Leonardo Pazos, viceministro técnico de Hacienda de Colombia, indicó que la paralización temporal del decreto de emergencia económica y social ha limitado al Gobierno en sus opciones para obtener los fondos necesarios destinados al presupuesto nacional. Durante una entrevista en 'Radio Nacional de Colombia', citada por Europa Press, Pazos manifestó que la suspensión emitida por la Corte Constitucional obliga al Ejecutivo a buscar nuevas alternativas legislativas, en concreto a impulsar leyes ordinarias tributarias. "Hay que volver a presentar leyes de financiamiento, leyes ordinarias tributarias. Vamos a hacerlo, todo lo que podamos hacer, lo haremos", declaró el funcionario.
Según informó Europa Press, la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto mantiene en vilo la estrategia fiscal del Gobierno, que previamente había anunciado el uso de la emergencia económica y social como un mecanismo para hacer frente a la falta de recursos tras el fracaso en el Congreso de la reforma tributaria, que resultó rechazada en diciembre. El Gobierno de Gustavo Petro había proyectado una recaudación de 16.300 millones de pesos, que equivalen aproximadamente a 3.700 millones de euros, para cubrir el presupuesto estimado para el año 2026.
El viceministro Pazos explicó a 'Radio Nacional de Colombia', según consignó Europa Press, que la administración nacional agotó todos los canales ordinarios para obtener recursos, por lo que la declaración de la emergencia representaba la última opción viable. Destacó que sin la posibilidad de utilizar el decreto, el margen de maniobra del Gobierno se ve reducido a la tramitación tradicional de proyectos fiscales en el Congreso. Esta vía se muestra más compleja debido al antecedente reciente del rechazo legislativo, lo cual pone en cuestión la viabilidad de alcanzar los objetivos de financiación deseados para el plan presupuestario.
De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Pazos expresó su preocupación respecto al impacto de la suspensión sobre la población vulnerable, quienes, afirmó, suelen ser el principal foco de protección de la Corte Constitucional. Según manifestó el funcionario, la falta de instrumentos para asegurar recursos tributarios conlleva dificultades para mantener los programas y compromisos del Estado, especialmente aquellos orientados a sectores desfavorecidos.
La emergencia económica y social, según detalló el medio Europa Press, había sido utilizada como herramienta para sortear el bloqueo parlamentario ante la urgencia de obtener financiamiento adicional que garantizara la operatividad del presupuesto nacional del año 2026. El decreto, suspendido de manera provisional por la Corte Constitucional "mientras se profiere una decisión de fondo", estaba en el centro de la estrategia del Ejecutivo para responder a las limitaciones impuestas por el rechazo de la reforma tributaria.
La actuación de la Corte Constitucional, que sigue evaluando el fondo del decreto, implica que el Gobierno tendrá que recurrir nuevamente al debate en el Congreso para la aprobación de leyes de financiamiento y propuestas tributarias ordinarias. Esto pone a prueba la capacidad del Ejecutivo para negociar y articular consensos legislativos en un contexto marcado por la polarización y las diferencias políticas en torno a las políticas fiscales nacionales.
El caso se inscribe en un escenario fiscal desafiante para Colombia, donde la posibilidad de respaldar los compromisos presupuestarios depende de la obtención de recursos tributarios adicionales. Según la cobertura de Europa Press, la incertidumbre sobre las fuentes de financiamiento y las rutas legislativas necesarias resulta central para la discusión política y económica actual del país, en un periodo donde las prioridades sociales y fiscales siguen bajo debate.
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