El Gobierno prohibirá desahucios de personas vulnerables en viviendas de grandes tenedores y 'fondos buitre'

Las ayudas de emergencia para quienes no pueden acceder a una vivienda por vías convencionales formarán parte de los recursos a los que recurrirán los servicios sociales de las comunidades autónomas en los próximos meses. Según informó Europa Press, el Gobierno ha decidido reforzar el sistema que impide los desalojos de personas en situación vulnerable que residen en inmuebles gestionados por grandes propietarios, incluidos los denominados “fondos buitre”. Esta ampliación del llamado “escudo social” se formalizará a través de un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

El medio Europa Press detalló que la protección para inquilinos en situación de vulnerabilidad se mantendrá de forma específica para los casos donde los arrendamientos estén gestionados por grandes tenedores. La medida busca asegurar que quienes enfrenten dificultades sobrevenidas —como una enfermedad, la pérdida del empleo o problemas económicos imprevistos— y carezcan de alternativas habitacionales, no sufran desahucios inmediatos. Las fuentes del Ejecutivo citadas por Europa Press señalaron que, con esta iniciativa, el “escudo social” continúa actuando como red de apoyo ante situaciones de exclusión.

De acuerdo con Europa Press, la prórroga de la protección no afectará a los pequeños propietarios. Aquellas personas que posean una o dos viviendas, o que se encuentren a su vez en situación de vulnerabilidad, quedan fuera de las restricciones que pesan sobre los desalojos. En estos escenarios, la competencia para encontrar alternativas de vivienda recae sobre los servicios sociales locales o autonómicos, responsables de proporcionar recursos o alojamientos temporales en caso de emergencia.

Europa Press reportó que el Consejo de Ministros aprobará dos decretos separados: uno consagrado a la revalorización de las pensiones para el año 2026 y otras prestaciones, incluidos elementos como la congelación de las cuotas a los trabajadores autónomos, mientras que el otro decreto incluirá el refuerzo al “escudo social” y nuevos mecanismos de protección. Esta decisión separa ambos ámbitos tras la reciente negativa del Congreso, que el 27 de enero rechazó la convalidación de un único decreto donde figuraban, conjuntamente, el incremento de las pensiones y la prolongación del paraguas social contra los desahucios.

El Gobierno ha subrayado, según consignó Europa Press, que mantendrá el compromiso financiero con las comunidades autónomas para facilitar la creación y mantenimiento de parques de vivienda social, así como de dispositivos para emergencia habitacional. Estas aportaciones buscarán dar respuesta estructural a los colectivos en riesgo, evitando soluciones fragmentarias o de corto plazo.

En paralelo, fuentes del Ejecutivo citadas por Europa Press indicaron que se fortalecerán los mecanismos de compensación para propietarios afectados por la imposibilidad de desahuciar a inquilinos vulnerables. En este sentido, la semana previa, el Consejo de Ministros incrementó el sistema de avales con una dotación adicional de 300 millones de euros, destinado a sostener la viabilidad del modelo de protección vigente y a asegurar la colaboración tanto de la administración como de los tenedores de vivienda.

El Gobierno argumentó, según publicó Europa Press, que estas actuaciones pretenden garantizar que ningún colectivo vulnerable quede desatendido, incluidas las personas que han visto su situación cambiar bruscamente, quienes atraviesan crisis personales o laborales y los migrantes. “Este Gobierno es incansable y responde a cualquier situación con más trabajo y más propuestas: mirando hacia adelante y avanzando. Somos el Gobierno que no deja a nadie atrás: ni a los pensionistas, ni a los migrantes, ni a quien por un tropiezo en su vida, como puede ser una enfermedad o una pérdida de empleo, no puede pagar el alquiler”, expresó el Ejecutivo en una declaración recogida por Europa Press.

Las autoridades también remarcaron, según relató Europa Press, su experiencia en el logro de acuerdos entre posiciones inicialmente dispares y reiteraron la intención de mantener este enfoque para la búsqueda de soluciones sostenibles y la puesta en marcha de nuevas propuestas sociales destinadas a paliar las desigualdades. Además, la política de protección ante desahucios pretende conjugar el derecho a la vivienda de quienes sufren dificultades con un sistema de apoyo a los propietarios afectados, teniendo en cuenta tanto la problemática social como la necesidad de mantener la confianza en el sistema de alquiler.

Europa Press informó que, mientras se refuerzan las garantías contra los desalojos en pisos de grandes tenedores, la asistencia de hoteles sociales y el resto de recursos de emergencia se mantendrán a disposición de los casos de vulnerabilidad identificados por los servicios sociales. La financiación prevista para estos recursos buscará responder a la demanda creciente y adaptarse a las situaciones derivadas de la precarización habitacional y el aumento de la presión sobre el mercado de alquiler.

La estrategia gubernamental, según Europa Press, contempla tanto la protección directa mediante la suspensión de lanzamientos en determinados casos, como mecanismos de acompañamiento para facilitar alternativas habitacionales, apoyo económico y la participación coordinada de las administraciones autonómicas y locales. El propósito, subrayaron desde el Ejecutivo, es avanzar hacia un sistema en el que las personas que no pueden afrontar el pago del alquiler por causas sobrevenidas reciban respuesta antes de verse expuestas al abandono o la falta de recursos básicos.