El oficialismo roza el triunfo en una primera vuelta marcada por el aumento de la inseguridad

La figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su estrategia de mano dura contra el crimen organizado adquirió un protagonismo inesperado en la fase final de la contienda electoral de Costa Rica, según informó el medio El País. La reciente visita de Bukele junto al presidente costarricense Rodrigo Chaves, con el fin de lanzar el proyecto de una cárcel de máxima seguridad en Alajuela, cerca de San José, marcó un momento relevante de la campaña. Este acto, inspirado expresamente en el modelo penitenciario de El Salvador, fue objeto de recursos y polémicas por su posible uso con fines electoreros y contribuyó a posicionar el debate sobre la seguridad como el centro de la agenda pública durante el proceso electoral más extenso de la historia reciente costarricense.

De acuerdo con El País, los costarricenses acuden a las urnas este domingo para elegir tanto al próximo presidente como a los miembros de la Asamblea Legislativa tras una campaña caracterizada por la inseguridad, el debate sobre la respuesta estatal al crimen organizado y la alta polarización política. Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), figura como favorita para alzarse con la victoria en primera vuelta, al registrar intenciones de voto superiores al 40%. Fernández, exministra y exjefa de gabinete de Rodrigo Chaves, se perfila como la principal continuadora del legado del actual presidente y ha propuesto políticas de fortaleza institucional frente al aumento de homicidios y delitos violentos, en un país que carece de fuerzas armadas y cuya estabilidad histórica lleva décadas confrontando las tensiones propias de Centroamérica.

El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, citado por el medio El País, indica que dos de cada tres encuestados consideran que la situación de inseguridad ha empeorado. La percepción ciudadana responde a una realidad estadística: Costa Rica enfrenta uno de los ciclos más violentos en su historia reciente. Pese a ello, el 58% del electorado expresa preferencia por el modelo confrontativo y polarizante promovido por el oficialismo en los años recientes. Especialistas en la región, como Salvador Martí i Puig, catedrático e integrante del think tank Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), analizan que el país ha venido perdiendo parte de su tradicional solidez institucional y socioeconómica, asociada a políticas neoliberales recientes, aumento de la desigualdad, pobreza creciente, llegada numerosa de migrantes nicaragüenses y, en particular, la expansión del crimen transnacional.

Rodrigo Chaves, presidente saliente, se ha destacado por adoptar una retórica y un estilo político asociados al populismo de derechas, según describió Martí i Puig para El País, comparable a figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, o el propio Bukele en El Salvador. La presencia de Bukele en actos oficiales junto a Chaves, así como la promoción de la inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), contribuyó a la controversia política. El Tribunal Supremo de Elecciones rechazó una impugnación que buscaba cancelar la visita de Bukele por entenderla como una maniobra de campaña. Adicionalmente, el Tribunal solicitó en octubre de 2025 el desafuero de Chaves para investigarlo por eventuales violaciones a la normativa electoral relacionadas con su participación proselitista a favor de Laura Fernández, propuesta que el Parlamento no atendió. También desestimó un anterior pedido de desafuero planteado en un caso de corrupción que involucraba a uno de los ministros de Chaves.

El medio El País reportó que, además de la relevancia mediática de la seguridad y el narcotráfico, el oficialismo afronta la elección con el respaldo de una oposición dispersa: hasta veinte candidaturas se presentan, pero solo cinco con posibilidades de alcanzar escaños. De estas, únicamente tres figuran con probabilidades de desafiar a Laura Fernández en la propia noche electoral. Entre los mencionados se encuentra Claudia Dobles, ex primera dama y representante del progresista Partido Acción Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio, identificado con la izquierda; y Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN). Martí i Puig explicó, citado por El País, que la única vía para forzar un balotaje consistiría en la eventual alianza de estas fuerzas, lo que permitiría alcanzar conjuntamente el 40% de los votos. Sin embargo, la fragmentación augura dificultades para conformar una mayoría parlamentaria.

El control de la Asamblea Legislativa es otro punto de presión en el presente ciclo político. El oficialismo necesita llegar a 40 de los 57 escaños para asegurarse la gobernabilidad y avanzar en reformas, entre las cuales se discute una eventual revisión constitucional. Un elemento significativo es el papel de pequeños partidos: José Aguilar Berrocal, familiar del presidente salvadoreño, figura como candidato y podría, con pocos escaños, inclinar la balanza a favor de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, informó El País.

El descontento ciudadano se manifiesta en la reducción del número de votantes indecisos, que pasó del 55% en octubre de 2025 al 26% en la semana previa a los comicios, según revelaron sondeos citados por El País. A pesar del voto obligatorio en Costa Rica, la participación ha bajado respecto a décadas anteriores, con registros superiores al 80% hace un tiempo y cayendo al 60% en las últimas elecciones, situación atribuida a la ausencia de sanciones por no sufragar.

El proceso electoral costarricense que concentra la atención regional se despliega sobre el trasfondo de dos investigaciones desestimadas contra el presidente Chaves: una de índole político-legal y otra por corrupción, ambas resoluciones favorecidas por la mayoría legislativa. Esta dinámica genera un marco en el que la negociación parlamentaria se vislumbra como imprescindible, dada la fragmentación, para la aprobación de leyes y posibles reformas estructurales.

La influencia del modelo político y de seguridad salvadoreño, la pugna por el control de la Asamblea Legislativa, y la tendencia al voto dividido configuran un escenario incierto. La campaña más extensa en la historia costarricense reciente se ve marcada por la búsqueda de soluciones frente a la inseguridad, el desafío de sostener el Estado de bienestar y la atención puesta sobre el rumbo político que podría adoptar Costa Rica en el contexto actual de Centroamérica, de acuerdo con el análisis de El País.