El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Comercio identificar a los países que proveen petróleo a Cuba y establecer tarifas adicionales a los productos originarios de esas naciones. Según informó la Casa Blanca, la administración estadounidense adoptó esta disposición como respuesta directa a lo que considera una amenaza significativa para la seguridad nacional y la política exterior del país, derivada de las relaciones entre La Habana y actores considerados hostiles por Washington. La decisión se formalizó a través de una orden ejecutiva firmada este jueves, permitiendo la imposición de un derecho “ad valorem” suplementario sobre las importaciones de bienes de los países que, de forma directa o indirecta, abastezcan de crudo a la isla caribeña.
La Casa Blanca subrayó, según detalló el texto difundido y recogido por diversos medios, que la situación de Cuba es considerada “una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de Estados Unidos”. Esto llevó al mandatario a declarar el estado de emergencia nacional, fundamentando la legitimidad de la medida arancelaria. El documento firmado por Trump sostiene que el gobierno cubano “ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos”, refiriéndose principalmente a la cooperación política y de seguridad de la isla con “numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos”.
Entre los actores señalados en el texto presidencial figuran el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el partido-milicia chií Hezbolá, así como los gobiernos de Irán, Rusia y China. La acusación principal de la administración Trump es que el régimen de La Habana proporciona apoyo a estos aliados y organizaciones, lo cual se percibe como un riesgo externo para los intereses estadounidenses. Esta política, destacó la Casa Blanca según recogió la prensa nacional, establece la facultad del Ejecutivo para aplicar aranceles específicos que penalicen el comercio con aquellos países considerados responsables de alimentar las capacidades energéticas del régimen cubano.
Según el mismo comunicado, la labor de identificar a los exportadores de crudo que mantienen vínculos comerciales con Cuba recaerá en el Departamento de Comercio. A partir de la información recabada, los altos funcionarios del Gobierno estadounidense determinarán las tasas arancelarias que se aplicarán a los productos de cada uno de estos países. El objetivo declarado por Washington es presionar a los principales socios energéticos de La Habana, obstaculizando la llegada de petróleo y, con ello, limitar la operatividad económica e internacional del gobierno cubano.
La medida anunciada por Trump tiene lugar tras un incremento de la presión diplomática de Washington hacia México, dado el reciente respaldo público de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al mantenimiento del suministro de crudo desde Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia Cuba. Sheinbaum defendió la continuidad de los embarques petrolíferos, desatendiendo los intereses de Estados Unidos en su política de aislamiento hacia la isla. El medio consignó que la conversación telefónica entre Trump y Sheinbaum fue calificada como “productiva”, aunque reflejó el desacuerdo en torno al enfoque sobre Cuba.
El aumento de las restricciones estadounidenses a las importaciones provenientes de países exportadores de hidrocarburos a La Habana sucede poco después de acontecimientos significativos en el panorama regional. La capacidad de Cuba para acceder a recursos energéticos se vio comprometida tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero, en el marco de una operación militar lanzada por Estados Unidos en Caracas. Tras ese episodio, el suministro de petróleo venezolano a Cuba, fundamental para la economía de la isla, se precipitó. Ante ese escenario, Trump instó públicamente a las autoridades cubanas a negociar: “lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, expresó el mandatario según consignó la prensa estadounidense, advirtiendo que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡nada!”.
Con esta orden ejecutiva, la Casa Blanca refuerza la estrategia de incremento de presión económica sobre Cuba, apuntando a limitar la capacidad del gobierno de la isla para mantener sus alianzas internacionales y su funcionamiento interno. La decisión también establece un modelo de sanciones más amplio que implica consecuencias comerciales para terceros países que mantengan vínculos energéticos con La Habana, profundizando la línea de restricciones impuesta por la actual administración estadounidense.
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