La Comunidad de Madrid espera que el acuerdo UE-Mercosur esté supeditado a la reciprocidad normativa

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido en varias ocasiones su postura a favor de que el acuerdo económico entre la Unión Europea y Mercosur esté en todo caso supeditado a la reciprocidad normativa, pues considera imperativo que los agricultores españoles y madrileños compitan en "igualdad de condiciones" que las importaciones.

El pleno del Parlamento Europeo ha acordado ahora denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario. Esto suspende en la práctica el proceso de ratificación, pero no necesariamente su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, firmó ya la semana pasada un acuerdo con los principales representantes de organizaciones agrícolas y ganaderas de la región para defender los intereses del sector primario ante el acuerdo UE-Mercosur y defendió la necesidad de una política agraria "orientada a un modelo productivo justo".

Novillo ya apuntó la semana pasada que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no podría aceptar la rúbrica del acuerdo UE-Mercosur si no se respetaban una serie de "condiciones" para proteger a los productores del sector primario de la Comunidad de Madrid.

Estos requisitos van desde unas "cláusulas de salvaguarda" que sean "automáticas y transparentes" para proteger al sector; el establecimiento de controles fronterizos que garanticen que los productos importados cumplen los mismos requisitos de seguridad alimentaria; y una reciprocidad normativa que garantice igualdad de condiciones.

La Comunidad de Madrid considera la "autosuficiencia alimentaria" de la Unión Europea como un asunto primordial y una "industria crítica" tan necesaria como la de Defensa. "Sin alimentos no tendremos soldados que puedan protegernos", remachó el consejero Novillo en sus declaraciones tras la firma del acuerdo con los agricultores y ganaderos de la región.

El acuerdo entre los Veintisiete y Mercosur ha motivado protestas de agricultores y ganaderos a lo largo de las principales ciudades europeas, y también en Madrid. En la capital se han congregado en varias ocasiones, una de las últimas en diciembre del año pasado frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para denunciar "falta de respuestas eficaces a los muchos problemas".

LA EUROCÁMARA DENUNCIA EL ACUERDO ANTE EL TJUE

El Parlamento Europeo ha acordado este jueves por apenas diez votos de margen el denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el TJUE. La propuesta de pedir un dictamen jurídico promovida por la izquierda europea ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, mientras que ha decaído otra similar avalada por Patriotas por Europa.

Con esta decisión, el TJUE deberá examinar tanto la base jurídica del acuerdo de asociación (EMPA, por sus siglas en inglés) como el acuerdo interino comercial (ACI), cuya competencia recae exclusivamente en la Unión Europea, por lo que la Eurocámara esperará conocer la posición del Tribunal antes de someter a votación de su pleno la aprobación del acuerdo.

Entre los asuntos que la Eurocámara pedirá aclarar al TJUE figura el mecanismo llamado de reequilibrio, que permite a los países de Mercosur impugnar la legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones. Los eurodiputados dudan de que esto colisione con la autonomía reguladora de la UE y sus Tratados, y pueda debilitar la fortaleza normativa del bloque.