Datos aportados por el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social indican que alrededor del 47% de quienes reciben acompañamiento de organizaciones eclesiales en 2024 carecen de estatus migratorio regularizado, lo que se traduce en cerca de 550.000 personas. A la luz de estos números, la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por real decreto y anunciada recientemente por el Gobierno de España, adquiere especial relevancia entre las entidades del ámbito religioso del país. Según consignó el medio, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han manifestado públicamente su respaldo a la medida, interpretándola como una respuesta a la demanda social de inclusión y justicia.
Las entidades eclesiales, que en el pasado apoyaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Regularización Ya, han calificado la regularización como “un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo del país aun a costa de mantenerles en situación irregular”. De acuerdo con el reporte, las organizaciones subrayan la importancia de avanzar hacia una sociedad en la que nadie quede fuera de la vida pública, tomando la medida como una pauta de responsabilidad política, social y ética. “Esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión”, señalaron en su comunicado conjunto.
Según detalló el medio, estas agrupaciones consideran la nueva regularización como un “complemento imprescindible” al Reglamento de Extranjería, porque da respuesta a personas que no pueden acogerse a las vías habituales de regularización establecidas por el marco legal vigente. El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigencia desde mayo de 2025, ha introducido algunos avances, aunque todavía se identifican múltiples limitaciones. El grupo eclesial ha manifestado en sucesivas ocasiones la necesidad de incluir una disposición transitoria que haga posible una regularización extraordinaria, como ya ocurrió en el pasado. “El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos. Por ello, este grupo eclesial ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria”, han declarado, según recogió el medio.
Entre los colectivos que continúan fuera del alcance del actual Reglamento, destaca el caso de quienes no pueden demostrar los dos años de residencia requeridos, debido a la falta de documentos, pérdidas ocasionadas por situaciones de emergencia o precariedad, personas en situación de indocumentación o con dificultades para acceder a la cédula de inscripción, así como trabajadores que no consiguen presentar contratos anteriores a causa de los retrasos administrativos. De acuerdo con el reporte, también enfrentan exclusión solicitantes de protección internacional a quienes se les ha denegado su petición y deben sobrellevar extensos periodos de irregularidad, junto con familias con hijos e hijas que aun cumpliendo los requisitos establecidos, ven limitada su posibilidad de obtener la regularidad.
Las entidades mencionadas han advertido, según detalló el medio, que este escenario deja en situación de vulnerabilidad no solo a las personas migrantes que viven en la irregularidad, sino también a colectivos con difícil acceso al mercado laboral a raíz de condiciones de edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedades crónicas. Según Cáritas, REDES, CONFER y el Departamento de Migraciones de la CEE, la imposibilidad de cumplir con las estrictas exigencias administrativas perpetúa la marginalidad y la invisibilidad social de amplios sectores de población.
En sus declaraciones, recogidas por el medio, los representantes eclesiales subrayaron la importancia de que el avance regulatorio no quede limitado a ajustes normativos, sino que se oriente a eliminar obstáculos que impidan una integración real. Han recordado que amplias capas sociales han solicitado una medida extraordinaria para abordar la situación de quienes, aun estando integrados en la sociedad y contribuyendo al desarrollo económico y social, permanecen sin derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
El debate alrededor de la regularización extraordinaria se sitúa en un contexto marcado por la irregularidad de cientos de miles de personas que, según el IX Informe FOESSA, continúan sin acceso a documentación por causas como la pérdida de papeles, la imposibilidad de cumplir requisitos o la exclusión institucional. Estos factores son especialmente graves para las familias, los menores y quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, según ha destacado la Iglesia, citada por el medio.
Las organizaciones religiosas remarcaron, de acuerdo con el medio, que abogar por una regularización extraordinaria implica responder a necesidades urgentes de justicia social. La atención que brindan a las personas que acompañan así lo demuestra: el acompañamiento no solo persigue cubrir necesidades básicas sino que busca facilitar el acceso a derechos y participación social plena. Para la Iglesia y las organizaciones agrupadas en REDES, CONFER, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la CEE, la medida anunciada responde a una demanda colectiva de la sociedad, incidiendo sobre la responsabilidad que tienen los poderes públicos para promover la inclusión y evitar la invisibilización de los sectores más desfavorecidos.
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