Antonio Maíllo profundizó en su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países que conforman Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— al señalar que la llegada de productos agrícolas procedentes de esos países podría no cumplir con los estándares sanitarios exigidos en Europa. Según consignó el medio, Maíllo alertó que estos productos habrían sido expuestos a hormonas o antibióticos que no cuentan con autorización en la Unión Europea, lo que trasladaría riesgos a la cadena alimentaria del continente. El acuerdo, que será firmado este sábado en la capital paraguaya, Asunción, ha sido tema central de críticas del coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta.
De acuerdo con la información publicada por el medio, Maíllo expuso que el pacto de libre comercio impulsado por Bruselas con los países del bloque sudamericano significará un perjuicio para los agricultores que él definió como “los que trabajan la tierra de verdad”, en referencia a los pequeños productores. A su vez, indicó que, en su análisis, los principales beneficiarios de este tratado serán “las grandes cadenas de distribución”, a las que atribuyó el poder de imponer precios y dificultar la permanencia de las comunidades rurales en sus territorios por la presión sobre los márgenes de los productores locales.
El dirigente andaluz manifestó que su intención de ser presidente de la Junta de Andalucía va vinculada al propósito de mantener a la región como un “gobierno amigo” del sector primario. Maíllo argumentó que la agricultura resulta esencial para la identidad andaluza, afirmando que si la actividad en el campo disminuye, “dejamos de ser Andalucía, sencilla y claramente”.
En declaraciones ofrecidas en Córdoba, Maíllo destacó las implicancias negativas económicas que, a su criterio, generarían dificultades adicionales para que la población se mantenga en el entorno rural. Desde su perspectiva, las condiciones adversas derivadas del acuerdo de libre comercio incrementarían la tendencia de éxodo rural, ya que muchos no encontrarían razones para continuar en el campo ante escenarios poco favorables para la producción agrícola.
El medio informó que el representante de Izquierda Unida también puso el foco en el papel que cumplen las cooperativas de segundo grado dentro de la cadena de transformación de productos en Andalucía. Consideró prioritario respaldar estas estructuras cooperativas para preservar el valor añadido generado localmente y evitar la transferencia de beneficios hacia los grandes distribuidores. Señaló que las políticas comunitarias de la Unión Europea parecen, bajo su óptica, dirigidas a favorecer a estas grandes empresas, lo que contribuiría al estrangulamiento de los productores y a la desarticulación del tejido rural.
Además, Maíllo reclamó medidas que garanticen que el proceso productivo, desde la siembra hasta la venta directa, se mantenga en el territorio andaluz. Sostuvo que la continuidad de la población y la vitalidad del campo dependen de la conservación de estos eslabones en manos locales, frente a presiones externas que responderían a intereses de actores económicos globales.
Durante su comparecencia ante los medios, Maíllo insistió en la importancia de que las instituciones avalen el modelo agrícola existente en la región y advirtió sobre el riesgo de abrir el mercado a productos sin los estándares de salubridad europeos. La preocupación central, según el medio, radica en la posible pérdida de actividad económica rural y una disminución en la capacidad de Andalucía para garantizar su seguridad alimentaria, frente a la entrada masiva de productos provenientes del Mercosur.
Maíllo reiteró que no solo se trata de un desafío económico, sino también de un asunto que atañe a la sostenibilidad social y territorial de Andalucía. El acuerdo, desde su perspectiva, podría debilitar el entramado de producción local, al dejar en desventaja competitiva a quienes dependen del sector agrario regional.
Según manifestó el candidato, su postura responde a la necesidad de proteger la soberanía alimentaria y el desarrollo de las comunidades rurales ante políticas que, en su opinión, priorizan a grandes empresas y cadenas de distribución en detrimento de productores locales y cooperativas de la región.
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