La semana reciente, Uber Eats comunicó su decisión de discontinuar su colaboración con trabajadores autónomos en España, respuesta que, según expresó Yolanda Díaz en Helsinki, surge tras la advertencia del Ministerio de Trabajo sobre posibles acciones judiciales por incumplir la ‘Ley Rider’. De acuerdo con información publicada por el medio de referencia, la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo utilizó este caso para ilustrar la eficacia de una estrategia gubernamental basada en la firmeza legal y la imposición de reformas regulatorias.
Durante su intervención en el foro “Las buenas políticas son posibles”, celebrado en la capital finlandesa en el marco del Käänne Festival, Díaz planteó la necesidad de prohibir la inteligencia artificial Grok, propiedad de la red social X, y de impulsar una legislación específica en la Unión Europea para defender la privacidad de los ciudadanos frente al acceso y extracción de datos por parte de grandes empresas digitales estadounidenses. Según resaltó el medio, la ministra subrayó que la prioridad radica en impedir que el control sobre los algoritmos y la gestión de información privada permanezca sin regulación, situación que atribuye a prácticas empresariales catalogadas como competencia desleal frente a las compañías europeas.
Yolanda Díaz advirtió que las multinacionales tecnológicas estadounidenses no solo compiten bajo condiciones desiguales, sino que se apropian de información privada de forma contraria a la protección de los derechos de los ciudadanos europeos. “Están hackeando los datos de la vida privada de los ciudadanos”, afirmó la vicepresidenta, de acuerdo con lo reportado por el mismo medio, señalando la doble amenaza: el desplazamiento competitivo y la afectación a los derechos fundamentales. En ese sentido, recalcó la necesidad de normas comunitarias estrictas y de establecer medidas judiciales para quienes incumplan las reglas europeas.
El medio indicó que la representante de Sumar en el Gobierno remarcó su disposición a llevar a tribunales a las plataformas que infrinjan la ley, así como a promover cambios legislativos que incrementen el control institucional sobre el funcionamiento digital. “Si tengo que cambiar el Código Penal para sentarte en un juzgado y para que cumplas la ley lo voy a hacer”, aseveró la ministra, quien consideró que esta actitud debería trasladarse también a la escala europea, frenando las presiones que las grandes firmas tecnológicas ejercen sobre el diseño de normativas.
Según relató Díaz en Helsinki, y tal como consignó el medio, el Gobierno estadounidense, en particular durante la administración de Donald Trump, contribuyó a consolidar el poder de las mayores corporaciones tecnológicas mediante alianzas directas con sus líderes, lo que incentivó políticas que, a su juicio, centralizan los datos y el control económico en pocas manos sin una proporcional recaudación fiscal. Denunció que esta estructura refuerza la desigualdad y facilita la manipulación democrática, añadiendo que las grandes tecnológicas “no pagan impuestos” y concentran “antidemocráticamente todos los datos sobre nuestras vidas”.
Díaz advirtió también que, de no corregir esta tolerancia regulatoria, la Unión Europea se expone a los riesgos que, según sus palabras, se han manifestado en escenarios como el de Venezuela, donde señaló la realización de “intervenciones ilegítimas” que podrían repetirse en procesos electorales futuros dentro de Europa. A su juicio, la política de no confrontación promovida por la Comisión Europea representa un “grave error” porque mantiene la región vulnerable frente a las “ofensivas fiscales y las políticas de defensa” diseñadas en los Estados Unidos.
Además de los riesgos para la privacidad, la ministra de Trabajo sostuvo, según recogió el medio, que el auge de fuerzas políticas vinculadas a la extrema derecha, junto con la administración Trump y otros actores internacionales, persigue debilitar los derechos laborales. Explicó que las estrategias políticas orientadas a “empobrecer a los ciudadanos para convertirlos en siervos” suponen una amenaza directa para los modelos sociales europeos, insistiendo en que “no somos siervos y no sostenemos relaciones de vasallaje”.
Frente al avance de estas amenazas, Yolanda Díaz instó a construir una Unión Europea cohesionada y fuerte, capaz de ofrecer alternativas y esperanza a la ciudadanía. Advirtió que si la sociedad no percibe respuestas políticas sólidas, podría aumentar la desafección social y consolidarse el avance de opciones ultraconservadoras. “Si no le damos esperanza a la ciudadanía la desafección será mayúscula y la extrema derecha acabará absolutamente con todo”, alertó en el foro, de acuerdo con la información del medio.
La vicepresidenta española subrayó la necesidad de hablar “claro” y desafió la influencia de figuras como Trump y Netanyahu en el marco global: “Tenemos que hablar claro a nuestros pueblos y decirles que no mandan ellos y que nos vamos a organizar para ganarles”, sostuvo, dirigiéndose tanto a la audiencia del festival como al contexto europeo. Según detalló el medio, Díaz criticó lo que describió como un “estado de excepción mundial” dictado por el entorno de Trump y denunció un patrón de actuaciones legislativas unilaterales al margen de consensos internacionales.
Al final de su intervención, Díaz hizo referencia a las políticas laborales desarrolladas en España en los últimos años, poniendo de ejemplo el incremento del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral. Detalló que la mayor oposición para la aprobación de estas medidas provino del propio Ejecutivo, en concreto del PSOE, especialmente durante las negociaciones internas. Afirmó que algunas de estas iniciativas desencadenaron fuertes debates dentro del Gobierno hasta el punto de poner en riesgo su aprobación, y destacó el caso de la reforma laboral como un episodio de elevada tensión.
El medio resaltó también la postura de la vicepresidenta frente a los intentos de las corporaciones tecnológicas por influir en el diseño de las normas. Díaz sentenció que en su Ministerio esas presiones no han prosperado y recalcó el compromiso de su cartera para imponer el cumplimiento de las leyes, sin excepciones para las grandes plataformas digitales ni sus representantes.
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