La ONU pide a Irán poner fin a la "brutal represión" y aplicar medidas ante las demandas "legítimas"

Las declaraciones contradictorias sobre eventuales ejecuciones de manifestantes en Irán y la preocupación por la elevada incidencia de la pena de muerte han intensificado las críticas al gobierno iraní, especialmente por parte de organizaciones internacionales. Tal como publicó Europa Press, el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, ha señalado que algunos altos funcionarios judiciales iraníes han amenazado a los manifestantes con acusaciones que conllevan de forma obligatoria la pena capital. Al Kheetan recordó que Irán figura entre los países con mayor número de ejecuciones, sumando al menos 1.500 durante el año pasado, una cifra que representaría un 50 % de incremento en comparación con 2024, según datos manejados por la ONU.

Naciones Unidas, según detalló Europa Press, ha exigido al gobierno de Irán poner fin a lo que describe como una “brutal represión” ejercida contra las manifestaciones, además de atender las demandas de la población y emprender acciones concretas que respondan a sus reclamaciones. La organización ha llamado también a que las autoridades establezcan mecanismos efectivos de rendición de cuentas y permitan investigaciones independientes sobre la represión violenta, la cual ha dejado miles de víctimas mortales.

De acuerdo con las declaraciones de Al Kheetan a Europa Press, la represión no soluciona el trasfondo de los problemas en Irán y solo contribuye a un aumento de las violaciones de derechos humanos, la inestabilidad y la violencia. El portavoz del Alto Comisionado subrayó el carácter legítimo de las demandas de la ciudadanía, que, partiendo del descontento económico, han evolucionado a exigencias de reformas políticas y de protección de los derechos fundamentales. Al Kheetan insistió en la urgencia de que las autoridades detengan la represión violenta, liberen a personas detenidas de manera arbitraria, impongan una moratoria sobre la pena de muerte y garanticen el acceso a internet y a los canales de comunicación.

Según Europa Press, aunque la oficina del Alto Comisionado de la ONU no dispone de cifras precisas sobre el número total de fallecidos, las estimaciones oficiales del gobierno iraní apuntan a un balance de 3.100 víctimas mortales. Al Kheetan cuestionó que la totalidad de los fallecidos sean terroristas o enemigos del Estado, como han sostenido las autoridades de Irán. "Nada de esto justificaría el recurso a una fuerza excesiva, desproporcionada o innecesaria", declaró, añadiendo que se han registrado miles de muertes, incluidas cientos entre las fuerzas de seguridad, lo que subraya la necesidad de transparencia y escrutinio público respecto a las actuaciones oficiales.

Europa Press también informó sobre el rechazo de Teherán a aceptar que se haya recurrido a ejecuciones masivas. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó la existencia de sentencias de muerte para manifestantes, en contraste con la afirmación del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró haber evitado la ejecución de más de 800 personas, algo que desmintieron las autoridades iraníes.

La ONU, a través de Al Kheetan, reiteró la petición para imponer una moratoria sobre la pena capital en Irán como primer paso para abolirla en su totalidad, instando asimismo a un refuerzo del diálogo y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Al Kheetan solicitó que Irán permita acceso total a la oficina del Alto Comisionado de la ONU y a la misión internacional independiente de investigación, así como una colaboración plena en la documentación y supervisión de posibles violaciones. A pesar de las restricciones, la ONU continúa el monitoreo y la recolección de información sobre incidentes y transgresiones a los derechos humanos en el país.

El medio Europa Press abordó también la cuestión del bloqueo a Internet y las restricciones a las comunicaciones, hechos que, de acuerdo con la ONU, han sido especialmente severos en el contexto de las protestas. Al Kheetan afirmó que los ciudadanos han visto mermado su derecho a la información y a la libre expresión, ya que las restricciones han dificultado incluso el conocimiento de la situación interna tanto dentro de Irán como en el exterior. Aunque ciertas restricciones aparentemente han sido reducidas de forma muy limitada, para la ONU dichas medidas continúan siendo insuficientes, permitiendo que se multipliquen las violaciones de derechos humanos.

La cobertura de Europa Press resaltó la preocupación por la legitimidad y proporción de las medidas restrictivas de comunicación, recordando que cualquier limitación debe fundamentarse en el derecho internacional de los derechos humanos y estar plenamente justificada y acotada. Al Kheetan señaló que el bloqueo total de internet y otras vías de comunicación registrado en Irán resulta el más extenso que se haya documentado en el país.

En relación al impacto internacional, Europa Press reportó que la ONU considera que la comunidad internacional debe abordar cuanto antes el efecto de las sanciones sobre los derechos humanos en Irán. Al Kheetan sostuvo que las sanciones sectoriales, cuando se aplican de modo generalizado, no logran mejorar las condiciones y, por el contrario, pueden agravar la crisis social y la calidad de vida de la población a la que se busca proteger. Por este motivo, la oficina del Alto Comisionado reiteró su solicitud para revisar y, en su caso, retirar este tipo de sanciones, planteando que la rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos no se obtiene mediante la fuerza militar, sino por medio de investigaciones y procesos judiciales adecuados.

El portavoz citó la importancia de aplicar la jurisdicción universal cuando los mecanismos nacionales no logren garantizar justicia y rendición de cuentas por infracciones graves cometidas fuera del territorio de los países implicados. En ese sentido, la ONU manifestó su expectativa de que el poder judicial iraní logre esclarecer los casos y asumir la responsabilidad que corresponda respecto a las violaciones documentadas, aunque advirtió que, si esto no ocurre, la intervención de instancias internacionales sigue siendo una opción posible.

Durante la entrevista reproducida por Europa Press, Al Kheetan insistió en que la estigmatización y la criminalización de los manifestantes mediante la propaganda oficial—acusándolos de terroristas o agentes extranjeros—no solo carece de fundamento comprobado, sino que contribuye a la polarización y el incremento de las tensiones. El portavoz de Naciones Unidas indicó que la oficina no cuenta con las herramientas necesarias para investigar todas las afirmaciones del gobierno iraní relacionadas con supuestos ataques y amenazas internacionales, pero expresó dudas contundentes sobre la veracidad de que todas las muertes reportadas correspondan a actividades terroristas o subversivas.

En las declaraciones institucionales y del Alto Comisionado Volker Turk, recogidas por Europa Press, se advierte que la represión prolongada y las restricciones a derechos fundamentales incrementan el riesgo de inestabilidad y derramamiento de sangre y, lejos de aportar soluciones, pueden perpetuar una crisis profunda tanto política como social. El mandato internacional otorgado a la oficina del Alto Comisionado continuará rigiendo la labor de documentación y supervisión de la situación iraní en materia de derechos humanos, en tanto se multiplican los llamados para una respuesta efectiva y un diálogo amplio con participación de todos los actores relevantes dentro y fuera de Irán.