Birmania niega ante la CIJ las acusaciones de genocidio contra la minoría rohingya

Las autoridades militares de Birmania han argumentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la repatriación de la minoría rohingya asentada en campamentos de refugio en Cox’s Bazar, Bangladesh, no se ha realizado debido a factores como la pandemia de COVID-19, el ciclón Mokar registrado en 2023, y la persistente inestabilidad en la región. Según consignó Europa Press, este razonamiento formó parte de la defensa presentada por el gobierno birmano en el juicio que responde a la acusación de genocidio interpuesta por Gambia.

La representación de Birmania rechazó la existencia de pruebas suficientes que acrediten un genocidio contra la población rohingya. El ministro de Cooperación Internacional y representante del país ante la CIJ, Ko Ko Hlaing, expresó que, a juicio del gobierno birmano, Gambia no cumplió el requerimiento de presentar pruebas concretas para sostener sus denuncias. "La posición de Birmania es que Gambia no ha cumplido con su obligación de depositar su carga de la prueba", afirmó Hlaing, citado por Europa Press. El funcionario añadió que el uso de “lenguaje emotivo y borrosas imágenes factuales no son pruebas suficientes sino un sustituto de una rigurosa presentación de los hechos”.

El proceso judicial, iniciado con la demanda presentada por Gambia, busca que se determine la responsabilidad de las autoridades militares birmanas en los hechos violentos ocurridos a partir de agosto de 2017, durante los cuales miles de integrantes de la minoría rohingya resultaron desplazados forzosamente al territorio de Bangladesh. Los cargos formalizados ante la corte incluyen denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y destrucción masiva de propiedades privadas. Las autoridades militares birmanas, según reportó Europa Press, definieron esos sucesos como parte de una “operación de limpieza” en el estado de Rajine.

En su exposición, Ko Ko Hlaing insistió en que la ofensiva militar en el estado de Rajine no obedeció a un intento sistemático de exterminio o expulsión de la población rohingya, sino que constituyó una respuesta a la actuación de “grupos terroristas” que operaban en esa región, antes de matizar su explicación. El ministro explicó ante la CIJ que el término “operaciones de limpieza” corresponde a la jerga militar para designar acciones de contrainsurgencia o antiterrorismo, y no a una planificación para eliminar a una comunidad específica, situación de la que se acusa al gobierno en el proceso.

El responsable de la delegación birmana también abordó la controversia sobre el reconocimiento de la identidad rohingya, cuestión señalada reiteradamente en los informes internacionales sobre la crisis. Durante su declaración ante la CIJ, evitó mencionar la palabra “rohingya” y prefirió referirse a la comunidad como “bengalíes”, aunque más adelante reconoció que comparten lazos culturales, étnicos y religiosos. Hlaing enfatizó, según Europa Press, que el gobierno militar no buscó en ningún momento negar a esa población el derecho de pertenencia al estado de Rajine.

La defensa de Birmania ante el tribunal internacional incluyó cuestionamientos a la imparcialidad del proceso judicial y al rigor de las investigaciones presentadas como evidencia. Tanto la credibilidad de las ONG intervinientes como la validez de los testimonios y documentos aportados por Gambia fueron puestas en duda por las autoridades birmanas. El ministro Hlaing trasladó su escepticismo a la CIJ con declaraciones como: “las así llamadas ONG y testigos se sientan en el mismo banco de la acusación”, y manifestó su desconfianza “en la imparcialidad de la misión internacional independiente de investigación sobre Birmania”. Europa Press señaló que el delegado birmano cuestionó expresamente “la información contenida en los documentos o en otros documentos en los que se basa Gambia por inexacta y poco fiable”.

Birmania insistió durante su intervención en que las operaciones militares desarrolladas en Rajine respondieron a situaciones de seguridad y defensa frente a amenazas insurgentes, y no a una campaña sistemática de persecución contra el grupo rohingya. En ese sentido, el gobierno reiteró que los obstáculos para la repatriación de los cientos de miles de refugiados, que continúan residiendo en precarias condiciones en Bangladesh, derivan de factores externos, como la situación sanitaria internacional y los desastres naturales recientes, así como la inseguridad reinante en la región afectada.

La vista celebrada en La Haya reafirmó la postura de Birmania de rechazar cualquier responsabilidad en los hechos denunciados por la parte acusadora, y sostuvo su solicitud de que la CIJ desestime las acusaciones interpuestas por Gambia por considerar que no están fundamentadas en pruebas fehacientes, según publicó Europa Press.