma unos 32.654 metros cuadrados, aunque la actuación administrativa afecta solo a la zona bajo responsabilidad estatal. La resolución de este proceso influye en el futuro del polémico edificio, cuya integración en el litoral de Carboneras permanece bajo análisis y ha suscitado controversia desde su construcción, al tratarse de un enclave protegido por la legislación ambiental.

Desde el inicio del proceso expropiatorio, los movimientos en torno al hotel de El Algarrobico han implicado tanto cuestiones de competencia administrativa como de valoración económica y medioambiental. Por parte de la administración andaluza, la Junta mantiene la gestión sobre los suelos no urbanizables del parque natural, sin que exista por ahora un plan de intervención similar al emprendido por el Gobierno de España sobre la otra mitad del inmueble.

Tal como señalaron eldiario.es y Europa Press, el desencuentro entre las valoraciones planteadas por la administración estatal y la promotora Azata del Sol mantiene paralizado el proceso de expropiación parcial. El caso podría continuar su ruta hacia la resolución judicial, de acuerdo con la normativa vigente y las decisiones que tome la compañía en respuesta a la última oferta gubernamental oficializada a finales de enero.