Montero traslada a las CCAA que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntaria

La facultad de las comunidades autónomas para escoger entre sumarse al nuevo modelo de financiación propuesto o mantenerse bajo el sistema actual figura en la legislación vigente desde el año 2009, concretamente en la disposición transitoria tercera de la Ley de Financiación. De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Hacienda y recogido en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las regiones podrán ejercer esta opción de manera voluntaria, según confirmaron fuentes oficiales.

Según informó el medio con base en fuentes del Ministerio de Hacienda, la vicepresidenta del Gobierno y ministra encargada de esta cartera, María Jesús Montero, informó a los representantes autonómicos acerca del carácter opcional de la adhesión al nuevo sistema durante el foro celebrado por el CPFF. La responsable del departamento trasladó que la reforma propuesta no obligará a las regiones: podrán decidir si permanecen dentro del actual marco normativo o si adoptan el nuevo esquema de reparto financiero planteado por el Gobierno. Esta posibilidad de elección, según detalló el Ministerio de Hacienda, ya estaba contemplada en la normativa vigente, reconsiderando así la continuidad de los principios establecidos en la ley de 2009.

El departamento dirigido por Montero insistió en que el modelo de decisión autónoma para las regiones no representa una innovación introducida en esta ronda, sino que constituye una prerrogativa prevista en la ley actual. La disposición transitoria tercera del texto legal aprobado en 2009 habilita expresamente esa alternativa para las comunidades, permitiendo a cada territorio valorar la conveniencia de sumarse o no a la nueva estructura financiera cuando se plantea una reforma del sistema.

Durante la reunión, la titular de Hacienda también comunicó a los consejeros de las distintas comunidades autónomas la intención de iniciar un proceso de diálogo técnico individualizado. Según detalló el Ministerio de Hacienda, estas rondas bilaterales tendrán como objetivo analizar en profundidad los aspectos técnicos del nuevo modelo. La celebración de encuentros individualizados permitirá a cada administración autonómica exponer sus posturas y dudas acerca del esquema propuesto, tal como expuso el propio departamento tras la sesión del CPFF.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano encargado de la coordinación financiera entre el Estado y las comunidades autónomas, se ha convertido en el principal espacio de debate para la redefinición del sistema de financiación autonómico. Según subrayó el Ministerio de Hacienda, la reforma del modelo de reparto constituye una de las prioridades de la actual legislatura, aunque la adscripción se mantendrá como competencia de cada territorio.

La comunicación realizada por Montero se enmarca en el proceso de revisión y reforma que el Gobierno central promueve respecto al sistema de financiación autonómica, vigente desde la aprobación de la ley en 2009. Las fuentes ministeriales consultadas destacan que el mantenimiento de la voluntariedad intenta dar respuesta a la diversidad de situaciones económicas y financieras de las distintas comunidades, reconociendo que cada región puede presentar intereses y necesidades diferentes ante un potencial cambio en los mecanismos de reparto de recursos.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Hacienda y publicada por diferentes medios, los representantes autonómicos recibieron detalles sobre el futuro calendario de negociaciones, así como sobre los elementos técnicos que se considerarán durante las próximas reuniones bilaterales. Estos encuentros entre el Gobierno central y cada comunidad autónoma permitirán profundizar en los componentes esenciales del nuevo modelo, incluyendo la fórmula de cálculo de los recursos y los criterios de solidaridad interterritorial.

Fuentes del Ministerio consultadas insisten en que la decisión definitiva sobre la adscripción al nuevo sistema corresponderá únicamente a cada comunidad autónoma. Las administraciones regionales deberán comunicar su posición una vez hayan finalizado los trabajos de análisis y consulta técnica, según lo expuesto durante la sesión del CPFF. El Gobierno mantiene abierta la posibilidad de nuevas revisiones técnicas e introduce vías de diálogo para procurar una aplicación lo más consensuada posible en caso de que alguna región decida sumarse al modelo modificado.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera sirve como punto de partida para un proceso de negociación que se desarrollará durante los próximos meses, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Hacienda. Esta reforma responde a las demandas planteadas en ejercicios anteriores por distintas comunidades autónomas, que reclamaban un sistema más ajustado a las realidades territoriales y a las necesidades financieras específicas.

Según el Ministerio, la dinámica de trabajo bilateral permitirá detallar los fundamentos del nuevo modelo, abordar cuestiones como la suficiencia financiera, la equidad en el reparto y los mecanismos de solidaridad. La información proporcionada tras la sesión del Consejo recalca que ninguna comunidad verá limitada su capacidad de gestión o de acceso a los recursos en caso de no adherirse al nuevo sistema, preservando la autonomía política y financiera que reconoce la legislación actual.