Bogotá, 16 ene (EFE).- La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) abrió una indagación para establecer si hay responsabilidad disciplinaria en un contrato de asesoría jurídica internacional suscrito por la Presidencia con la firma que defiende al presidente colombiano, Gustavo Petro, en Estados Unidos, tras su inclusión en la llamada "Lista Clinton".
El contrato, que asciende a 10.000 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares), fue firmado el pasado 9 de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con la firma Amadeus Consultancy Limited, para "la prestación de servicios profesionales altamente especializados en defensa jurídica internacional frente a eventuales sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras".
Según el documento de la Procuraduría conocido por EFE, en la revisión preliminar del proceso contractual "se identificaron varios elementos que ameritan evaluación disciplinaria", entre ellos la ausencia de garantías de cumplimiento pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía, así como un esquema de pagos concentrado en un corto periodo de ejecución pues el contrato termina el próximo 30 de abril.
En octubre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras a Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un "líder del narcotráfico".
Petro, su esposa, Verónica Alcocer; el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como "Lista Clinton".
Esa sanción conlleva el bloqueo de sus activos y propiedades en Estados Unidos y prohíbe cualquier tipo de transacción financiera con ellos.
La Procuraduría también advierte que los productos exigidos en el contrato se centran en conceptos, análisis y recomendaciones, "sin que se establezcan resultados verificables ni indicadores de impacto que permitan evaluar la necesidad, proporcionalidad y eficacia del gasto público comprometido".
También menciona que, en el debate público y en denuncias ciudadanas, se ha planteado que la finalidad real del contrato podría estar orientada a gestionar o influir en procesos relacionados con eventuales sanciones financieras internacionales que afectarían al presidente Petro y a su núcleo familiar, lo que, de confirmarse, "podría configurar una grave desviación de poder".
La indagación fue abierta con el fin de verificar si hubo una falta disciplinaria, sin que por ahora existan personas formalmente vinculadas al proceso, precisó la Procuraduría.
Opositores al mandatario argumentan que la Presidencia está incurriendo en una ilegalidad al usar dinero público para costear la defensa legal de Petro en este caso, que no es un asunto de Estado sino personal. EFE
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