
Las investigaciones chinas han puesto el foco en los presuntos vínculos entre grupos mafiosos que operan en el norte de Birmania y autoridades locales, en un contexto marcado por la persistencia de crímenes transfronterizos que involucran tráfico de personas, fraude y violencia. Tras meses de indagaciones y procedimientos judiciales, el jueves se ejecutaron en China las penas capitales impuestas a once integrantes de una de estas redes delictivas, según reportó la agencia Xinhua. Las autoridades consideran que estos condenados controlaban centros de fraude en territorio birmano y mantenían una infraestructura criminal con alcance binacional.
De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, las ejecuciones se realizaron al amanecer en Wenzhou, ciudad situada en la provincia de Zhejiang, al este de China. El Tribunal Popular Supremo había ratificado las sentencias capitales dictadas en septiembre de 2025 después de que los implicados fueran hallados culpables de homicidio, detención ilegal y fraude. Los ejecutados pertenecían a la llamada familia Ming, considerada por el gobierno chino como uno de los cuatro mayores grupos mafiosos que operan en el norte de Birmania.
El medio citado detalla que la familia Ming, bajo el liderazgo de Ming Xuechang, coordinaba desde la región autónoma de Kokang –en la frontera birmano-china– centros de estafas ejecutados principalmente a través de internet, además de actividades de producción de drogas y redes de prostitución. Xinhua enfatizó que muchas de las personas empleadas en estas operaciones eran migrantes birmanos, víctimas de trata de personas, forzadas a participar en esquemas fraudulentos en los complejos bajo control mafioso.
Según consignó Xinhua, las acciones de la familia Ming y grupos asociados se desarrollaban en un contexto birmano caracterizado por la inestabilidad política. Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, la junta militar instalada tras la anulación de las elecciones –en las que triunfó el partido encabezado por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi– mantiene el control del país, lo que ha facilitado la expansión y afianzamiento de organizaciones delictivas en distintas regiones fronterizas.
Las autoridades chinas, en cooperación con cuerpos de seguridad birmanos, desarrollaron desde 2023 una serie de operaciones dirigidas a desmantelar estas redes criminales. Fruto de estos operativos, miles de personas implicadas en actividades como el fraude en línea fueron detenidas, principalmente en Kokang y su capital, Laukkaing. Xinhua indicó que las investigaciones permitieron identificar a los principales líderes y operadores de los centros de estafa digital, facilitando los procesos judiciales que culminaron con las sentencias actuales.
Entre los individuos ejecutados este jueves se encontraba Wu Hongming, identificado por Xinhua como jefe de otro conjunto criminal asociado a la familia Ming. Las pesquisas presentadas por el tribunal señalaron que ambos grupos mantenían una estrecha cooperación para llevar a cabo asesinatos, privaciones ilegales de la libertad y agresiones ligadas al manejo de estructuras de fraude, resultando en la muerte de catorce ciudadanos chinos, según detalló la agencia.
El medio aclaró que, al margen de las ejecuciones, las investigaciones sobre posibles conexiones entre autoridades locales de Birmania y los grupos mafiosos continúan abiertas. Se sospecha que la colaboración entre funcionarios y criminales ha permitido la persistencia de delitos a gran escala y el establecimiento de zonas de operación con baja presencia policial, en particular en el área de Kokang, principal enclave de los Ming.
Según la información recopilada por Xinhua, los crímenes asociados a la familia Ming y sus aliados incluyen no sólo operaciones ilegales de estafa a través de internet dirigidas a ciudadanos chinos y extranjeros, sino también mecanismos para secuestrar y retener a quienes colaboraban con las investigaciones policiales, así como la manipulación de flujo de personas para actividades forzadas en los recintos controlados por la organización.
Las autoridades judiciales chinas han destacado la gravedad de los delitos atribuidos a los condenados. El Tribunal Popular Supremo fundamentó la ratificación de las penas capitales en el elevado impacto social y el nivel de violencia utilizado en la perpetración de los crímenes, además de la existencia de víctimas mortales.
La agencia Xinhua abordó también la dimensión internacional del caso, especialmente a raíz de la existencia de redes de fraude digital dependientes de organizaciones mafiosas radicadas en la frontera sino-birmana, una problemática que ha generado preocupación en la región y que ha impulsado la coordinación entre China y Birmania para frenar el crecimiento y la diversificación de estos delitos.
En el marco de estas iniciativas conjuntas, la policía china y birmana intensificaron las campañas de persecución contra el tráfico de personas y el fraude online. Xinhua recordó que, como resultado, numerosas víctimas explotadas en los centros de estafa de Kokang y Laukkaing han sido localizadas y liberadas, aunque las autoridades reconocen que el desafío persiste mientras persistan las condiciones de inseguridad en el sureste asiático.
De acuerdo con las fuentes consultadas por la agencia, las operaciones criminales lideradas por la familia Ming habían logrado reproducir patrones mafiosos de control económico y social en enclaves birmanos fronterizos, utilizando tanto el miedo como la cooptación de funcionarios y la diversificación de sus actividades ilícitas. El impacto sobre la relación bilateral entre Pekín y Naypyidó se mantiene bajo revisión, con un creciente interés en la cooperación en materia de seguridad y control del crimen transfronterizo.
China ha reiterado a través de Xinhua su compromiso para intensificar la lucha contra las redes de fraude digital y las estructuras mafiosas que operan en la frontera con Birmania, con el objetivo de frenar la expansión de delitos que afectan tanto a ciudadanos chinos como birmanos. Dicha estrategia incluye nuevos operativos y la prosecución de investigaciones sobre la implicación de funcionarios y empresarios en el sostenimiento de las redes criminales desarticuladas tras las ejecuciones informadas.
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