
En declaraciones recientes, Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, aludió a la existencia de propuestas anteriores del PP dirigidas a la automatización de la revalorización de las pensiones, presentadas ante el Congreso desde noviembre del año pasado. El dirigente apuntó que esta vía legislativa, según entiende la formación, resultaría adecuada para abordar el debate sobre las pensiones de manera específica, desmarcándose de la actual tramitación que agrupa distintas medidas. A partir de este planteamiento, Bravo confirmó que su partido rechazará el conjunto legislativo presentado por el Gobierno, centrado tanto en la revalorización de las pensiones como en el mantenimiento de la prohibición de desahucios y el respaldo financiero al transporte público.
Según publicó el medio que aborda esta noticia, el Partido Popular anunció este lunes su oposición a los decretos gubernamentales conocidos como el “escudo social”, así como al relacionado con las ayudas al transporte público. La decisión se producirá en el contexto de la votación parlamentaria prevista para este martes en el Congreso de los Diputados, donde la Cámara Baja debe decidir si convalida o deroga los paquetes normativos que incluyen, por un lado, las prórrogas para ayudas al transporte y, por otro, la extensión de varias políticas de apoyo social, entre las que figuran la revalorización de las pensiones hasta 2026 y la prohibición temporal de cortes en suministros básicos como agua, luz y gas para colectivos vulnerables.
De acuerdo con el medio citado, el voto negativo del PP, sumado a la postura habitual de rechazo de Vox y la confirmación por parte de Junts de no apoyar los decretos ómnibus del Gobierno, configura un escenario en el que la mayoría absoluta estaría alineada contra el Ejecutivo. Esta combinación de fuerzas parlamentarias implica que la aprobación de las medidas, entre las que destaca la continuidad de los incrementos en las pensiones y el amparo a familias en riesgo de desahucio o exclusión energética, queda en seria duda.
Durante una comparecencia de prensa en la sede del Partido Popular en la calle Génova, Bravo criticó que el paquete legislativo diseñado por el Gobierno incorpora diferentes asuntos en un único decreto, definiéndolo como un “popurrí de muchísimas medidas”. El portavoz popular denunció que incluir la revalorización de las pensiones junto a la prohibición de cortes de suministros y otras cuestiones obliga a las formaciones políticas a posicionarse sobre textos que conllevan aspectos muy dispares. Según Bravo, “No puede ser el juego que utiliza el Gobierno para conseguir lo que de otra manera no tienen mayorías para conseguir. Los pensionistas no son rehenes del Gobierno”.
El dirigente popular enfatizó que la defensa de la revalorización de las pensiones no está reñida con la crítica al método de tramitación propuesto por el Ejecutivo. Recordó que el PP registró el pasado 14 de noviembre una iniciativa legislativa independiente enfocada en garantizar automáticamente la actualización de las pensiones, y sugirió que esta podría constituir una vía válida a considerar por el Parlamento.
La votación en la Cámara Baja abarca dos grandes bloques de medidas. Por un lado, se presenta la prórroga de las ayudas al transporte público, un punto en el que el PP también anunció su voto contrario. Según detalló Juan Bravo, el Gobierno contemplaba destinar 1.371 millones de euros a la aprobación de un abono único de transportes a escala nacional, así como a la extensión de subvenciones en este ámbito. Para el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, esos recursos deberían priorizar la mejora de la seguridad en infraestructuras ferroviarias, especialmente tras el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), según comentó Bravo en sus intervenciones posteriores.
La resistencia parlamentaria a los “decretos ómnibus” no es un episodio inédito. El medio citado recordó que hace un año, una combinación similar de fuerzas parlamentarias —PP, Vox y Junts— ya propició el rechazo de un paquete legislativo del Gobierno articulado bajo el mismo formato, que concentra en un solo texto normativo medidas de naturaleza muy dispar.
Entre los asuntos incluidos en los decretos en discusión figuran tanto la revalorización de las pensiones como la continuidad del veto temporal a los desahucios de personas vulnerables y la prohibición de cortes de agua, luz y gas. El medio detalló que el Gobierno buscó condensar en un solo texto distintas iniciativas consideradas fundamentales para la protección social y el respaldo a los sectores más vulnerables de la población.
Junts, por su parte, comunicó recientemente su rechazo a esta estrategia de aglutinación de temas, lo que cierra la puerta al respaldo necesario para la aprobación de los decretos. Los portavoces de este grupo argumentaron que tal formato dificulta un debate parlamentario específico y riguroso sobre cada materia incluida.
Las repercusiones prácticas de una posible caída de estos decretos afectan a millones de ciudadanos, tanto pensionistas como usuarios del transporte público y familias en situación de vulnerabilidad económica. El desenlace de la votación en el Congreso determinará si las ayudas al transporte público y las medidas extraordinarias de protección social instauradas desde 2020 por la crisis sanitaria y económica encontrarán continuidad o bien llegarán a su fin en los próximos meses.
Últimas Noticias
La selección femenina de fútbol arrancará en Castellón su camino al Mundial de 2027

Nubank invertirá más de 400 millones de euros en cinco años para expandir su red de oficinas en Brasil

Condenado a tres años de prisión en Túnez el líder de Ennahda por cargos de financiación extranjera

Sheinbaum desmiente al FBI y dice que el arresto del jefe del narco Ryan Wedding no fue una operación conjunta

Trump celebra la recuperación del último cuerpo israelí en Gaza
