Entidades sociales celebran el inicio del trámite para la regularización extraordinaria de migrantes: "Justicia social"

La estimación de UNICEF de que cerca de 147.000 menores vivían en España en situación irregular en 2019 refleja la dimensión social del anuncio del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, entidades sociales recibieron de manera positiva la noticia sobre el inicio de los trámites para esta regularización, aprobada mediante Real Decreto tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos. Se prevé que esta medida beneficie a más de quinientas mil personas en todo el territorio nacional.

Según reportó Europa Press, organizaciones como Accem destacaron que la regularización representa un avance en la garantía del acceso y la igualdad de derechos, además de reforzar la protección de todas las personas residentes en España sin distinción de su estatus previo. Para Accem, la iniciativa está destinada a personas que ya forman parte de la sociedad española y cuyas contribuciones sociales y económicas no siempre encuentran reflejo en derechos reconocidos. El organismo subrayó que facilitar la salida de la irregularidad permitirá superar situaciones de vulnerabilidad o violaciones de derechos, a la vez que favorecerá la inclusión social y la visibilidad de quienes hasta ahora permanecían en la sombra.

Accem hizo especial énfasis en las implicancias laborales y económicas, remarcando que la regularización ayudará a transformar empleos informales en ocupaciones con derechos y obligaciones formales, lo que a su vez incrementará la cotización a la Seguridad Social y reforzará la economía nacional. Además, se mostró esperanzado en que el proceso administrativo se caracterice por su agilidad, fiabilidad y capacidad de responder de manera efectiva a las necesidades de los beneficiarios, aunque aguarda más información sobre los detalles del procedimiento.

Por otro lado, la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, instó a desarrollar también mecanismos estructurales y regulares, y no solo excepcionales como el actual. A juicio de López, estos procedimientos ordinarios facilitarían que las personas migrantes pudieran trabajar y desarrollar su vida en igualdad de condiciones desde el primer día en el país, evitando periodos prolongados de irregularidad administrativa.

De acuerdo con Europa Press, López remarcó que estos cambios no solo benefician a la población migrante, sino también al conjunto de la sociedad, favoreciendo la integración de quienes residen y contribuyen económicamente. El director general de CEAR, Mauricio Valiente, expresó una valoración positiva sobre el anuncio del Ejecutivo, aunque recalcó que la entidad permanece atenta a las condiciones específicas y la tramitación que se establezca, con el objetivo de garantizar que la respuesta llegue de forma inmediata y adecuada a quienes cumplan los requisitos. Valiente resaltó que el reconocimiento rápido de la contribución de los migrantes a la riqueza y al desarrollo de España supone un acto de justicia, aunque insistió en la necesidad de que la normativa ordinaria contemple procedimientos de regularización permanente adaptados a la realidad migratoria del país. También sostuvo que la puesta en marcha de la regularización responde a una demanda sostenida de los movimientos sociales y representa una oportunidad acorde a las aspiraciones de la sociedad civil.

La perspectiva de infancia ha ocupado un lugar destacado en las declaraciones de organizaciones como Save the Children, que consideró la medida como un avance en la protección de niños, niñas y sus familias, enfatizando que la regularización permite salvar barreras de acceso a derechos y ofrecer mayor estabilidad. Unicef España prevé que la medida contribuirá a la integración social de menores y adultos en riesgo de exclusión o marginación. Según indicó la especialista en migraciones de UNICEF España, Sara Collantes, la irregularidad administrativa restringe el acceso a empleos formales, protección social y vivienda, además de limitar el acceso a la sanidad y exponer a las familias al riesgo de ser descubiertas y expulsadas pese a su arraigo en el país, situaciones que afectan directamente a la infancia.

Europa Press consignó que UNICEF recuerda las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, orientadas a que los Estados promuevan vías de regularización para las familias en situación irregular, con un impacto estimado de 147.000 niños y niñas afectados en España en 2019.

La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a cerca de 28.000 entidades, celebró el avance como un logro significativo en cuanto al reconocimiento de derechos de quienes han sufrido especial vulnerabilidad jurídica y social. Luciano Poyato, titular de la plataforma, valoró el papel del tejido social organizado y la labor conjunta que contribuyó a la consecución de la medida.

Redes de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) compartieron una posición similar, al calificar la regularización como un acto de reconocimiento hacia personas migrantes que, pese a sus aportes sostenidos al desarrollo nacional, han permanecido en situación administrativa irregular. Estas organizaciones vincularon la medida con la responsabilidad política, ética y social, y reclamaron una España más inclusiva, en la que no existan personas relegadas a la invisibilidad o la marginación.

Respecto al marco jurídico, el grupo eclesial describió la regulación extraordinaria como un complemento necesario al Reglamento de Extranjería, que, pese a los avances, sigue presentando limitaciones y requiere modificaciones para responder a diversas situaciones. Este colectivo argumentó que la experiencia revela lagunas, especialmente sobre la acreditación de residencia o la empleabilidad de personas mayores, con discapacidad, en situación de sinhogarismo o con enfermedades crónicas. El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, excluye a quienes no logran aportar la documentación requerida o tener contrato previo, así como a solicitantes de protección internacional cuya petición fue denegada y que después se ven atrapados en largos periodos de irregularidad. También se ven afectadas familias con menores, que aunque cumplen otros requisitos, pueden enlazar situaciones de irregularidad por obstáculos administrativos.

Organizaciones de Iglesia subrayaron que el anterior reglamento ha experimentado ajustes continuos y recordaron sus peticiones para que incluya una disposición transitoria que permita abordar regularizaciones extraordinarias, tal como se ha hecho en otras ocasiones. Desde su perspectiva, la modificación resulta esencial para no dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad, cuyas dificultades para reunir documentación o acceder a trámites limitan su incorporación al sistema regular.

Según Europa Press, la medida del Gobierno ha sumado consensos entre amplios sectores del tejido asociativo y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que la consideran parte de un proceso hacia una sociedad donde la inclusión y el pleno acceso a derechos no dependa del estatus administrativo o de los obstáculos derivados de la burocracia o la rigidez de ciertas normativas.