
Isidre Gavín, portavoz de Agricultura de Junts en el Congreso, recordó que las manifestaciones de agricultores catalanes obligaron al corte de carreteras en Girona, Barcelona y Lleida como protesta contra el acuerdo UE-Mercosur, una movilización que terminó tras el compromiso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, de trabajar para reducir el impacto del pacto sobre el sector agrario. Junts advirtió, sin embargo, que los compromisos políticos pueden resultar inconclusos si no existe una intervención efectiva por parte de los ministerios con competencia en la materia. Con base en estos antecedentes, la formación catalana exigió a las carteras estatales responsables respuestas concretas sobre los riesgos del tratado y solicitó su comparecencia parlamentaria.
Según reportó el medio, Gavín anunció el rechazo frontal de Junts al acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur, recientemente respaldado por el Consejo de la Unión Europea. El portavoz transmitió su preocupación ante el contenido actual del tratado, defendiendo que este tendrá un impacto negativo considerable para el sector primario español, especialmente para pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas. Junts considera que el redactado actual supone un agravio para el tejido productivo rural y pone en tela de juicio la protección de la soberanía alimentaria nacional.
De acuerdo con lo publicado, Gavín explicitó otra de las objeciones centrales de Junts al pacto comercial: la posibilidad de que productos agrícolas y ganaderos importados desde los países del Mercosur lleguen a territorio europeo pese a haber sido elaborados con sustancias prohibidas dentro de la Unión Europea. El diputado argumentó que el tratado facilitará la entrada de compuestos que la normativa comunitaria excluye por su potencial peligrosidad, lo que a su juicio implica riesgos tanto para la seguridad alimentaria como para la salud pública. Gavín planteó que este escenario exige respuestas rigurosas y mecanismos de control reforzados por parte del Estado.
Para garantizar la protección de los consumidores y del propio sector agrícola, la formación solicitó la comparecencia en el Congreso de los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y de Sanidad, Mónica García. Según informó el medio, Junts exige a los tres ministerios responsables que expliquen de manera detallada cómo piensan salvaguardar tanto la competitividad del campo como los estándares de seguridad y calidad que exige la ciudadanía. Gavín sostuvo que la posible entrada de productos con sustancias que la Unión Europea prohíbe podría debilitar seriamente la confianza de la población en los controles alimentarios y en la gestión gubernamental del comercio internacional.
En ese contexto, Junts recordó las protestas recientes de los agricultores catalanes como una muestra de la inquietud generada por el acuerdo en la base del sector primario. Según consignó el medio, tras los cortes de carreteras protagonizados por organizaciones agrarias en distintos puntos de Cataluña, representantes de los agricultores sostuvieron una reunión con altos cargos del Gobierno catalán que desembocó en el levantamiento de los bloqueos tras un compromiso de las autoridades autonómicas de trabajar para atenuar el posible impacto negativo del pacto entre la Unión Europea y Mercosur.
Pese a ello, Gavín puso en duda la eficacia de esas promesas si no se materializan en actuaciones concretas por parte del Gobierno central. Según publicó el medio, el portavoz alertó del riesgo de que el compromiso alcanzado con la Generalitat se quede en “papel mojado” si los ministerios implicados no adoptan medidas efectivas y coordinadas para evitar que la entrada en vigor del acuerdo se traduzca en desventajas competitivas tanto para agricultores como para ganaderos. Junts busca de este modo que la protección del sector agrario quede garantizada no solo en el ámbito autonómico, sino también en el estatal y europeo.
Finalmente, la agrupación catalana recalcó que la prioridad, según subrayó Gavín y reportó el medio, consiste en asegurar que cualquier incorporación de acuerdos comerciales internacionales se produzca sin menoscabar la sostenibilidad del sector agroalimentario local y sin rebajar las garantías en materia de salud pública y seguridad de los consumidores.
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