HRW alerta del efecto "devastador" por la falta de control de las agencias federales en Minnesota

Human Rights Watch (HRW) ha resaltado que existe un importante riesgo de que la muerte de Alex Pretti, ocurrida el sábado pasado tras un tiroteo por parte de agentes federales en Minneapolis, no sea objeto de una investigación exhaustiva e independiente. Según publicó la organización internacional este martes, es fundamental que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) colaboren plenamente con las autoridades estatales de Minnesota, incluyendo el intercambio de pruebas, los nombres de posibles testigos y de los agentes implicados en el incidente.

De acuerdo con HRW, citado por el medio, la falta de control sobre el accionar de las agencias federales está generando consecuencias dañinas en la población local. Ida Sawyer, directora de crisis, conflictos y armas de la organización, indicó que el tiroteo mortal de Pretti se suma a una serie de episodios violentos atribuibles a operaciones federales recientes, como la muerte de Renée Good el 7 de enero a manos de personal del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). El medio detalló que estos hechos ocurren en un contexto de extensos controles migratorios en la ciudad de Minneapolis, donde se han reportado medidas policiales agresivas durante varias semanas.

HRW ha criticado abiertamente la impunidad bajo la cual actúan los agentes federales y ha atribuido a estas acciones un aumento en el peligro para los habitantes de la urbe, sumando que “los patrones de abuso revelan una fuerza de seguridad peligrosa y en expansión que opera con impunidad”. Sawyer instó al Congreso de Estados Unidos a realizar acciones inmediatas para supervisar y restringir la intervención federal en la ciudad, señalando la importancia de la supervisión parlamentaria para resguardar los derechos a la libertad de expresión, de reunión y evitar la discriminación y la violencia.

La organización internacional propuso que el Congreso condicione el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional a la adopción de garantías mínimas que eviten el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos fundamentales. Además, HRW demandó que la cámara legislativa lleve a cabo audiencias de supervisión enfocadas en investigar tanto las actividades del DHS como los supuestos abusos y asesinatos cometidos bajo su jurisdicción, y consideró esencial suspender la financiación de las operaciones de control migratorio federales mientras se completan dichas investigaciones.

Otro punto señalado por Sawyer, reproducido por el medio, es la urgencia de restablecer y dotar de personal las oficinas de supervisión interna debilitadas, particularmente aquellas reducidas durante la administración del presidente Donald Trump. HRW subraya la importancia de reconstituir estos mecanismos de control para garantizar transparencia y rendición de cuentas en las acciones de las fuerzas federales.

La directora regional recordó que, según el Derecho Internacional, el uso intencional de la fuerza letal por parte de agentes debe considerarse únicamente como última opción, estrictamente inevitable para salvaguardar vidas, y argumentó que toda muerte con sospecha de ilegalidad requiere una investigación independiente, imparcial y transparente. Tal como consignó HRW, la investigación debe reunir criterios de rapidez, eficacia y profundidad, ajustándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Frente al contexto de intensificación de operativos migratorios federales en Minneapolis y al aumento de protestas por parte de la ciudadanía, HRW reveló que el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, acordaron con el Ejecutivo federal la salida parcial de agentes federales de la ciudad a partir del martes, respondiendo así a la presión social. El medio subrayó que el accionar de las fuerzas federales incluyó detenciones, entre ellas la aprehensión de un niño de cinco años durante una de las redadas.

HRW manifestó que, ante la gravedad de los recientes episodios y la continuidad de prácticas que la organización califica de abusivas, cualquier iniciativa similar en otros territorios debería suspenderse hasta garantizar salvaguardias efectivas y la completa supervisión de las autoridades correspondientes, conforme a las exigencias legales y humanitarias. Además, la organización remarcó que los congresistas estadounidenses tienen la facultad de exigir que estas agencias rindan cuentas y adopten nuevos mecanismos que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de los residentes ante futuras actuaciones federales.