El Supremo panameño declara inconstitucional la concesión otorgada a una empresa china en el canal

CK Hutchison buscaba transferir su control sobre las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal a un consorcio encabezado por el fondo de inversión estadounidense BlackRock junto a la italiana Terminal Investment. El Supremo panameño ha dictaminado que el contrato de concesión para estos puertos es inconstitucional, decisión que, según el propio tribunal, resulta inapelable y solo deja a la empresa la posibilidad de solicitar aclaraciones o recurrir a un arbitraje internacional. Esta decisión coloca en cuestión el futuro de la gestión portuaria y genera incertidumbre sobre sus consecuencias económicas para Panamá.

Tal como reportó el medio original, el Tribunal Supremo de Panamá comunicó el fallo a través de sus redes sociales, señalando que tras una "amplia deliberación y discusión" acerca de las demandas de inconstitucionalidad promovidas por la interventora general, Anel Flores, contra la Ley y sus adendas, así como el acto de prórroga que regula estos contratos, ha resuelto declarar inconstitucionales dichos instrumentos. Esta resolución afecta los documentos legales vinculados con el contrato de concesión suscrito entre el Estado panameño y la Panamá Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison, para el desarrollo y gestión de ambas terminales.

Según detalló la fuente original, la concesión se había establecido en 1997 y posteriormente recibió una prórroga. En 2025, Anel Flores interpuso una demanda argumentando que la última extensión contractual privó al Estado de más de 1.000 millones de dólares (838 millones de euros) en ingresos fiscales, además de señalar que la filial Panamá Ports Company no habría completado los procesos necesarios para beneficiarse de dicha prórroga. La Corte Suprema, en su calidad de guardiana de la Constitución, ha dejado sin efecto ambos textos legales tras considerar los argumentos expuestos.

La noticia surge en un contexto de tensiones geopolíticas, con los puertos de Balboa y Cristóbal convertidos en ejes de rivalidad entre Washington y Pekín. Según publicó el medio citado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en diversas ocasiones que la presencia de empresas chinas en la zona portuaria constituye una amenaza para la seguridad de su país, llegando a advertir con ejercer control estadounidense sobre el canal de Panamá. Por su parte, el mandatario panameño José Raúl Mulino ha reiterado que Panamá mantiene la soberanía total sobre la vía interoceánica y en reiteradas intervenciones ha defendido la gestión nacional del canal y de sus principales terminales.

En su respuesta, PPC ha rechazado categóricamente las acusaciones en su contra y la resolución judicial. Un portavoz de la empresa señaló, según difundió el mismo medio, que "el nuevo fallo carece de fundamento legal y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria".

De acuerdo con la información recabada, el fallo podría obligar a las autoridades panameñas a rediseñar el marco normativo para regular futuras concesiones y licitaciones en materia portuaria. Además, el dictamen plantea la posibilidad de que Panamá deba lanzar procesos de licitación para la operación de las terminales afectadas, modificando la dinámica actual de gestión y abriendo la puerta a cambios en la estructura de la industria portuaria nacional.

La repercusión económica de la anulación de la concesión ocupa un lugar destacado en el debate nacional, indicó el medio citado. Organizaciones empresariales y actores del sector portuario han manifestado inquietud por las posibles consecuencias en materia de empleo y actividad económica general, habida cuenta de los numerosos trabajadores directos e indirectos que dependen de estas instalaciones. Además, el proceso legal y sus eventuales derivaciones en el plano internacional podrían tener incidencias fiscales y contractuales todavía inciertas.

Según consignó la fuente original, la controversia involucra elementos legales, económicos y estratégicos, enmarcados en la disputa por el control e influencia en una de las vías marítimas de mayor valor geopolítico en el mundo. Las posiciones de los distintos actores subrayan tanto las preocupaciones en torno al impacto inmediato para el sector logístico y portuario, como las implicaciones políticas derivadas para la relación de Panamá con socios globales y potencias involucradas en el comercio internacional atravesando el canal.