Rodríguez afirma que "peleará" para que el Congreso no tumbe de nuevo la moratoria de desahucios

La titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, expresó su preocupación respecto a las consecuencias que tendría el rechazo parlamentario al decreto del escudo social, el cual incluye la extensión de la moratoria frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. Según informó Europa Press, la ministra señaló que, en caso de que Junts decida votar en contra de este texto normativo, el partido deberá explicar a la ciudadanía catalana su postura y el impacto que tendría para quienes esperan ayudas y protecciones.

Rodríguez insistió, en declaraciones emitidas a TVE y recogidas por Europa Press, en la determinación del Gobierno para conseguir que la Cámara Baja no rechace nuevamente el decreto. La ministra afirmó que el Ejecutivo “va a pelear para que no sea así” y expresó su confianza en que finalmente se alcance un respaldo suficiente entre los grupos parlamentarios. En su intervención, subrayó que “el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad, y con mucha más dificultad quizás en esta última legislatura, ser capaz siempre de dar pasos para avanzar”.

De acuerdo con el medio Europa Press, la responsable de Vivienda sostuvo que la política de vivienda es un área prioritaria y reiteró la importancia de responder a las demandas sociales en este terreno. Rodríguez recalcó que la ciudadanía exige soluciones y avances en materia de vivienda y que, por ello, el Ejecutivo centra sus esfuerzos en lograr consensos que permitan mantener la protección ante los desahucios.

Durante su intervención, la ministra hizo hincapié en la dificultad de justificar un voto negativo al decreto. Argumentó que, aunque votar en contra de la subida de pensiones resulta complejo, también lo es rechazar la continuidad de los incentivos fiscales para quienes realizaron obras de rehabilitación en sus viviendas. La ministra consideró que Junts debería explicar por qué se niega a estas deducciones, que afectan a numerosos catalanes que contaban con ellas en su declaración de la renta.

El medio Europa Press añadió que Rodríguez cuestionó la lógica detrás del posible rechazo por parte de Junts. En concreto, planteó dudas acerca de la decisión de votar en contra de medidas que benefician a quienes afrontan dificultades para cubrir gastos esenciales, como la factura de la electricidad. Según Rodríguez, el Estado dispone de presupuesto para destinar ayudas a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad energética, por lo que consideró necesario proteger estos apoyos.

Europa Press detalló que la ministra situó el voto de Junts dentro de un contexto político más amplio. Sostuvo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa medidas que buscan favorecer a sectores vulnerables y que dificultan que estos partidos puedan oponerse sin ofrecer explicaciones fundadas a la ciudadanía. Rodríguez afirmó que “es muy difícil votar que no” a este conjunto de iniciativas porque están diseñadas para responder a necesidades concretas y urgentes.

La prolongación de la moratoria de desahucios forma parte de un paquete de medidas integradas en el llamado escudo social. Esta moratoria impedirá, hasta fines del año 2026, que se ejecuten ciertos desalojos, especialmente aquellos que afectan a personas en situación de vulnerabilidad. Europa Press subrayó la relevancia de esta normativa en el contexto actual, donde los efectos socioeconómicos de la pandemia y otras crisis han acentuado las dificultades de acceso a la vivienda para numerosos ciudadanos.

Al insistir en la urgencia de la protección social, Rodríguez recordó que el Ejecutivo ha actuado reiteradamente para contener los desahucios desde el inicio de la pandemia, apostando por garantizar derechos básicos ante situaciones de emergencia. Europa Press informó que el Gobierno se propone mantener esta línea de actuación, reforzando los recursos destinados a los sectores más expuestos a la pérdida de vivienda.

Finalmente, la ministra señaló que el respaldo parlamentario al decreto no solo afecta a las personas que podrían enfrentarse a un desalojo, sino también a quienes dependen de apoyos estatales para afrontar el pago de servicios básicos o esperan incentivos fiscales que han sido contemplados en la normativa. La responsable de Vivienda reafirmó, según Europa Press, la intención del Ejecutivo de implicar a todas las fuerzas políticas en la búsqueda de soluciones, instando a los grupos que prevén rechazar el decreto a reconsiderar su postura y a justificar ante la sociedad los motivos de su negativa.