
Sentencias de hasta 35 años de prisión alcanzaron a varios opositores políticos tunecinos, entre ellos figuras que residen fuera del país, después de que un tribunal de apelaciones resolviera dictámenes en rebeldía. Entre las personas procesadas figura Nadia Akacha, exjefa de gabinete del presidente Kais Saied, y Muad Ghanuchi, hijo del líder islamista Rachid Ghanuchi. Estos dictámenes se suman al endurecimiento de penas impuesto a distintos integrantes de la oposición tras acusaciones por “conspiración contra el Estado”, proceso considerado por organizaciones opositoras como una estrategia orientada a reducir la disidencia y reforzar el control del actual jefe de Estado. La noticia fue recogida y difundida por Mosaique FM y ampliada en diversos medios internacionales.
Según publicó Mosaique FM, el tribunal tunecino ratificó y aumentó las condenas que anteriormente pesaban sobre figuras políticas, incluidas penas de 20 años de prisión para Rachid Ghanuchi, dirigente histórico del partido Ennahda y expresidente del Parlamento, así como para Kamel Bedui. En ambos casos, la condena supera en seis años el fallo inicial de catorce años dictado en primera instancia. Estas decisiones judiciales forman parte de un proceso en el cual varios opositores han sido señalados por participar en presuntas maniobras contra las instituciones estatales.
El tribunal también impuso sentencias a quienes no se encuentran en territorio tunecino. Las penas contra Nadia Akacha y Muad Ghanuchi alcanzan los 35 años de prisión y afectan a un grupo más amplio de personas consideradas en rebeldía por la justicia local. Estas acciones forman parte de un proceso que ha involucrado a distintos exfuncionarios y familiares de figuras reconocidas en el panorama político tunecino.
Desde su reclusión en 2023, Rachid Ghanuchi ha recibido distintos fallos judiciales en su contra, incrementando la duración de su encarcelamiento hasta los 50 años. Ghanuchi, de 84 años, presidió el Parlamento disuelto en 2021 por decisión del presidente Saied, episodio que coincidió con la asunción de todos los poderes por parte del mandatario y el desplazamiento de las autoridades legislativas y ejecutivas.
De acuerdo con lo consignado por Mosaique FM, tanto Ghanuchi como el resto de los implicados han desestimado las acusaciones en reiteradas ocasiones. Argumentan que los procesos judiciales derivan de motivaciones políticas y buscan marginar a los actores opositores, debilitando la resistencia al gobierno de Saied, cuya gestión ha sido cuestionada por una supuesta deriva hacia el autoritarismo tras la disolución de las instituciones en 2021.
Las protestas y declaraciones contra las recientes sentencias fueron canalizadas principalmente a través del Frente de Salvación Nacional (FSN), la principal agrupación opositora, que reúne a diferentes partidos críticos de Saied. Voceros del FSN han solicitado la dimisión del mandatario, citando la escalada de detenciones de líderes opositores, activistas sociales y periodistas. La oposición señala también que la baja participación ciudadana tanto en el referéndum constitucional de 2022 como en los procesos electorales posteriores evidencia un clima de desconfianza e insatisfacción con el actual curso político, según detalla Mosaique FM.
La oleada de detenciones comenzó después de que Kais Saied disolviera el Parlamento y asumiera el control de todas las competencias estatales, justificando la medida como necesaria para restablecer la estabilidad. Desde entonces, diferentes sectores nacionales e internacionales han cuestionado el impacto de estas políticas sobre las libertades civiles y el pluralismo político en Túnez.
Hasta el momento, los principales condenados continúan negando los hechos presentados como argumento de la justicia y señalan que las decisiones judiciales buscan consolidar el poder del presidente Saied, dificultando la articulación de alternativas políticas dentro y fuera del país. El caso continúa generando reacciones dentro del escenario político tunecino y mantiene la atención de los observadores de la región, quienes siguen el desarrollo de la situación institucional en el país.
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