El PP pide que Sánchez y siete ministros comparezcan en el Congreso para informar de Venezuela, financiación o vivienda

El Partido Popular ha destacado esta semana que casi todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, expresaron su rechazo al nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Según publicó el medio de comunicación, el Partido Popular (PP) insiste en que el modelo que el Ejecutivo quiere implementar no cuenta con el consenso necesario y representa una “deslealtad institucional” que podría afectar la igualdad entre ciudadanos de diferentes regiones. Este hecho forma parte de una serie de demandas de transparencia y explicaciones formuladas por la mayor fuerza opositora, que incluye la convocatoria urgente a la Diputación Permanente del Congreso para que el presidente Pedro Sánchez y siete de sus ministros informen de manera oficial sobre asuntos de interés público.

De acuerdo con la información detallada por el mismo medio, el PP presentó una solicitud para que Pedro Sánchez rinda cuentas ante el Congreso sobre temas relacionados con Venezuela, la financiación autonómica, el estado del sistema ferroviario, los problemas de acceso a la vivienda, las políticas frente al acoso sexual y diversas materias vinculadas a la gestión y a la rendición de cuentas en la función pública. El grupo parlamentario de Alberto Núñez Feijóo plantea, además, que estas comparecencias extraordinarias se debatan en la Diputación Permanente, el órgano que reemplaza al Pleno cuando no hay periodo ordinario de sesiones. El debate sobre la convocatoria está previsto para el 28 de enero.

El Partido Popular había registrado la semana anterior una petición particular para que el presidente del Gobierno expusiera en la sesión plenaria de la Cámara Baja las actuaciones adoptadas por el Ejecutivo con el fin de contribuir a la “plena restauración del orden democrático” en Venezuela. El medio reportó que este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá ante el Pleno del Congreso para aportar explicaciones sobre el mismo asunto, lo que responde a la presión creciente por conocer la postura de España en la crisis política venezolana.

En cuanto al sistema de financiación autonómica, el PP exige que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente un informe detallado sobre los acuerdos alcanzados en materia de financiación autonómica, en particular con Oriol Junqueras, a quien definen como “inhabilitado y condenado por malversación”. Según el comunicado difundido por el partido y citado por la fuente, estos acuerdos modificarían de manera significativa el modelo territorial y fiscal del Estado, generando discrepancias entre las distintas regiones. Además, el PP sostiene que el consenso ha quedado relegado y advierte sobre las repercusiones de este cambio en la cohesión territorial.

La demanda de comparecencia también se extiende a temas económicos. El PP solicita que Montero explique cuáles serán las próximas medidas del Ejecutivo para enfrentar las dificultades económicas que experimentan las familias con menos recursos, las cuales se reflejan en indicadores de pobreza y contrastan con los discursos de éxito económico del Gobierno. Esta petición refleja la preocupación por el impacto real de la situación económica en la población, especialmente la más afectada.

El área de vivienda aparece como otro punto crítico en la solicitud del PP. El partido requiere que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, entregue explicaciones sobre las acciones que lleva adelante su ministerio para frenar el alza en los precios del alquiler y la compraventa de viviendas, así como sobre las últimas iniciativas implementadas que, según los populares, dificultan la emancipación de la juventud. Esta cuestión forma parte de los debates sobre el acceso a la vivienda en España y la efectividad de las políticas públicas en el sector.

El PP también ha incluido en su solicitud la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la puesta en vigencia obligatoria de la baliza V16, una medida nueva que concierne a 28 millones de conductores en todo el país. El partido describe la transición hacia la nueva normativa como “caótica” y reclama explicaciones sobre el proceso de aplicación y las acciones de la Dirección General de Tráfico en la campaña informativa asociada.

La gestión del sistema ferroviario constituye otro asunto relevante en la agenda del PP. El partido demanda la presencia en el Congreso del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que exponga el grado de cumplimiento de las obligaciones legales conforme a las disposiciones de la Ley de Movilidad Sostenible. Esta rendición de cuentas estaría centrada en el plan de choque ferroviario, el protocolo de urgencias para pasajeros, el plan de análisis de incidencias y los criterios de puntualidad de Renfe, en respuesta a quejas por reiterados problemas y deficiencias en el servicio.

El grupo parlamentario del PP quiere, además, que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, informe oficialmente sobre los casos de acoso sexual a mujeres que se habrían producido en el entorno de la Moncloa. La demanda incluye la solicitud de detalles sobre el cumplimiento del Real Decreto 247/2024, que obliga a la implantación del protocolo de prevención y actuación frente al acoso en toda la Administración General del Estado. Según especificó el partido y fue consignado en el medio, la preocupación abarca el alcance real y la efectividad de las medidas oficiales para garantizar entornos laborales seguros.

El PP ha reclamado también la comparecencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para que exponga los motivos y consecuencias del cierre de tres unidades especializadas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO): la de Diagnóstico Molecular, la de Cáncer Familiar y el Programa de Terapias Experimentales. El grupo exige conocer las estrategias que tiene previsto el Ejecutivo para mantener la continuidad de las funciones científicas, clínicas y de investigación traslacional, dado el impacto que estos cierres podrían provocar en la investigación biomédica española.

Finalmente, el PP incluyó entre sus demandas una solicitud para que la ministra de Sanidad, Mónica García, comparezca en el Congreso con el fin de dar explicaciones sobre el incumplimiento reiterado de los plazos en el proceso de los exámenes MIR previstos para el año 2026. Según subrayó el grupo parlamentario y replicó el medio, la formación opositora busca que el Gobierno responda a las inquietudes de los profesionales sanitarios respecto a los retrasos y la afectación del funcionamiento regular del sistema de formación médica especializada.

El conjunto de estas solicitudes refleja la intención del PP de incrementar la vigilancia sobre la labor gubernamental y aportar presión adicional sobre asuntos que generan debate público y demandas de mayor transparencia. A lo largo de las últimas semanas, esas peticiones se han sostenido mediante comunicaciones y registros formales en el Congreso, focalizando la agenda política en la rendición de cuentas ante los representantes parlamentarios y, por extensión, ante la sociedad.