Argüello (CEE) cree que la regularización de migrantes podría haberse firmado "hace meses" y ve "oportunidad política"

El valor de las iniciativas ciudadanas surgió como un punto central en el análisis realizado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, luego de la aprobación del real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes en España. El arzobispo de Valladolid subrayó, según publicó el medio citado, que la inclusión de más de 900 organizaciones eclesiales y de otros sectores en la promoción de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) revela el peso de la sociedad civil en este proceso. Además, consideró que la decisión adoptada por el Gobierno representa un reconocimiento importante para la democracia española, al tomar en cuenta propuestas emanadas de la ciudadanía organizada.

El martes, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que establece la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de migrantes que residen en el país. Argüello manifestó en un vídeo difundido por la CEE, citado por el medio, que la medida refleja un “reconocimiento de la dignidad humana”, aunque señaló que esta legislación se retrasó y que habría sido viable “hace meses”. De acuerdo con el presidente de la CEE, la normativa surge en esta coyuntura porque se da “un momento de oportunidad política que lo favorece”.

Sobre la repercusión de la falta de regularización anterior, Argüello enfatizó las dificultades que enfrentaban numerosos municipios del país. En estas localidades, miles de personas se encontraban integradas en la vida cotidiana: trabajaban, asistían a los servicios públicos y enviaban a sus hijos a las escuelas, pero persistía la barrera legal que impedía su plena integración. Según detalló la fuente, el arzobispo remarcó que el decreto es una nueva posibilidad para que quienes ya forman parte de la sociedad española puedan iniciar un proceso legal que les permita, entre otras cosas, cotizar impuestos y contribuir formalmente al bien común.

El presidente de los obispos españoles celebró este avance y lo interpretó como una muestra de que instituciones y colectivos sociales pueden incidir en la agenda política cuando cuentan con amplio respaldo, como el que logró la ILP, tanto por parte de organizaciones eclesiales como de grupos de otras sensibilidades. Añadió que la decisión gubernamental funciona, además, como reconocimiento a la “propia salud democrática”, ya que pone en valor la importancia de la participación social organizada.

La medida, expuso Argüello según consignó el medio, no resolvió por completo los desafíos asociados al fenómeno migratorio en España. Advirtió sobre la persistencia de problemas de integración y la necesidad de trabajar en la inclusión cultural, social y laboral de las personas migrantes. Asimismo, recalcó que las dificultades vinculadas a la gestión de los flujos migratorios requieren de un marco regulatorio más amplio, que solo podría alcanzarse mediante acuerdos entre los Estados miembros de la Unión Europea.

El liderazgo de Argüello al frente de la Conferencia Episcopal Española se manifestó en su respaldo a la regularización, y también en la evaluación crítica sobre los tiempos y el contexto político en el que se materializó la aprobación del decreto. Rememoró los intentos anteriores de promover esta medida y subrayó que tanto en los debates parlamentarios como en las gestiones ante la administración, las organizaciones involucradas en la ILP habían planteado la urgencia de atender la situación de las personas migrantes.

Según informó la CEE, la regularización aprobada responde a una demanda reiterada de diversos sectores de la sociedad española. Entre las justificaciones ofrecidas, Argüello mencionó el papel que desempeñan los migrantes en el funcionamiento diario de los municipios y en el acceso a los servicios y la educación pública. Al no contar con papeles, estas personas solían enfrentar limitaciones para ejercer derechos básicos y asumir sus obligaciones fiscales.

El medio reportó que Argüello concluyó su intervención insistiendo en que la integración efectiva de los migrantes sigue presentándose como reto para el conjunto de la sociedad. Mencionó que, pese al avance que representa el real decreto, la adaptación cultural y la regulación coordinada de los procesos migratorios continúan como tareas pendientes. De acuerdo con el presidente de la CEE, la solución integral requerirá una visión compartida entre los Estados europeos.

La voz del máximo representante de la Iglesia católica española ante esta legislación se inserta en un contexto más amplio de debate sobre la migración y los derechos humanos en España. Tanto la dimensión política del momento elegido para aprobar el decreto como la referencia a la participación multitudinaria en la ILP reflejan la complejidad social y política del proceso, tal como detalló el medio en su cobertura.