O.Próx-AMP- El Gabinete de Seguridad israelí aprueba más competencias para asentamientos y confiscaciones en Cisjordania

La divulgación de registros de tierras en Cisjordania, que antes permanecían reservados, figura entre los cambios introducidos por la reciente reforma administrativa aprobada por el Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros de Israel. Según informó Europa Press, esta medida permite que cualquier interesado conozca la identidad de los propietarios de terrenos en la región, abriendo la posibilidad de que se les formulen ofertas de compra. Esta decisión forma parte de una reestructuración profunda en la gestión territorial de Cisjordania, promovida por el Ejecutivo israelí y respaldada por los ministros Bezalel Smotrich (Finanzas) e Israel Katz (Defensa), que otorga a las autoridades israelíes mayores capacidades para autorizar nuevos asentamientos, confiscar tierras e intervenir en el cuidado de lugares religiosos en disputa.

De acuerdo con Europa Press, la iniciativa representa un giro en la política vigente desde 1997, la cual establecía que cualquier nueva construcción en la ciudad antigua de Hebrón requería la aprobación conjunta de instituciones palestinas e israelíes. La reforma ahora faculta a Israel para asumir de manera directa esas competencias, eliminando mecanismos de aprobación compartida. Smotrich y Katz han remarcado que el propósito es dejar atrás lo que describieron como “barreras vigentes desde hace décadas” y permitir un desarrollo acelerado de los asentamientos, al modificar y derogar normativas previas, entre ellas una ley de origen jordano que impedía a personas no musulmanas adquirir tierras en Cisjordania.

El diario recoge que la reforma también introduce una "autoridad municipal específica" destinada a la administración de la Tumba de Raquel en Belén, la cual tendría a su cargo funciones de limpieza y mantenimiento. Además, la nueva política amplía las competencias de seguridad en las denominadas zonas A y B, acordadas en los Acuerdos de Oslo, que reconocían el control civil palestino y mixto (palestino-israelí), respectivamente. Ahora, las autoridades israelíes podrán intervenir en ámbitos como gestión del agua, prevención de daños a sitios arqueológicos y protección ambiental, incluido el control de la contaminación.

Según el medio Europa Press, representantes del Consejo de Yesha, que agrupa a las colonias judías de Cisjordania, han respaldado públicamente la reforma, al considerarla un refuerzo de la soberanía israelí sobre el territorio “de facto”.

Desde el lado palestino, la reacción oficial fue el rechazo frontal. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, describió las nuevas disposiciones como “ilegítimas e ilegales”, afirmando que no generan efectos legales y que extienden los planes de anexión y desplazamiento, en violación de los acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel. Abbas enfatizó que estas disposiciones contravienen los Acuerdos de Oslo y el Acuerdo de Hebrón, por los cuales se preveía un reparto de competencias y control en territorios determinados. El dirigente palestino remarcó que la OLP persistirá en sus esfuerzos para proteger las tierras y derechos palestinos, con la meta de lograr un Estado independiente en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

El presidente de la Autoridad Palestina también mencionó el marco del Derecho Internacional, que rechaza la colonización de territorios ocupados militarmente y el desplazamiento forzoso de la población originaria. En su declaración, recogida por Europa Press, Abbas llamó tanto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como al gobierno estadounidense a intervenir de inmediato ante lo que calificó como “decisiones peligrosas” por parte del gobierno israelí. Abbas valoró la reforma como “una profundización de los intentos de anexionarse la Cisjordania ocupada y una continuación de la guerra del Gobierno contra los palestinos”, respaldando la defensa de los derechos nacionales e históricos palestinos en esos territorios.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) también emitió su postura a través de Hazem Qassem, portavoz del grupo, en declaraciones citadas por el diario palestino 'Filastín' y reseñadas por Europa Press. Qassem consideró que la reforma persigue “extender la guerra de exterminio y eliminar la presencia palestina en todo el territorio palestino”, asociando la política israelí a un “programa colonial” que implica una “amenaza existencial real” para la población palestina y sus derechos. A raíz de ello, Hamás ha abogado por una respuesta unificada entre las diferentes fuerzas políticas palestinas.

Según Europa Press, los ministros Smotrich y Katz subrayaron como uno de los objetivos centrales de la iniciativa la “normalización de la vida en la ribera occidental” y profundizar el rechazo a la creación de un Estado palestino, marcando una postura explícita contra esa posibilidad. Otro de los elementos innovadores de la reforma incluye la intención de proveer seguridad legal y civil a los colonos, garantizando que la expansión y el desarrollo de los asentamientos judíos se ajusten a estándares comparables a los del resto de Israel, de acuerdo con el comunicado oficial citado por Europa Press.

Los cambios ponen fin a una fase en la que la gestión territorial y ciertas competencias administrativas dependían de acuerdos y normas impulsados durante el periodo del dominio jordano y los ententes bilaterales de la década de 1990 entre palestinos e israelíes. La publicación de los registros de tierras, hasta ahora confidenciales, habilita una mayor transparencia en las transacciones inmobiliarias y acceso a la información sobre la propiedad, según detalló Europa Press.

La reforma ha intensificado posicionamientos opuestos tanto en el plano político local como a escala internacional, dado que modifica puntos centrales de los acuerdos firmados tras los históricos pactos de Oslo y Hebrón. Las repercusiones alcanzan aspectos legales, administrativos y políticos, y afectan directamente tanto a la situación de las comunidades palestinas como de los colonos judíos en Cisjordania.