Lima, 17 ene (EFE).- El Gobierno de Perú prorrogó por 30 días el estado de emergencia decretado desde octubre pasado en Lima y la provincia portuaria vecina del Callao para enfrentar el embate del crimen organizado y la delincuencia común, informaron este sábado fuentes oficiales.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló en un comunicado que la medida fue aprobada por el Consejo de Ministros, que también decidió ampliar por 60 días el estado de emergencia decretado en cuatro provincias de los departamentos norteños de Tumbes y La Libertad.
La PCM indicó que el objetivo es continuar con "las acciones que fortalecen la lucha en contra de la inseguridad ciudadana y criminalidad organizada" en Lima y el Callao.
En el caso de las otras localidades, se aprobó extender el estado de emergencia en las provincias de Tumbes y Zarumilla, en el departamento de Tumbes, y las provincias de Trujillo y Virú, en el departamento de La Libertad.
La PCM ratificó que, de esa manera, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y que seguirán restringidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito.
El presidente de transición de Perú, José Jerí, había anunciado el pasado 6 de enero que el estado de emergencia en Lima y el Callao se mantendrá por "el tiempo que sea necesario" para continuar la lucha de las autoridades contra la criminalidad.
El gobernante sostuvo que esta medida "es un mecanismo que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia" delictiva y remarcó que las restricciones que se imponen "son muy puntuales, específicas".
Desde el inicio del estado de emergencia, en octubre pasado, el jefe de Estado ha participado junto con sus ministros en una serie de operativos policiales, incluidas varios registros e intervenciones en prisiones, desde donde las autoridades aseguran que se coordinan gran parte de los delitos que se cometen, como la extorsión y el sicariato.
A pesar de las acciones de las autoridades, estos delitos han continuado en Lima y el Callao, principalmente contra trabajadores del transporte público, pequeños comerciantes y empresas vinculadas con la construcción.
El Gobierno que preside Jerí hasta julio próximo señala que su principal tarea será la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, que es la principal exigencia de los peruanos, además de mantener la estabilidad económica y asegurar la transparencia de las elecciones generales que se celebrarán en abril próximo. EFE
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