Human Rights Activists in Iran comunicó que la cifra de fallecidos en el marco de la represión de las recientes protestas en Irán supera las 5.800 personas, según datos recopilados por la organización. Esta entidad basada en Estados Unidos especificó que 5.520 de las víctimas eran manifestantes, incluidos 77 menores, y señaló además que entre los fallecidos figuran 209 miembros de las fuerzas de seguridad y 42 civiles ajenos a las movilizaciones. Además, la misma fuente reportó que, según sus registros, otras 7.804 personas sufrieron heridas graves y al menos 41.283 fueron arrestadas. El grupo también documentó la existencia de 240 confesiones forzadas y la continuidad de restricciones al acceso a Internet por más de dos semanas.
De acuerdo con información difundida por la agencia Press TV y la cadena pública IRIB, el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, anunció que se presentaron demandas ante organismos internacionales contra Estados Unidos, Israel y varios grupos que Teherán cataloga como “terroristas”. Las autoridades iraníes consideran que estos actores desempeñaron un papel central en los disturbios y muertes registrados durante las manifestaciones que surgieron contra la situación económica y el deterioro de la calidad de vida en Irán.
Mohseni-Ejei atribuyó a Washington y Jerusalén la responsabilidad directa en lo que calificó como “incidentes” recientes en el país, apuntando que ambos Estados participaron como coordinadores y apoyaron financiera y militarmente a grupos o personas identificadas por Teherán como responsables en la generación de disturbios. En declaraciones transmitidas por Press TV, el jefe del Poder Judicial iraní subrayó que “los implicados de cualquier forma en los disturbios, ya sea como planificadores, instigadores, provocadores o perpetradores, deben, además de hacer frente al castigo legal, adoptar medidas para compensar los daños infligidos a propiedad pública y privada”.
En sus declaraciones, Mohseni-Ejei enfatizó que no habrá indulgencia para quienes resulten responsables por el fallecimiento tanto de civiles como de miembros de las fuerzas de seguridad. Además, sostuvo que la intervención extranjera constituye, según él, una nueva fase de la confrontación iniciada después de que Israel emprendiera una ofensiva contra Irán en junio, a la cual posteriormente se habría sumado el apoyo de Estados Unidos.
Durante la misma jornada, Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, reforzó las acusaciones señalando que la postura de Washington respecto a los derechos humanos resulta, a su juicio, “engañosa”. Según consignó la cadena IRIB, Baqaei expresó que “Estados Unidos no oculta su agresión contra otros países por el petróleo y el saqueo de sus recursos” y subrayó que las autoridades estadounidenses “lo dicen abiertamente”.
Baqaei manifestó, según reportó la cadena pública, que Irán se considera capaz de responder a cualquier agresión y reiteró que la posición oficial de Teherán mantiene distancia de la guerra. “Nunca hemos dado la bienvenida a una guerra. Nunca nos hemos alejado de la diplomacia y las negociaciones, algo que hemos demostrado con nuestras acciones”, afirmó el portavoz, en alusión a las amenazas del entonces presidente estadounidense Donald Trump.
Press TV recogió también que el jefe del sistema judicial remarcó la ausencia de indulgencia para quienes, desde su interpretación, contribuyeron a las muertes registradas. Señaló que Estados Unidos y lo que las autoridades iraníes denominan “régimen sionista”, por Israel, brindaron respaldo a actores que, según Teherán, fomentaron o ejecutaron la violencia en el país.
En relación con el saldo de víctimas y detenidos, la organización Human Rights Activists in Iran detalló, según publicó en un comunicado replicado por medios internacionales, que aún revisa las circunstancias de 17.091 muertes más y que las cifras de arrestos y heridos continúan en aumento, a la par que persiste el bloqueo del acceso a redes y sitios de Internet, dificultando la verificación independiente de los acontecimientos.
Este panorama se desarrolla dentro de un contexto de severas restricciones informativas y represión, centradas en el control de las protestas desencadenadas por el descontento social y las condiciones económicas, según señalaron las fuentes consultadas por Press TV y la cadena IRIB, así como las organizaciones independientes citadas.
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