Trabajo buscará este jueves un acuerdo para la subida del SMI, con un incentivo fiscal para las empresas

La propuesta del Ministerio de Hacienda establece que solo podrían acceder al incentivo fiscal aquellas empresas cuyos gastos de personal superen el 70% sobre el total de sus gastos de explotación, una medida que excluye a compañías donde la ratio de costes laborales resulta menor. Esta condición busca dirigir el beneficio hacia sectores con mayor peso de la masa salarial y donde la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) tiene un impacto más directo sobre la estructura de costes. De este modo, según precisó Europa Press, el Gobierno plantea un enfoque selectivo para compensar a las compañías más expuestas al incremento.

El Ministerio de Trabajo convocó para este jueves, a partir de las 17:00 horas, una reunión con los agentes sociales con el objetivo de cerrar un acuerdo para el alza del SMI de 2026, el cual se propone fijar en 1.221 euros mensuales repartidos en catorce pagas, lo que representa un aumento del 3,1% respecto al año 2025. Según reportó Europa Press, la propuesta incluye la aplicación de incentivos fiscales para las empresas a través de una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, cuyo importe variaría en función del incremento de plantilla registrado por la empresa.

La medida diseñada por Hacienda, de acuerdo con Europa Press, contempla que la reducción fiscal podrá alcanzar hasta el 100% de la subida bruta del SMI, siempre y cuando la empresa incremente su plantilla y ofrezca sueldos superiores al mínimo legal. Para optar al beneficio, la plantilla media total al cierre del ejercicio fiscal debe igualar o superar la existente al inicio, y los nuevos contratos deberán mantenerse durante los dos años siguientes. Para las empresas con menos de cien empleados, se requiere al menos un trabajador adicional a tiempo completo durante un año; en compañías con cien o más empleados, el crecimiento mínimo debe ser de dos trabajadores o bien de al menos un 1% sobre la plantilla inicial.

Las escalas propuestas, según detalló Europa Press, establecen que la reducción fiscal será menor si el aumento de plantilla no supera el 5% y alcanzará su máximo, equivalente al total de la subida del SMI, si el crecimiento es del 15% o más. En términos de cálculo, la disminución se determina multiplicando la subida bruta del SMI anual por unos coeficientes: 0,25 si el incremento de la plantilla es igual o inferior al 5%, 0,50 para aumentos superiores al 5% e inferiores al 10%, 0,75 si la subida de trabajadores supera el 10% y es inferior al 15%, y 1 en caso de incrementos del 15% o más.

De acuerdo con Europa Press, otra condición para mantener la bonificación es que la plantilla total de la empresa al cierre del periodo fiscal permanezca igual o crezca respecto al inicio, sostenida esta situación durante al menos dos años tras acabar el ejercicio en el que se apliquen las ventajas fiscales. Si alguna de las condiciones fijadas no se cumple, la compañía deberá regularizar los importes indebidamente deducidos e incluir los intereses de demora.

La base imponible una vez aplicada la reducción no podrá ser negativa. Europa Press explicó que esta salvaguarda pretende garantizar que no se produzcan beneficios fiscales que contravengan la lógica del impuesto ni creen situaciones de saldo negativo a efectos tributarios para las empresas.

La propuesta surgió como resultado de negociaciones mantenidas entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y los principales agentes sociales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manifestó que este jueves podría celebrarse la última reunión sobre el nuevo SMI, con la intención de alcanzar un consenso definitivo. “La idea es que mediante este mecanismo las empresas mejoren los salarios más bajos de sus trabajadores y dejen de vivir en el SMI”, señaló Díaz, según recogió Europa Press.

Además de CCOO y UGT, los sindicatos mayoritarios, a la reunión se suman las patronales CEOE y Cepyme, quienes han mostrado exigencias para que cualquier aumento del salario mínimo vaya acompañado de medidas que permitan atenuar el encarecimiento potencial para las empresas. El incentivo fiscal responde a estas demandas y busca garantizar que la mejora salarial no derive en una reducción del empleo ni en una traslación completa de costes a los trabajadores a través de otras fórmulas contractuales.

Europa Press explicó que el Ministerio de Trabajo pretende que las compañías beneficiadas por este incentivo avancen en la mejora salarial de sus empleados, especialmente de aquellos más próximos al SMI, estimulando el crecimiento real de la masa laboral y limitando la utilización del mínimo legal como referencia para las nuevas contrataciones. Esta política forma parte de un enfoque más amplio que aspira, por un lado, a garantizar el crecimiento del poder adquisitivo en la base de la pirámide salarial y, por otro, a incentivar la estabilidad y el incremento de la plantilla.

La reunión reviste importancia tanto para el Ejecutivo como para las organizaciones sindicales y empresariales. Trabajo comunicó previamente a estos actores que el aumento del SMI para 2026 tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero. Europa Press puntualizó que el diseño final del incentivo fiscal, elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero, fue presentado a las partes luego de que en la reunión anterior se hubiese mencionado de forma genérica la posibilidad de establecer esta medida, sin definir sus características concretas.

La mecánica que propone Hacienda supone que las empresas únicamente podrán beneficiarse del incentivo si superan el umbral de que los gastos de personal representen más del 70% de sus costes operativos. Este elemento introduce una notable discriminación positiva hacia los sectores y empresas intensivos en mano de obra, mientras limita el acceso a sectores donde el impacto de la subida del SMI es menos relevante frente a otros gastos.

Frente a los requerimientos de las patronales, la fórmula del gobierno busca equilibrar el alza salarial con mecanismos que impidan que las subidas recaigan íntegramente en los márgenes empresariales sin soporte fiscal, detalló Europa Press. La combinación de incentivos condicionados y requisitos de mantenimiento de plantilla actúa como salvaguarda para fomentar estabilidad del empleo junto al objetivo prioritario de que más trabajadores perciban sueldos superiores al SMI.