
El Tribunal Supremo falló a favor de financiar la protección de las víctimas de violencia de género, estableciendo que solicitar a personas cercanas a la víctima que faciliten mensajes del agresor constituye un quebrantamiento de la orden de alejamiento. Según informó Europa Press, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó este fallo como un “precedente” que fortalece la lucha contra la violencia hacia las mujeres y subrayó el papel relevante de los entornos cercanos en la prevención de acercamientos por parte de los agresores.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que estimó el recurso de casación de la Fiscalía y concluyó que los hechos probados, ocurridos en 2021, acreditan que el acusado incumplió la medida de protección al trasladar mensajes a dos amigas de su expareja. De acuerdo con los elementos recogidos por Europa Press, el hombre utilizó frases como “que deje el dispositivo en casa y quite la denuncia” y también expresó: “Que quite la denuncia, para que pueda hablar las cosas con ella”. Estas acciones fueron consideradas como actos de comunicación prohibidos por la orden judicial.
Redondo, a través de publicaciones en la red social X, afirmó que decisiones judiciales como la adoptada por el Tribunal Supremo permiten avanzar en igualdad y reconocen el papel de los entornos de las víctimas. La ministra insistió en que las personas cercanas a mujeres que atraviesan situaciones de violencia deben alertar sobre esos episodios. El Ministerio de Igualdad ha reiterado en distintos comunicados, recogidos por Europa Press, que “no denunciar o no auxiliar a una víctima puede constituir un delito”.
Según los detalles aportados por Europa Press, el Tribunal Supremo estableció que es innegable que la intermediación de las amigas en la transmisión de mensajes con la finalidad de presionar para anular la denuncia y la orden de protección encuadra en un acto de comunicación prohibido. La resolución enfatizó que utilizar a terceras personas del entorno de la víctima con el fin de manipular o condicionar su testimonio, incluso de manera indirecta, vulnera claramente la protección acordada por el juzgado.
La ministra de Igualdad ha hecho un llamado reiterado a la sociedad y particularmente a los entornos próximos de las víctimas para que mantengan una actitud vigilante y denuncien cualquier incidente que suponga un quebrantamiento de las órdenes judiciales. Europa Press detalló que desde el Ministerio se recuerda de forma constante la obligación legal y social de intervenir y apoyar a las mujeres en riesgo.
La sentencia subraya que los jueces valorarán no solo la comunicación directa con la víctima sino también las maniobras indirectas realizadas por medio de terceras personas. De acuerdo con Europa Press, esta interpretación amplía el alcance de las medidas de protección y pretende disuadir intentos de intimidación o presión que puedan producirse a través de la red de amistades o familiares.
En sus mensajes públicos, Ana Redondo remarcó la responsabilidad compartida de la sociedad en la detección y reporte de estos casos. La ministra reiteró que el avance hacia la igualdad de género requiere la implicación activa de quienes forman parte de la vida cotidiana de las víctimas, puesto que las acciones u omisiones del entorno pueden favorecer o dificultar la protección otorgada por los tribunales.
Esta decisión del Tribunal Supremo, divulgada por Europa Press, marca un momento relevante en la interpretación de la ley respecto a la protección integral de las víctimas de violencia de género. El fallo fortalece la posición de las autoridades al impulsar una visión más amplia de las restricciones impuestas a los agresores y plantea nuevas líneas de actuación jurídica para los casos en que se utilicen intermediarios con la intención de vulnerar órdenes judiciales.
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