Cracovia (Polonia), 20 ene (EFE) - El Consejo de Ministros de Polonia aprobó este martes un proyecto de ley que transformará el marco de asistencia para los refugiados ucranianos que estaba vigente desde 2022, con un endurecimiento de las exigencias para acceder a los beneficios sociales y un control digitalizado de la población.
Las medidas aprobadas hoy equipararán el sistema de protección temporal que se concedió a los refugiados ucranianos con el sistema común para todos los extranjeros no comunitarios.
El portavoz del Gobierno polaco, Adam Szłapka, declaró hoy en una rueda de prensa que, "después de casi cuatro años, la situación es más estable y se pueden eliminar las regulaciones extraordinarias para pasar a soluciones sistemáticas", pues según dijo "la mayoría de los ucranianos ya trabaja y sus hijos asisten a escuelas públicas".
Entre los cambios principales, el Gobierno exige ahora que los refugiados registren su número de identificación fiscal (PESEL) en un plazo de 30 días como máximo tras su llegada al país o, de lo contrario, perderán automáticamente su protección temporal.
Además, se sustituyen los certificados en papel por tarjetas electrónicas y se impondrá la verificación de identidad mediante una aplicación electrónica oficial.
Aunque la estancia, legalizada automáticamente, de todos los ciudadanos ucranianos se prorroga hasta el 4 de marzo de 2027, las condiciones para obtener la residencia y el acceso a servicios públicos han cambiado y, si hasta ahora se podían acoger a un sistema simplificado y casi sin trámites ni condiciones, con la nueva ley la asistencia médica se limitará a menores, trabajadores y residentes en centros de acogida.
Además, el alojamiento y la comida gratuitos se reservarán solo para los grupos más vulnerables, como ancianos, menores de edad y unidades familiares sin ingresos.
Esta transición ha generado alarma entre los empresarios, quienes recuerdan que hay cerca de un millón de ucranianos trabajando en casi todos los sectores del país.
Nadia Winiarska, de la organización de empresarios Lewiatan, declaró el pasado 18 de enero al diario financiero Business Insider Poland que el proyecto "se ha saltado los procedimientos adecuados" al omitir el diálogo con las patronales.
Por su parte, los empleadores advierten que las nuevas restricciones a la contratación y la verificación constante de estatus podrían "paralizar el mercado laboral".
Según los datos más recientes publicados por la Oficina Central de Estadísticas polaca (GUS), alrededor de 741.000 ucranianos trabajaban en Polonia a finales de julio de 2025. EFE